La ideología represora no es sólo neuquina

Los indignantes episodios de represión policial que produjeron la muerte del docente neuquino Carlos Fuentealba, parecen no dolernos a todos por igual.

Algunos, como el señor Juan Carlos Blumberg, prefieren advertir sobre las consecuencias de amenazar a lo que él mismo denomina “el orden público”.
Algo similar debió pensar el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, en el momento de ordenar la embestida contra los manifestantes, puesto que aún ante las trágicas consecuencias de su decisión sigue sosteniendo que actuó en defensa del derecho a transitar el territorio provincial que los demonizados docentes estaban impidiendo.

Al parecer, se trata de uno de los pocos derechos que conoce –o al menos reconoce–, ya que en su no menos singular concepto del orden público no figuran el derecho de trabajar; el derecho de tener un salario digno y acorde a las necesidades de una familia promedio o el derecho de reclamar a las autoridades, para que cumplan o hagan cumplir los dos derechos precedentes.

Pero ni Blumberg ni Sobisch, lamentablemente, agotan el problema. Tampoco sus socios políticos hasta ayer –como Mauricio Macri o el Partido Demócrata de Mendoza–, cuya lealtad y solidez de convicciones han quedado sobradamente demostradas en los últimos días.

El abordaje del problema debe centralizarse en los beneficiarios de esta restrictiva noción de orden público. Porque la represión revela la intención de algunos gobiernos provinciales de contener el statu quo salarial; que es lo mismo que decir el statu quo de la dependencia estructural argentina. Un orden conservador promovido por aquellos que se benefician con la inserción internacional de nuestro país como una factoría de trabajo barato.

La noción de orden público, entonces, remite a un modelo de sociedad expresado, política y jurídicamente, en gobiernos como el de Neuquén. Pues recordemos que la represión de Arroyito se desató sin autorización ni presencia judicial; porque la propia legislación neuquina lo permite cuando, según reza el texto de una ley provincial, “esté amenazado el orden público”. Por supuesto que es el propio Poder Ejecutivo de Neuquén quién determina la existencia de esa amenaza, desconociendo los principios constitucionales en tal sentido.

Decimos que esta noción se expresa en otras provincias, además de Neuquén, porque la intención de relativizar los derechos de los trabajadores no es sólo patrimonio de la derecha explícita. También otros sectores y gobernadores que dicen sintonizar con la nueva política que impulsa el Presidente Néstor Kirchner, sostienen prácticas similares.

Sin ir más lejos, en Mendoza, la diputada oficialista Amalia Monserrat presentó a fines del año pasado un proyecto de ley (obrante en Extpe. 43.472/06 de la Legislatura Provincial), en el que se pretendía reglamentar el derecho de huelga, con el pretexto de “asegurar la prestación de servicios públicos esenciales”.

Tal proyecto, en su artículo 3°, dejaba peligrosamente abierta la posibilidad de que una "comisión independiente integrada según establezca la reglamentación" pudiera calificar y crear nuevas categorías de "servicios esenciales". Es decir, al igual que en la legislación neuquina a la que hacíamos referencia, el Poder Ejecutivo instrumentaba discrecionalmente las condiciones pseudolegales para la represión de protestas o medidas de fuerza.

Afortunadamente, en aquella oportunidad la dirigencia sindical de CTA y CGT pudieron evitar –con su presencia en la Legislatura Provincial y con el acompañamiento de legisladores consecuentes con su mandato– que se pudiera aprobar tamaño engendro represivo.

Con motivo de la marcha del lunes 9 también se ha reunido el conjunto de la dirigencia gremial para evitar que, como dice el documento nacional de la CGT RA, “el justo reclamo se pretenda acallar con estas metodologías que, creíamos, eran parte del pasado".

Si podemos concretar este objetivo, entre otras tareas que debe asumir hoy el movimiento obrero en su conjunto, la desaparición física de Carlos Fuentealba ya nunca podrá ser recordada como una muerte vana.