29 de abril de 2008

Observatorios de Medios y Cultura: ¿fantasmas amenazantes o instrumentos de poder democrático? (Nota 1)


Por Octavio Getino

Un nuevo fantasma pareciera recorrer, si no todo el mundo, al menos los intereses de los poderosos grupos mediáticos de América Latina. De manera simultánea y coordinada las grandes empresas de multimedios de distintos países de la región -precisamente aquellos donde han comenzado a instalarse proyectos políticos de cambio, como Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua- esgrimen a manera de “cacerolazo” más o menos sincronizado el fantasma de los “observatorios” que se insinúan por parte de algunos gobiernos para monitorear lo que hasta ahora son territorios sectorizados –exclusivos y excluyentes- de poderosos grupos económicos y financieros, locales e internacionales.

En este tema, como en muchos otros, no es difícil advertir la manipulación de la información por parte de los grandes medios –donde se incluye un entramado de comunicólogos periodistas de renombre y numerosos punteros mediáticos- para intentar defenestrar cualquier tentativa que provenga del Estado o de la propia sociedad, para observar en términos de interés social la situación de un sector como el de los medios, dueños de sistemas comunicacionales –a la vez culturales y educativos- más poderosos que aquellos que manejan los propios Estados para la información y la formación democrática de la ciudadanía.

Los medios representan porciones de la realidad. Tal como señala Martín Becerra, de la Universidad Nacional de Quilmes, “lo que aparece en ellos y lo que es omitido (por criterios de noticiabilidad siempre falibles) construye a su vez un marco de agenda que instala unos temas y valores determinados, en detrimento de otros. La cobertura mediática del conflicto del campo demostró, una vez más, que el enfoque de la realidad jamás es imparcial, que en la selección de las fuentes y de los testimonios hay tendencia, y que se puede erosionar la posición de algunos actores para favorecer la imagen pública de otros. Es necesario hablar de ello. Es ilógico que en democracia se pueda hablar de todo, menos de los medios”. (La Nación, 12-4-08)

Toda sociedad necesita de sistemas de información confiables, de observatorios que permitan un mejor desenvolvimiento de los individuos, los grupos sociales, y las empresas públicas y privadas, y de todos los actores vinculados a la transformación, es decir al mejoramiento integral de la propia sociedad. Ello explica la existencia de Consejos Nacionales de Investigación, Institutos de Estadística y Censos, Servicios Nacionales de Meteorología, Sistemas Nacionales de Consumos Culturales, Sistemas de Información Cultural y como parte de esos y otros instrumentos destinados a conocer más y mejor el contexto donde se define nuestra existencia, de Observatorios Nacionales, Provinciales, o Locales para reunir y procesar información de muy distinto carácter (políticas culturales, economía, mujer, infancia, industrias culturales, gestión, discriminación, etc.). Precisamente, en el contexto de expansión multimedial global, el Estado no sólo puede, sino que tiene la obligación de analizar, monitorear, y regular la circulación de contenidos –de manera científicamente mensurable- que hacen a la salud de la población, como ocurre con los productos farmacéuticos y los alimenticios. A nadie se le ocurriría dejar estos productos tangibles solamente en manos de los poderosos grupos empresariales que los producen y distribuyen, sin controles de ningún tipo, con el pretexto de garantizarles una supuesta “libertad de empresa”. El más elemental sentido común advierte que a dichos grupos, más que la salud o la sana alimentación de una comunidad, les importa el monto de las ganancias que habrán de presentar anualmente a sus accionistas o a los fondos de inversión de los cuales dependen.

El problema aparece cuando se pretende incursionar en los contenidos intangibles –más difíciles de evaluar que los puramente materiales- pero que inciden en la información, la educación y la cultura de la población, es decir en el basamento de la salud ciudadana, con tanta o mayor fuerza, para bien o para mal, que los referidos a la alimentación o a la salud física. Este campo pareciera estar vedado en términos casi absolutos para toda persona, sector o gobierno y el pretexto es el de la llamada “libertad de prensa”, que como más de una vez se ha dicho, sólo sirve a quienes tienen el poder de ejercerla, es decir a las grandes empresas.
Sin embargo, la libertad de prensa es un bien social; es decir es una garantía constitucional pensada para el conjunto de la sociedad y, es en función de preservar este bien colectivo, que ella resguarda de las distintas formas de censura, directa o indirecta, que se puedan ejercer sobre los periodistas y los medios de comunicación social.

Convengamos en que la censura no es solo la de carácter político o ideológico que puede provenir del Estado, sino que las grandes corporaciones económicas constituyen hoy los grupos de poder fáctico que tienen una capacidad mayor a la de aquél para definir qué informaciones habrán de circular en la sociedad u omitirse, y de qué manera las mismas serán enfocadas, según convenga o no a sus intereses, al menos en los medios que ellos controlan de manera directa –como accionistas- o indirecta, en su carácter de anunciantes.

20 de abril de 2008

¿Techint es una empresa argentina? (Nota 2)


Por Cynthia V. Lana

“Todo viene a parar en que el abastecimiento de las Américas está en manos de una docena de casas matrices de Cádiz y otra docena de Londres y Nueva York. Este monopolio es el peor, el más ruin y limitado. La consecuencia es que los americanos se ven precisados a comprar a precios enormes todo lo que se les quiera vender. Y por supuesto compran los pudientes. Y además esto nada fomenta la agricultura ni las manufacturas, que son la riqueza nacional de todo país".

Bernardo de Monteagudo
(“El Censor”, 18 de diciembre de 1812).


Según la definición clásica de John Kenneth Galbraith, la ventaja de las empresas transnacionales consiste en dos rasgos fundamentales: en el aprovechamiento de las asimetrías entre el país de origen y los países receptores de la radicación de capital y en la expansión de sus actividades al sector financiero.

Para ello, —decía Galbraith en 1967— las empresas deben imponerse primero en la competencia al nivel nacional, pues del éxito en ese espacio depende su expansionismo.

Actualmente, el esquema de funcionamiento ha cambiado en algunos aspectos. Como lo señala Samir Amin, “antiguamente había transnacionales norteamericanas y un estado norteamericano; transnacionales británicas y un estado británico; transnacionales francesas y un estado francés; transnacionales belgas –las más pequeñas– y un estado belga. Sin embargo, hoy existen simplemente transnacionales, mientras que no existe un estado que las integre”.

La asimilación entre lo político y lo económico, que caracterizó a las potencias dominantes del mercado mundial desde el surgimiento del imperialismo, vive su período de extinción histórica. Hoy ya no se puede hablar del imperialismo como proceso integrado, sino de los imperialismos; es decir, centros capitalistas transnacionales dominantes en estado de conflicto, dentro del cual los estados nacionales —aún de los países centrales— cumplen un rol subalterno.

Diseminación e instrumentos políticos

Sin embargo, no ha desaparecido la necesidad de una gestión económica común del mercado mundial por parte de las transnacionales. La diferencia con el pasado reciente es que no hay un instrumento político centralizador para llevarla a cabo. El G7 y otros intentos por el estilo no han resultado particularmente exitosos.

También en este punto, acudimos a la insuperable definición de Samir Amín: “El capitalismo está hecho de contradicciones y toda empresa capitalista se encuentra al mismo tiempo asociada pero también en conflicto con el vecino, pero esto no les impide tener intereses comunes. Están en conflicto mercantil, yo diría, en competencia permanente, pero también tienen intereses comunes y son estos intereses comunes la nueva base del imperialismo colectivo”.

De Bolívar a la UIA

Las transnacionales dominantes en nuestro subcontinente están intentando convertir al MERCOSUR en un instrumento de las características señaladas; en un integrador político regional de su gestión económica común.

En esa sintonía parece expresarse el comunicado que la Unión Industrial Argentina (UIA) —controlada por Techint— distribuyó hace unos días, en torno a la posible nacionalización de la empresa Sidor por parte del gobierno bolivariano de Venezuela.

Dicho texto “reconoce los esfuerzos que está realizando el gobierno argentino tendiente a defender el proyecto Terniun Sidor, proyecto que materializa en forma exitosa la política de integración entre la Argentina, Brasil y Venezuela”.

Pero más que integración, diríamos que “el proyecto” Terniun Sidor constituye un clásico sistema de transferencia de riquezas: se vende barato el acero a sus propias empresas en el exterior para luego importar, mucho más caro, los caños sin costura (que son fundamentales para la industria petrolera venezolana). Se trata de un “valor agregado” que se genera en el propio proceso productivo y gracias a que la empresa transnacional desarrolla las distintas etapas en distintos países.

Este es el sistema de negocios que alberga la tendencia neodesarrollista, surgida en América Latina como resultado de la crisis neoliberal. Proceso que lideran los mismos monopolios que se cobijaron en la ortodoxia monetarista o la desnacionalización del aparato productivo y que ahora, según Claudio Katz, “manteniendo aceitados vínculos con el capital financiero, promueven cursos más industrialistas para favorecer el desarrollo de las nuevas transnacionales ‘Multilatinas’ (como Slim, Odebrecht, Techint)”.
“Estas compañías —continúa Katz— lucraron con las privatizaciones, pero ahora priorizan los negocios industriales y jerarquizan el mercado regional”.

La hora de las decisiones

Tras el anuncio de la nacionalización de Sidor, Techint amenaza con encabezar un boicot a la industria petrolera estatal de Venezuela, dejando de venderle ese insumo estratégico, al tiempo que advierte a la Argentina sobre las consecuencias que tendría su retiro en el marcado laboral. Lo cual motivó una comprensible preocupación en la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica, al punto que sus dirigentes enviaron una carta al presidente Hugo Chávez abogando por la transnacional.

También la presidenta Cristina parece haber tomado cartas en el asunto, con el objetivo de salvaguardar los bienes de “una empresa argentina”.

Pero como hemos visto en estas notas, Techint no es una empresa argentina. Tener esto en claro significa, nada menos, que darle al MERCOSUR la categoría de proyecto reunificador de la Patria Grande y no de simple ampliación de los mercados laboral y de consumo a las transnacionales integradas y diversificadas; que son centros dominantes del diseminado imperialismo actual.

Por ello, dependerá de los líderes de la región saber implementar las políticas capaces de cimentar la esperanza en nuestros pueblos o mantener el actual status quo que, tarde o temprano, se revelará como una nueva decepción.

15 de abril de 2008

¿Techint es una empresa argentina? (Nota 1)


por Cynthia V. Lana

“Para ser protagonistas de la globalización tenemos que dar una dimensión internacional a nuestras empresas y a la cadena de valor que nos acompaña. Usted, señor Presidente, lo sabe muy bien. Y nos ayudó en muchas ocasiones con sus consejos y acciones”.

De Paolo Rocca a Néstor Kirchner.
San Nicolás 5 de setiembre de 2007



Coincidiendo con la publicación en nuestro blog de la nota de Raúl Quiroga, “Justicia para todos”, donde se señala la responsabilidad de Techint/UIA en el desmantelamiento del aparato productivo argentino a partir de 1976, se conoció la decisión del gobierno bolivariano de Venezuela de renacionalizar SIDOR.

SIDOR (Siderúrgica del Orinoco) es propiedad en un 60 por ciento del grupo Ternium, el imperio de los aceros planos controlado por Techint.

Ternium adquirió en EEUU la compañía Hydril, que tiene fuerte presencia en el golfo de México, en Brasil y en el Africa occidental. También compró en el país del norte la empresa Maverick Tube Corp. y en Mexico a Hylsamex.

Partiendo de estos datos, nos sorprende que la mayoría de los medios se refiera a Techint como “una empresa argentina” y hasta hay quien se atreve a hablar de la “burguesía nacional de Kirchner”.

Por ello, nos pareció oportuno aportar algunos datos históricos que ayuden a comprender el carácter transnacional de una empresa que, como se dice en la nota de Quiroga, fue una de las artífices de la reconversión monopolista impuesta por medio del terrorismo de Estado en 1976.

Respecto a esto último, vale la pena indicar que algunas fuentes sostienen que el 17 por ciento de los obreros metalúrgicos asesinados durante la dictadura pertenecían a Siderca, la más antigua empresa del grupo Techint en nuestro país. Asimismo, uno de los centros clandestinos de detención de la zona, el Tiro Federal de Campana, se encuentra lindante a la fábrica y hasta existe una puerta que comunica ambos lugares.

Una aberración que no desmerece, como se verá, los orígenes de la empresa.

Marca de nacimiento

La versión del emigrante italiano que hizo fortuna en la Argentina es una leyenda sobre el origen de Techint que puede encontrarse tanto en Wilkipedia como en ciertos autores y periodistas especializados. (Especializados, al parecer, en la obsecuencia).

Pero la historia es bastante distinta. Los antecedentes de Techint se remontan a la Italia de las primeras décadas del siglo. Específicamente, a la época en que la poderosa Banca Commerciale controlaba, entre otras, a la firma industrial Dalmine, donde se desempeñaba quien años después sería el fundador de Techint: Agostino Rocca.

Posteriormente, como consecuencia de la crisis del ’30, el Estado fascista funda el IRI —Istituto per la Ricostruzine Industriale— empresa estatal que toma a su cargo numerosas firmas industriales, entre ellas a Dalmine, que con el tiempo llegó a ser la productora de tubos sin costura más importante de Europa.

Ya transformado en un hombre de confianza del Duce, Rocca fue designado director del consorcio Cornigliano, clave en la logística de la guerra. Además, estaban a su cargo las empresas Finsider, Terni, Siac y Dalmine, hasta 1939, gracias a lo cual sentó una estrecha relación con empresarios alemanes.

Los buenos negocios con la Alemania nazi de las empresas Dalmine y Ansaldo hicieron que Rocca consagrara a ellas su mayor esfuerzo, al punto de renunciar a la dirección del resto de las firmas. También desde 1939 y hasta 1943, Agostino desempeñó funciones importantes en la Confindustria, la Cámara de Corporaciones Fascistas.

Al finalizar la guerra interimperialista, se organiza en Italia la empresa Compañía Técnica Internazionale (Techint) que se instala en la Argentina en 1946, mediante Techint Cía. Técnica Industrial S.A., bajo la conducción del reciclado Agostino (ahora Agustín) Rocca.

De allí en más Techint registra una acentuada expansión centrada en la producción sidero-metalúrgica y en menor medida en la construcción. En la producción siderúrgica sus empresas más importantes serán Dalmine Siderca S.A., instalada en 1949, y Propulsora Siderúrgica S.A. fundada en 1962.

Expansión posterior a 1976

La evolución de Techint S.A. constituye uno de los ejemplos de expansión más significativos, entre las empresas transnacionales diversificadas y/o integradas que lideraron la actividad industrial a partir del modelo instaurado en 1976.

Al mismo tiempo que mantiene y expande su rubro tradicional, la siderurgia, en el cual es uno de los productores principales, lo integra con la adquisición de una empresa productora de motores eléctricos. Además se asocia con otros grandes capitales extranjeros y nacionales para proveer a la instalación de centrales telefónicas.

Asimismo, da algunos pasos fundamentales para diversificar aún más su espectro productivo al incorporarse a otras áreas productivas de primordial importancia en este período: la extracción de petróleo, con extensión, además, hacia la explotación minera y de gas.

Expande otra de sus tradicionales actividades, las grandes obras de construcción e instalación, tanto privadas como para satisfacer las múltiples demandas estatales, proyectos hidroeléctricos, nucleares, de electrificación de los ferrocarriles, destilerías y de rellenos sanitarios.

En 1978 murió el patriarca de Techint y lo sucedió su hijo Roberto. El grupo ya contaba con dos plantas siderúrgicas en la Argentina (en Campana y Ensenada), actuaba en ingeniería y construcción y estaba presente en gran parte de los países de América latina.

Las nuevas firmas instaladas por Techint entre 1976 y 1983 muestran hasta qué punto esta transnacional se vio favorecida por la política económica de la dictadura cívico militar. Ellas son: las petroleras Tecpetrol SA (1979), Golfo Petrolera SA, Cañadón Piedras SA, Progreso Perforaciones Petroleras (estas tres últimas de 1981); la minera Tecminera SA (1979); Consorcio de Comunicaciones Patsa, fabricante e instaladora de centrales telefónicas (1978); Metalúrgica Metanac SA, destinada a grandes proyectos hidroeléctricos y las empresas constructoras Ingeniería Tauro SA, Mudar SA y Nuclear SA, orientada a la instalación de plantas nucleares.

Compra de SOMISA

En los años noventa, Roberto Rocca llevó adelante el proyecto de producción de aceros planos al ganar la privatización de SOMISA (Sociedad Mixta Siderurgia Argentina), durante el gobierno de Carlos Menem, y transformar a la ex empresa estatal en Siderar.

Con esta incorporación, Techint amplía colosalmente la producción de tubos de Siderca. Tal expansión le permite sumar la matriz italiana Dalmine, la mexicana Tamsa, la NKK de Japón, Algoma de Canadá, Confab de Brasil y Tavsa de Venezuela. Tal proceso condujo a la creación de Tenaris, en 2002, que fabrica hoy uno de cada tres caños petroleros que se venden en el mundo y es una de las empresas más valiosas del orbe, superando en cotización a firmas como Repsol YPF, Kodak o Amazon.

Subordinación y valor

Al morir en 2003, Roberto Rocca era uno de los 300 hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, con una fortuna cercana a los 1.600 millones de dólares.

Lo sucedió su hijo Paolo, actualmente la cara visible del holding, quien no ha dejado de ser un devoto oficialista a pesar de alguno que otro escandalete, como el Skanska-TGN, pareció enturbiar la relación con la pareja presidencial. No es nada raro, pues como veremos en la próxima nota, la subordinación del Estado argentino ha sido, desde siempre, la clave del éxito para el grupo Techint.

Fuentes:
• Muchnik, Daniel. Negocios son Negocios. Los empresarios que financiaron el ascenso de Hitler al poder. Buenos Aires, Editorial Norma, 1999.

• Azpiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo; Khavisse, Miguel. El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80. Siglo XXI Editores Argentina, 2004.

• Di Fino, Miguel; Nuñez, Ariel O. y Sadonio, Soledad. Sobre ausencias y exilios. Un ensayo histórico sobre Campana entre 1976 y 1982. Campana, Buenos Aires: 1999.

• Lozano, Claudio. La privatización de Somisa. ¿Consolidación del oligopolio privado en la producción siderúrgica?, IDEP/ATE, 1995.

• Diarios Clarín, Página 12 y La Nación.
• Revistas Forbes y Fortune

9 de abril de 2008

Justicia para todos


por Raúl Quiroga

La noticia dice que la Confederación General Empresaria (CGE) pedirá a la justicia que investigue al ex titular de Economía, durante el último gobierno de facto, José Alfredo Martínez de Hoz, para que explique el cierre de 20 mil establecimientos industriales y la destrucción de miles de puestos de trabajo.

Tal vez se trate de un nuevo capítulo de la disputa entre la representación gremial de la hoy difusa burguesía nacional —forjada durante los años del peronismo al que, dicho sea de paso, no tardó en traicionar— y el economista emblemático de la factoría semicolonial argentina.

El escenario de batalla más expuesto tuvo lugar durante la dictadura nacida en el golpe de Estado de 1966. Por entonces, el jefe de la CGE, José Ber Gelbard, disputaba la orientación oficial de la economía con la alicaída Asociación Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL). Esta última había sido creada en 1958 para evitar, precisamente, la devolución de la personería legal a la CGE.

ACIEL estaba impulsada por la Unión Industrial Argentina (UIA), a quien acompañaban la Sociedad Rural; la Bolsa de Comercio; la Cámara Argentina de Comercio; la Bolsa de Cereales y la Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA), que nucleaba a los bancos extranjeros. Representaba, en suma, a los sectores más concentrados e internacionalizados de la economía argentina.

Desde los últimos años de la “Revolución Argentina”, el gelbardismo empezó a ganar batalla tras batalla. Durante el gobierno de Alejandro Lanusse, Gelbard realizó negocios colosales (e impresentables; vgr. ALUAR), al tiempo que se convertía en una de las piezas estratégicas del General Juan Domingo Perón en el exilio, lo que le llevaría a ser ministro de Economía entre 1973 y 1975.

Para debilitar al “tendero de Once” —como llamaba el cipayaje patricio, despectivamente, al jefe del sector industrial de pequeña y mediana escala— las "empresas líderes" impulsaron el Consejo Empresario Argentino (CEA), orientado por José Alfredo Martínez de Hoz, que formalmente existía ya desde 1967. Este nuevo lobby se constituyó en el catalizador de los distintos factores de poder que confluirían, años después, en la reconversión del modelo industrial sustitutivo. Modelo este último, recordamos, que había evolucionado, en distintas fases y proyectos, desde fines de los '30 hasta alcanzar su más acabada formulación en la década peronista.

A manos de este poderoso instrumento oligárquico, la CGE —y con ella el aparato productivo argentino– sufrió dos estocadas mortales: el “Rodrigazo” y el plan económico, amparado por el terrorismo de Estado, que el propio titular del CEA puso en marcha el 2 de abril de 1976.

A partir de esa fecha, Martínez de Hoz fue el responsable de una plaga que asoló al país. Avaló medidas económicas que permitían la libre importación —favorecida por el esquema cambiario— en detrimento de la fabricación nacional, lo cual produjo una verdadera avalancha de cierres de fábricas y despidos.

Era la época donde el dinero fácil y sin responsabilidad de mantener fuentes genuinas de trabajo o el traspaso de las deudas al Estado alimentaron una fantasía de guita dulce que, ahora y a la distancia, cuesta creer que se mantenga impune. Pues revisando algunos liderazgos industriales de estos días —como el de Juan Carlos Lascurain, titular de UIA y hombre de confianza de Paolo Rocca o el de Luis Betnaza, su vice, quien es director del grupo Rocca/Techint— parece que esta catástrofe ocurrió en Siberia y no en la Republica Argentina.

Dicho de otra manera: a gran parte de los dirigentes empresarios, cuyos operadores son hoy recibidos en los despachos oficiales, les cabe una indiscutible responsabilidad sobre miles de argentinos que padecieron hambre y necesidades extremas; de hombres y mujeres que no tuvieron ninguna oportunidad para poder decidir sobre su futuro, muchos de los cuales figuran hoy en las listas de desaparecidos.

En tal sentido, resulta al menos curioso que la UIA —donde se nucleó la elite de la dictadura— se haya convertido en un respaldo “confiable” de la Presidenta durante el paro rural. Tan curioso como que, al mismo tiempo, se califique de “golpistas” a quienes encabezan la protesta de los chacareros, por el sólo hecho de compartir tales acciones con la Sociedad Rural, antigua socia de la ahora democrática entidad empresaria.

Estos dirigentes, insistimos, participaron y fueron parte de una de las paginas más negras de la historia. Y deberían ser juzgados por el crimen de traición a la Patria. Sería bueno que, a partir de este pedido de la CGE, la Justicia investigue y castigue a José Alfredo Martínez de Hoz. Pero también sería bueno que se investigue a quienes, alentados por el plan de los financistas internacionales, se beneficiaron con la reprimarización económica y la timba financiera, a costa del destino histórico de los argentinos.

3 de abril de 2008

1972 – 4 de abril – 2008. El Mendozazo


BREVE CRONICA DE UNA HISTORICA REBELION POPULAR Y UN VENERABLE OPRESOR CON NOMBRE DE AEROPUERTO
por Sergio Crescini

La jornada del 4 de abril de 1972 fue tal vez la jornada más importante del proceso de lucha y participación popular en la provincia de Mendoza durante la década del setenta.

La dictadura del General Alejandro Agustín Lanusse había designado a un Gobernador —Interventor de facto, en realidad— procedente de esa auténtica cantera de cuadros antipopulares que es el Partido Demócrata. (Véase, si no, el actual Ministerio de Seguridad de la Provincia).

Dicho gobernador había ordenado un incremento en las tarifas eléctricas que fue rechazado por sindicatos, uniones vecinales, estudiantes, comerciantes y sectores políticos, quienes habían expresado su desacuerdo mediante una serie de acciones. Los comerciantes, por ejemplo, realizaban apagones.

El 3 de abril la Policía de Mendoza queda bajo el control de la VIII Brigada de Infantería de Montaña y el Gobernador presenta su renuncia. El martes 4, pese a la prohibición de las autoridades militares, se concentró una masa heterogénea que contó con la presencia de más de 20 mil trabajadores frente a la Casa de Gobierno y al edificio de Agua y Energía.

Poco antes, las Fuerzas Armadas reprimieron en la sede del Sindicato del Magisterio, donde estaba concentrada la protesta de los maestros, quienes le ofrecieron una resistencia pasiva. Es decir, no enfrentaron a la policía pero desafiaron la orden de desconcentrarse y continuaron la marcha.

También hubo represión ante el local de la CGT —entonces liderada por el petrolero Carlos Fiorentini—, en donde se hallaban concentrados obreros y estudiantes. Allí los obreros enfrentaron la represión armándose con piedras y prendiendo hogueras. Mientras avanzaban hacia el edificio gubernamental, se levantaron barricadas por el centro de la Ciudad.

Ya en Casa de Gobierno, ante el ataque policial, las masas se armaron con palos, piedras y otros objetos que recogieron en los alrededores para enfrentar a las fuerzas represoras. En el momento de la lucha, las columnas de las uniones vecinales, junto a las maestras abandonaron el campo de batalla. Quienes lucharon fueron obreros, empleados y estudiantes.

Una vez que la policía se vio superada, entraron en acción la Gendarmería y el Ejército, produciéndose la militarización del territorio. El armamento de la fuerza represiva estaba compuesto por bastones, granadas de mano, carros hidrantes, gases lacrimógenos, armas de fuego —cortas, largas y de repetición— y metralletas.
Las masas fueron dispersadas pero se reagruparon para avanzar nuevamente contra la fuerza militar. El escenario de enfrentamiento se expandió hacia el casco céntrico. De esta manera, se produjo la ocupación de un espacio que concentra las instituciones del poder material del Estado.

El saldo fue de varios heridos y un muerto, entre los secores populares movilizados. Luego de tres horas de combate —en las que fueron atacados el edificio gubernamental, bancos y diarios—, hacia la una y media de la tarde Mendoza fue declarada “zona de emergencia”.

Las emisoras locales debían transmitir en cadena con Radio Nacional. Comenzó así una guerra psicológica que buscaba desinformar y distorsionar los hechos. En las casas se apagaron las radios en forma de protesta.

Horas después, desde Buenos Aires, se anunciaba que se mantendría el régimen tarifario sin modificación alguna.

En las últimas horas de aquel día el renunciado Gobernador de la Provincia, Francisco Gabrielli, habló. En su lectura de los hechos, culpaba de los sucesos a “activistas”, “gente extraña”, “perturbadores que buscaban impedir “la salida electoral”. Parece mentira que, actualmente, este personaje sea mencionado hoy con alguna reverencia en el ambiente político y hasta que el Aeropuerto Internacional de Mendoza lleve su nombre.

Esta etapa marcada por persecuciones, despidos y latrocinio, fue el preludio de la salida electoral del ’73. Poner estos sucesos en perspectiva, nos hace pensar en el camino desandado respecto de la participación popular.

Por ello, ojalá que al recordar esta jornada, como uno de los momentos cruciales de la lucha popular, recordemos que en el reconocimiento del otro —del trabajador explotado, del prójimo sufriente— está el sentido de la vida.

Ojalá que a luz de aquel 4 de abril podamos restaurar la política, el instrumento indispensable de la lucha y de la vida.

Porque la vida, para ser plena, no puede renunciar a la lucha.

2 de abril de 2008

Malvinas: un programa alternativo al progresismo


Por Manolo Giménez

¿Por qué la batalla de Puerto Argentino, en la que tropas nacionales recuperaron las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, no goza hoy entre las filas de la izquierda y el progresismo de la misma consideración que otros episodios anticolonialistas?

La respuesta parece sencilla. Identificados con el régimen criminal nacido en 1976, los comandantes que ordenaron el desembarco serían indignos de un lugar en el proceso emancipatorio de los pueblos oprimidos. Puesto que el Parnaso de la imaginación revolucionaria no admite asesinos ni fascistas.

Usadas con demasiada frecuencia, las elaboraciones de este tipo —o parecidas— parten de una visión estática de la realidad y de una rígida elucidación de las causas de los procesos políticos, donde se privilegian los caracteres personales o ideológicos por sobre la dialéctica del devenir histórico. El idealismo o el irracionalismo romántico sustituyen, así, al método científico entre los socialistas y progresistas argentinos. Curiosa posición de avanzada, por cierto, ya que necesita sostenerse sobre doctrinas del siglo XVIII.

Entrevistado por el dirigente sindical argentino Mateo Fossa en 1938, León Trotsky usaba el siguiente ejemplo para definir un encuadre conceptual más propicio a la era del imperialismo:

“Supongamos —decía— que el día de mañana Inglaterra entra en un conflicto militar con Brasil. ¿De qué lado se ubicará la clase obrera en este conflicto? En este caso, yo personalmente estaría junto al Brasil ‘fascista’ contra la “democrática’ Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque no se trataría de un conflicto entre la democracia y el fascismo. Si Inglaterra ganara, pondría a otro fascista en Río de Janeiro y ataría al Brasil con dobles cadenas. Si por el contrario saliera triunfante Brasil, la conciencia nacional y democrática de este país cobraría un poderoso impulso que llevaría al derrocamiento de la dictadura”.

(Hoy sabemos que la rendición de Puerto Argentino fue impuesta por un grupo de militares del Estado Mayor orientados por el embajador norteamericano Harry Schlaudeman, aliado de Inglaterra, semanas antes del 14 de junio. Para Margaret Thatcher y los políticos profesionales argentinos, el acto de traición encabezado por Cristino Nicolaides dio inicio a la democracia en nuestro país).

“Realmente, hay que ser muy cabeza hueca —opinaba el fundador del Ejército Rojo para reducir los antagonismos y conflictos militares mundiales a la lucha entre fascismo y democracia”.

Aunque devota de un modelo de democracia garantista, la izquierda progresista argentina no deja de adherir —como decíamos— a las revoluciones convenientemente lejanas en el espacio o en el tiempo. Especialmente en la ciudad de Buenos Aires, castristas, bolivarianos, guevaristas y hasta simpatizantes del integrismo islámico —frente a cuyos jefes el General Galtieri parecería un idílico humanista— despliegan en frecuentes movilizaciones callejeras una rebelión que no supera, la mayor parte de las veces, el estadio de lo simbólico.

Se trata de un ejercicio casi siempre inofensivo, aunque reúna las mejores intenciones, que rara vez ha sido un escollo para el capital monopolista actuante en la formación social argentina o para las fuerzas diplomáticas y militares que le sirven.
La reanudación de la lucha por Malvinas, en cambio, constituye en sí misma un programa para la auténtica revolución nacional de los argentinos.

Piénsese qué ocurriría, por ejemplo, si el Gobierno Nacional pusiera en marcha acciones hostiles hacia Gran Bretaña, tales como expropiar tierras de propiedad británica o suspender toda actividad de empresas de ese origen en el territorio nacional, hasta que sean reintegradas las islas. Seguramente se operaría un cambio radical respecto a la relación de nuestro país con los centros mundiales de poder y el sistema de policía internacional ejercido por los Estados Unidos.

En tal situación, el esquema de defensa nacional obligaría a reactivar la industria civil y la tecnología militar, así como a renacionalizar los servicios estratégicos como la telefonía, la televisión, la línea aérea de bandera, los recursos alimentarios y mineros, etc.

Tampoco caben muchas dudas de que una acción de este tipo aceleraría la integración de la Nación Latinoamericana; cuyos pueblos, dicho sea de paso, nos acompañaron en 1982 sin preguntarse por la naturaleza política —fascista o democrática— de quienes tomaron la decisión de emprender la batalla.

El propio Fidel Castro lo explicaba en estos términos: “La guerra colonial de la señora Thatcher y su gobierno contra el derecho de la Argentina a ejercer su soberanía territorial sobre las islas Malvinas, derecho que el Movimiento recogió desde su misma fundación, motivó la solidaridad de los países no alineados con el país agredido. Cuba, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas que la distinguen del gobierno argentino, no vaciló en apoyar la justa demanda de ese noble pueblo. Podríamos informarles a los países miembros que los sucesos de las Malvinas constituyeron un momento relevante en el desarrollo de una conciencia latinoamericana”. (VII Cumbre de los Países No Alineados, Nueva Delhi, 1983).

Para la fecha en que se tomó la decisión de desembarcar en Puerto Argentino, la respuesta militar era prácticamente inevitable (tal como lo demuestra la documentación que puede consultarse en este mismo blog. Ver en “Notas anteriores”/ 2007 / abril: “Antecedentes de Puerto Argentino”, 2 de abril de 2007).

Sólo un poderoso aparato de propaganda al servicio de los “negocios” que atan a nuestro país con las potencias “democráticas y civilizadoras” puede sostener la identificación de la causa de Malvinas con el ideario de una dictadura financiada por los oligopolios —como la sojera Cargill, por ejemplo— que, precisamente, siguen siendo los principales beneficiarios de tales vínculos de dependencia.

Como en 1982, el topo de la historia puede asomar la cabeza por entre las planificadas estrategias de sumisión. La crisis del capitalismo mundial y la vertiginosa caída de la hegemonía norteamericana invitan a pensar en algo más que la simple reivindicación jurídica del pasado.

Invitan a pensar en una nueva etapa de lucha.
Invitan a pensar en Malvinas.