La Edad de la Inocencia

Por Sergio Crescini

Siete años tardó la Dictadura, desde 1976, en desmontar el Estado de Bienestar que había regido la vida de los argentinos durante medio siglo. La tarea se llevó a cabo mediante distintos cambios de encaje y a través de leyes que formalizaron la CAL (Comisión de Asuntos Legislativos), conformada por representantes de las Fuerzas Armadas, a los que se sumó una tropa de asesores. Está última, como era de suponer, fue suministrada por los sectores del capital que, desde entonces, han sido los beneficiarios directos de la reconversión.

Con el advenimiento de las instituciones republicanas en 1983 –que retornaron a la vida nacional sólo porque estaban instaladas las condiciones para que la misma rapiña se presentara en clave demoliberal–, la situación en materia legal no cambió demasiado. Por lo que aquellas leyes, impuestas por mercenarios y monopolios, hoy forman parte de la estructura jurídica nacional y condicionan el entramado estructural de relaciones sociales y económicas.

Es decir, desde hace tres décadas existen las condiciones legales para la fuga de capitales; la concentración oligopólica de la riqueza; la quiebra de la producción nacional; la enajenación del patrimonio y los recursos estratégicos; el abandono del desarrollo e investigación en sectores de la industria; la dolarización de la economía; el endeudamiento externo; el desempleo, la indigencia y la pauperización de grandes sectores sociales, etc.

Parte del paisaje

Por la perdurabilidad del contexto, las nuevas generaciones se han formado pensando que la injusticia social es un dato inmodificable de la realidad.
Hasta tal punto que, en la década del ’90, se pudo instalar sin mucho esfuerzo el concepto de inviabilidad; aplicado brutalmente sobre regiones enteras de nuestro país, a fin de promover una reformulación del sistema que acotara el mapa a los centros de interés del capital imperialista.

Inviabilidad. Este término me recuerda a una expresión que se popularizó, no casualmente, en los noventa: “ya fue”. Y cuando no podés ser porque ya “fuiste”, ¿qué te queda por perder?

Pero esos que “fueron”, los arrojados por la borda para desembarcar en una ilusoria modernidad provista por los “inversores”, constituyen hoy –paradójicamente– el blanco de las acusaciones. Hacia ellos se dirigen las sospechas en los altavoces de la reacción “democratizada” que busca, convirtiendo a las víctimas en victimarios, perpetuar el proceso sostenido de descomposición económica y social. El mismo que prohijó durante tres décadas el cipayaje militar o civil y que, ahora, va tras la protección de la “mano dura”.

La crítica como ejercicio necesario

La compulsión por ocupar el espacio público con reclamos de seguridad a cualquier costo, ha puesto en evidencia una sociedad sin rumbo. Una sociedad, por otro lado, que parece estar asfixiada entre posiciones partidarias que, con apenas una diferencia de matices discursivos, sostienen el mismo modelo de distribución de riquezas y oportunidades.

Tal desconcierto frente a la ausencia de alternativas políticas para encontrar respuestas satisfactorias, alienta a pensar en la creación de un estado gendarme que primero actúe y después pregunte; o que deje las manos libres a la policía por fuera del orden público. En otras palabras, la ausencia de la política invita a retornar a la militarización del orden interno.
Por ello, surge aquí la necesidad de una profunda revisión, a efectos de establecer:

• Qué es realmente lo que sucede y qué es lo que está detrás de cada episodio criminal.
• A quién le es funcional este juego y hasta qué punto este escenario no es la construcción de un velo para evitar toparse con el problema social que le sirve de condición material de existencia.
• A qué amo reportan esas muchedumbres que, sin saber bien qué ocurre, salen compulsivamente a defender el statu quo.

Para emprender la búsqueda de respuestas es necesario recuperar la discusión y la práctica política en serio. Una discusión y una práctica liberadas de la especulación electoral; un abordaje real de los problemas y no la adecuación del discurso a lo que resulte más conveniente para no perder los favores de los aparatos o del funcionario o empresario que nos atiende generosamente el celular y distribuye, no menos generosamente, los recursos de campaña.

Pero pedirle tales cosas a los gestores del sistema demoliberal es, por lo menos, ingenuo. Porque los mismos a quienes hoy entrevista la prensa comercial buscando una respuesta ante “las demandas de seguridad de la gente” son, en su gran mayoría, los que accedieron a gestionar la transferencia de riquezas provinciales y nacionales sin beneficio de inventario.
Son, también, los que escalaron gracias a sus tramposos perfiles post ideológicos, y que nunca tuvieron la menor intención de cambiar las condiciones de desigualdad o de desafiliación y desprotección social.

Esos mismos rostros que sonríen en afiches y folletos son los mismos que durante años permanecieron impávidos ante el hambre, la miseria y la exclusión. Y creer que estos subproductos del mercadeo electoral pueden ofrecer algún rastro de solución es seguir montando una puesta en escena para que la farsa continúe.

Salir de la edad donde todo es inocencia, implica entender que aquellos que gestionan el modelo, sin cambiar ni cuestionar los términos de distribución de la riqueza, difícilmente puedan hacer otra cosa más que mantener o profundizar las condiciones de descomposición social que los índices delictivos están sintomatizando.