28 de mayo de 2008

Inventamos o erramos



Por Manolo Giménez

La problemática rural argentina no se agota, ni mucho menos, en el furibundo debate sobre las retenciones que ha capturado la atención de los argentinos en los últimos meses.

Seguramente es lo que necesitaban Luis D’Elía y Elisa Carrió, entre otros, para cobrar relevancia en sus respectivos esquemas políticos. Pero no es lo que necesitaba la Argentina, ni la gestión presidencial de Cristina Fernández.

Lo que requiere nuestro país es debatir un modelo de desarrollo agropecuario autocentrado —esto es, ajustado al interés nacional— y, por consiguiente, un proyecto de Estado soberano.

Y lo que precisa el Gobierno es contar con estrategas y patriotas para crecer creativamente desde la crisis ¿No basta con las anteriores experiencias del peronismo para saber cuáles pueden ser los resultados de recostarse sobre los obsecuentes y los burócratas?

“No es la hora de los tibios”, dice Julio De Vido, y en la fría noche sólo le responde un consenso artificial, casi delivery. Está claro que encender las pasiones populares no es la especialidad del ministro.

Más tarde, Jorge Capitanich demuestra que sabe leer “en caliente” el documento elaborado por el Partido Justicialista a favor de mantener las retenciones a la exportación de granos.
No está mal. Sólo que se trata de la misma persona que no hace tanto, en 2003, presentó un Proyecto de Ley en el que solicitaba la "Eliminación total de las Retenciones a las Exportaciones Agropecuarias" (expediente S-0075/03 de la Cámara de Senadores de la Nación).

Campos verdes

“Todo paisaje tiene sus colinas y sus valles”, decía Goethe. El campo también.

Desde nuestro blog hemos intentado colaborar en la comprensión del problema de los precios, la concentración, los arrendamientos y monopolios, los pooles y trasnacionales, etc., que instala en la economía rural argentina una rotunda brecha social y un régimen productivo que consolida el estancamiento.

Entendemos, por esto, que es un absoluto desatino hablar “del campo” sin atender a la gravitación y poder de los distintos actores en la producción de granos, que van desde las Seis Grandes hasta el propietario de menos de 200 hectáreas.

Pero los matices de la protesta rural no sólo deben entenderse, exclusivamente, desde las condiciones objetivas sino, también, desde las condiciones subjetivas.

No nos referimos solamente a las históricas diferencias que mantienen las cuatro entidades —la Federación Agraria, por ejemplo, ha tenido y tiene una prédica regulatoria que difícilmente compartiría la Sociedad Rural— , sino también a los efectos del laissez faire cavallista, que dejó como herencia un sistema de comercialización interno con todo tipo de “licencias”. (Como la venta en negro, sin ir más lejos, que representa un porcentaje no desestimable de las transacciones).

En tal escenario, es posible que productores con situaciones similares actúen de manera distinta, según quiénes sean sus clientes y su manera de vender.

Tal vez por ello, mientras se bloquean los puertos de Cargill, Aceitera General Deheza y Dreyfus —esta última empresa tiene tomada su planta en General Lagos, Santa Fe— algunos dirigentes, en entrevistas y discursos, ni siquiera se atreven a mencionar a estos mismos oligopolios.

Crecer desde la crisis

Insistimos en esta fórmula. Pues de lo contrario, es posible que los deseados acuerdos entre el Gobierno Nacional y “el campo” se circunscriban al mero eje de las retenciones, sin avanzar en la asignación de los recursos o la creación de instrumentos que propendan a la nacionalización del comercio exterior, atendiendo a los problemas de concentración y pérdida de la soberanía alimentaria, que caracterizan al modelo sojero argentino.

Estamos hablando del modelo que sostiene nuestro escueto “milagro económico” en base al flujo de los fondos de inversión y trasnacionales, orientados tanto a los agronegocios como a la minería. Es decir, siguiendo el patrón acumulativo del gigante chino y las intermediaciones de la Comunidad Europea.

La Argentina necesita retrotraer el proceso de concentración agrícola y dependencia tecnológica, desde un diagnóstico preciso y actualizado.

Es necesario asumir que la “oligarquía vacuna y probritánica”, que señalaron nuestros maestros del pensamiento nacional, ya no existe. El proletariado industrial, que fue la columna vertebral del peronismo, hoy no reúne el peso numérico y la dinámica necesarios para liderar al movimiento obrero. Las fuerzas armadas carecen de un programa nacional, y hasta de una agenda definida, y la intelectualidad nacionalista se ha quedado casi sin relevos.

Es un error librar las batallas nuevas con los mapas del pasado. Y más aún volver a encorsertar la política de consignas y antinomias que nada le dicen a las nuevas generaciones. Para la enorme mayoría de los nuevos trabajadores, el gorila no es otra cosa que un animal africano.

“O inventamos o erramos”, decía Simón Rodríguez, el maestro de Bolivar. Tal vez llegó la hora de tomar el consejo.

26 de mayo de 2008

PENSAR CON JAURETCHE


(Haga un click sobre la imagen para ampliarla)

Este pasado viernes, 23 de mayo, se realizó en la Biblioteca “San Martín” de Mendoza la Jornada de Pensamiento Nacional “Pensar con Jauretche”, donde fue presentado el ensayo de Juan Quintar "Pensar con estaño: el pensamiento de Arturo Jauretche".

El libro, de reciente publicación, es una de las más originales y valiosas aproximaciones a la obra del escritor del “Manual de Zonceras Argentinas”; “El Medio Pelo en la sociedad argentina” o “Ejército y política”, entre otros clásicos del pensamiento de la emancipación nacional.

Quintar vitaliza a Jauretche; lo hace actual y operativo en el cuestionamiento de los problemas argentinos. Desde la recuperación de sus orígenes conservadores, el autor presenta al polemista y revolucionario que transitó por FORJA y el peronismo, como la encarnadura perfecta de aquello que Roberto Ferrero denominó “la inversión del signo de la categoría”. Esto es, la mutación de sentido de las ideologías —originadas en el proceso histórico específico europeo, casi todas ellas— al confrontarse con los problemas específicos de nuestro propio devenir histórico.

Pues así como comunistas y socialistas cumplieron un papel francamente contrarrevolucionario, al transpolar acríticamente estas doctrinas revolucionarias desde el Viejo Mundo, el “conservador” Jauretche expresó como nadie el camino de la revolución nacional.

Este método de agrandar el sombrero en lugar de achicar la cabeza (según una metáfora jauretcheana citada por Quintar en la charla) fue el eje de una exposición que abordó no sólo cuestiones de método y literatura sino, fundamentalmente, cuestiones políticas de plena actualidad.

Entre ellas, el asfixiante disciplinamiento y maniqueísmo que domina la escena política argentina actual. En este aspecto, Quintar remarcó que Arturo Jauretche sólo le prestó obediencia a sus ideas, a las que jamás subordinó a una identidad o conveniencia partidaria.

En un panel coordinado por Manolo Giménez, el escritor estuvo acompañado por los cientistas sociales Aritz Recalde y Graciela Cousinet (Vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo), quienes aportaron elementos históricos y críticos a la exposición.

La apertura estuvo a cargo del diputado nacional y titular del Sindicato Petróleo y Gas Privado de Cuyo, Dante González, quien destacó que “el movimiento sindical es el refugio natural del pensamiento nacional. Porque en los sindicatos está el último bastión de la solidaridad popular”.
“Estamos viviendo una etapa histórica fundamental —dijo— para que trabajadores e intelectuales unamos nuestro pensar y sentir, teniendo como perspectiva el recuperar la Patria Grande Latinoamericana”.

Sobre el final habló Ernesto Jauretche —siempre magistral en la narración de nuestra historia política e intelectual— y Jorge Marziali cantó “Así hablaba Jauretche” y “Cuando Perón era Cangallo”, ambas pertenecientes a su último CD “San Lagente”.

8 de mayo de 2008

¿Estamos luchando contra la oligarquía?


Por Alberto Alberti

N. de la R.: Pululan en Internet presuntas explicaciones “del pensamiento nacional” sobre el actual conflicto que enfrenta a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional con los productores rurales.

Desde algunas respetables plumas del oficialismo, como Norberto Galasso, hasta el eterno veleta Antonio Cafiero incurren en el común error de confundir la tradición intelectual del nacionalismo popular con los mapas del pasado. Los mismos que fueron tan lúcidamente abordados por Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz o Jorge Abelardo Ramos, pero que deben ser actualizados a las nuevas circunstancias.

Hoy el régimen de propiedad de la tierra y de producción agrícola es sustancialmente distinto de los tiempos de la “oligarquía vacuna”. Monopolios biotecnológicos, pooles de siembra y corporaciones exportadoras constituyen en nuestros días el bloque dominante.

La presente nota es parte de una serie tendiente a esclarecer el funcionamiento de los mismos.

Con las cuentas a favor

Según una investigación del periodista Raúl Dellatorre —publicada por el diario Página 12— los exportadores, basándose en el Código Aduanero, liquidan las retenciones sobre un valor menor del que facturan. Pero al productor le descuentan sobre el valor total.

Supongamos, por ejemplo, que la tonelada de soja vale 500 dólares (valor FOB o puesta en embarcación). El exportador le compra por ese valor al productor y le descuenta fletes, una comisión por acopio y un 35% que deberá pagar en la aduana como retención a las exportaciones. Dejando de lado los fletes y la comisión por acopio y descontando sólo las retenciones el productor cobra de manos del exportador:

500 — 35%

es decir:

500 — 175 = 325 dólares por tonelada

Luego el exportador vende su mercancía y liquida en el acto las retenciones obteniendo de este proceso 370,37 dólares. En otras palabras, el 9,46% mas (45,37 dólares) de lo que le pagó al productor.

¿Cómo hizo el exportador para obtener más dinero que el productor si las retenciones en ambas situaciones son del 35%?

La solución a este enigma se encuentra en la interpretación que hace el exportador del Código Aduanero Argentino, precisamente, del art. 737 que dice: “No obstante lo dispuesto en el art. 735, se excluyen del valor imponible los derechos y demás tributos que gravaren la exportación”.

Dice Dellatorre al respecto: “(…) el Código Aduanero lo habilita (al exportador) a considerar que el valor FOB de exportación ‘ya’ incluye el derecho de exportación. Es decir, que el valor FOB es el valor neto (base imponible) ‘más’ el derecho de exportación.” Y continúa: “El cálculo no es ilegal, sino que surge de una interpretación del Código Aduanero que se aplica hace ya muchos años.”

Es decir que el exportador interpreta que las retenciones están contenidas dentro de los 500 dólares por tonelada y para saber cuánto es el impuesto, debe realizar esta cuenta:

500 / 1,35

es decir quitarle el 35% a 500 y así deducir la base imponible:

500 / 1.35 = 370,37

y para saber lo que debe pagar:

370,37 x 35% = 129.63 dólares (370,37 + 129,63 = 500 dólares)

Pero cuando trasladó el descuento al productor, lo hizo sobre el precio final o FOB y no contenido en el mismo.

Es más, cuando el ex ministro Martín Lousteau lanzó la medida, también la aplicó sobre el precio final. Es decir que, con esta maniobra que desatiende la resolución tomada por el Ejecutivo, el exportador paga en concepto de retenciones solo 25.9% (129.63 dólares) por tonelada.

¿Qué lucha? ¿Contra qué oligarquía?

De esta manera las empresas exportadoras, de las cuales sólo 5 controlan el 90% de la exportación (Cargill, Bunge y Born, Dreyfus, Aceitera General Deheza, del senador oficialista Roberto Urquía, y Vicentín) generan en este proceso, en ausencia total de controles del Estado, una ganancia neta del 9,1% que pagan los productores y que debiera engrosar las cuentas del Estado.

Mientras más aumenten las retenciones mayor será la ganancia de estas empresas. Veamos el mismo ejemplo anterior, pero con las retenciones del 44%.

El productor al vender pagará el 44% en concepto de retenciones al exportador:

500 x 44% = 220 dólares

y obtendrá por la venta de una tonelada de soja

500 – 220 = 280 dólares

A su vez, el exportador antes de vender aprovechará la distracción del gobierno y sacará la base imponible:

500 / 1,44 = 347,22 dólares

y sobre esta aplicará el valor de la retención:

347,22 x 44% = 152.77 dólares
(347.22 + 152.77= 500 dólares)


Es decir 67,22 dólares menos que los que aportó el productor. Dicho de otra forma 67,22 dólares por tonelada de ganancia y, por lo tanto, habrá pagado en concepto de retenciones 30,55%

Un 13,45% menos del valor del impuesto. Con lo cual queda demostrado que cada aumento de retenciones significará mayores ganancias para las empresas exportadoras.

Cuando la retención es del 35% estas ganan un 9,1% y si el impuesto fuera del 44% la ganancia sería de 13,45%.

El resultado es una mayor transferencia de divisas desde los productores directos hacia las corporaciones exportadoras (y evasoras).

Apostilla

Esta campaña 2007/08 está estimada por el gobierno en 47 millones de toneladas de soja, con retenciones del 35%, invito al lector a estimar la ganancia por evasión de retenciones que obtendrán las transnacionales instaladas en el país. Escalofriante ¿no?

Cabe aclarar que este sistema de base imponible no sólo se utiliza para las exportaciones de soja sino que es usado en la mayor parte de los productos que se exportan desde Argentina.

3 de mayo de 2008

Observatorios de Medios y Cultura (Nota 3)


Por Octavio Getino

En lo específico de los grandes medios está claro que su poder e influencia ha crecido de manera simultánea a la pérdida de confianza por parte de la población en la mayor parte de sus dirigencias políticas y sociales lo cual ha erigido a muchos periodistas y comunicólogos en jueces, fiscales y “punteros” de las políticas de las grandes empresas mediáticas, claramente asociadas o dependientes de quienes dominan la economía local y transnacional. Medios y globalización neoliberal están íntimamente
vinculados.

Es por ello, tal como observa el periodista Ignacio Ramonet, que resulta necesario y urgente debatir la manera en que los individuos pueden exigir a los grandes medios “más ética, más verdad, más respeto por una deontología que permita a los propios periodistas actuar según sus propias conciencias y no en función de los intereses de
los grupos, empresas y patrones que los emplean… La existencia de un Observatorio de Medios constituye un contrapeso indispensable frente al exceso de poder de los grandes grupos de comunicación que imponen, en materia de información, una única lógica –la del mercado- y una única ideología –la del pensamiento neoliberal-. La existencia de un observatorio de ese carácter pretende ejercer una responsabilidad colectiva, en nombre de los intereses de la sociedad y del derecho de los ciudadanos a ser bien informados”.
(www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos)

En este punto cabe resaltar que la mayor parte de los observatorios de cultura y medios que existen en América Latina, no se ocupan solamente de un monitoreo crítico o restrictivo, sino que, como apunta Susana Herrera, doctora en Comunicación de la Universidad de Navarra (España), ”trabajan principalmente con un carácter propositivo que les lleva a tratar de formular otras prácticas, estilos y contenidos posibles de manera que la crítica no sólo sea destructiva sino también edificante y constructiva. De esta forma, los observatorios latinoamericanos comparten la convicción de que llegados a este punto, la protesta sin propuesta no sirve de nada”. (www.saladeprensa.org/art638.htm)

Frente a las crisis que viven nuestros países, los observatorios de medios son lugares sociales nuevos alentados por una tradición que ha insistido en unir democracia y comunicaciones desde una perspectiva emancipatoria y crítica. Lugares del ver y observar ciudadano, que en su operación de control político del poder permiten, a su vez generar participación social, presencia activa en la vida pública. Apuestan, tal como observa Germán Rey, “por una información pluralista que debata los temas que le interesan a la sociedad, que convoquen diferentes matices de la interpretación, que 'hagan escuchar lo que la gente le quiere decir al poder'. Como otras figuras sociales, los observatorios y las veedurías emprenden un camino que expresa, dentro del rango de sus acciones, las vicisitudes y los desafíos de las propias sociedades”. (www.veeduria.org.pe/articulos/rey.htm)

Los observatorios de medios –o las también llamadas veedurías- procuran contribuir a establecer parámetros que sirvan para verificar el cumplimiento de estos deberes periodísticos que incentivan la mayor calidad en la convivencia ciudadana y el funcionamiento de la sociedad. En una democracia participativa, es decir, aquella que integra un conjunto de organizaciones y comunidades con el fin de incidir en la toma de decisiones y en la definición y el control de las políticas públicas, los observatorios pueden constituir –según Germán Ortiz Leiva, de la Universidad de La Sabana (Colombia)- un auténtico mediador entre medios y sociedad, aumentando un espacio social, hasta ahora prácticamente vacío, pues la ciudadanía ha sido convertida en un conjunto de consumidores representados de modo ficticio por sondeos de opinión que emplean, sobre todo, metodologías cuantitativas, necesariamente reduccionistas, y con matices que no dan cuenta de los valores sociales más importantes de la comunidad. (www.saladeprensa.org/art293.htm)

Por otra parte, no corresponde a los observatorios la facultad de ordenar o sancionar a nadie –como no es propio de ningún sistema de información de carácter científico- sino la de brindar un servicio público informando sobre los resultados de sus estudios, análisis o veedurías, para que sea la propia comunidad, y los distintos sectores que la conforman, quienes hagan el uso que crean más adecuado para el mejoramiento de los intereses del conjunto. Algo que excede lo meramente estadístico o cuantitativo y se proyecta también sobre los valores básicos de una democracia que pretenda fundarse en bases de equidad y participación.

Tal como advierte Germán Rey, el “observar” no busca una visión perfecta sino mas bien, reconociendo las contingencias del ver, afirma que se necesitan diversas miradas para modular y comprender los prismas sociales. Los observatorios son, entonces, “experiencias que reconocen su visión parcial, pero sobre todo que se abren a confrontarse con otras miradas, interactúan con otras observaciones que a su vez, provienen de diferentes “lugares” dentro de la sociedad. Despojados de miradas cerradas, los observatorios existen por el juego de las perspectivas. No se trata de una relativización de la mirada sino de la exigencia de complementariedad. Pero ¿cómo garantizar efectivamente la participación de diferentes sectores sociales y la apropiación por parte de los ciudadanos de sus análisis de la información proporcionada por los medios? ¿Cómo lograr la integración entre el ver/observar, la acción y las transformaciones? ¿Cómo lograr la sostenibilidad, temporal y organizativa, frente a lo simplemente episódico o coyuntural?”

Ante estos y otros interrogantes, ya no son suficientes las respuestas de economistas o expertos en estadística, sino que se hace necesario un trabajo de análisis interdisciplinario del que no deberían estar ausentes profesionales de la información y la comunicación, sociólogos, gestores culturales, además de los agentes y personalidades más representativos de la propia comunidad.
En resumen todo esto hace a un tema fundamental para la democracia y el desarrollo de la cultura y la comunicación en cada país. Pero también alerta sobre la necesidad de un manejo pluralista e interdisciplinario de la observación y los estudios, con el fin de que la misma no quede subordinada a intereses sectorizados, públicos o privados, sino que apunte a posibilitar una creciente participación de la comunidad en su desarrollo.

Cualquier sistema de observación o de información en este campo no se limita a monitorear el desenvolvimiento de los grandes conglomerados o del sector privado, sino también la labor de cada gobierno nacional y/o provincial en materia de políticas y acciones –o la ausencia de ellas- en los campos de la cultura y los medios de comunicación. En ese sentido tampoco la mayor parte de las políticas públicas en dichos campos ha sido paradigma alguno de lo que el Estado, por la representación que le ha otorgado democráticamente la comunidad, debe hacer en áreas estratégicas para el desarrollo nacional, como son las de la información, la comunicación y la cultura. La observación crítica –no la imposición o la censura- de los contenidos que propalan los medios, incumbe así no sólo a lo que propalan las grandes empresas, sino también a la labor de aquellos que manejan los funcionarios de turno.

Precisamente la última gestión del organismo competente en materia de regulación de la radiodifusión del Estado, no ha estimulado políticas orientadas a un análisis real de los contenidos producidos en los sistemas de comunicación y de información, sean públicos o privados. Muchas de las medidas gubernamentales, se dispusieron casi espasmódicamente y no pasaron de algunos amagues mediáticos, sostenidos más en alguna coyuntural disputa política o económica que en una real preocupación de encuadrar a los medios de dichas empresas –y también a los propios- en la función de un verdadero servicio público, que es el lugar que legítimamente les corresponde. También con igual liviandad fue tratado un tema de singular relevancia como fue la prórroga de las licencias del espectro radioeléctrico –que es propiedad de toda la Nación y no de un determinado gobierno o grupo de empresas privadas- sin llamado a licitación y sin evaluar el cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en los pliegos licitatorios al momento de su concesión, a los grupos concentrados que ya venían haciendo uso de ellas.

Ello explica el fracaso de las sucesivas convocatorias a una nueva ley de radiodifusión, los alrededor de 70 proyectos cajoneados en el Congreso Nacional, las más de 200 enmiendas por decretos de “necesidad y urgencia” del Poder Ejecutivo de los ´90 al decreto-ley 22.285 de la última dictadura militar que, obsoleto, y lleno de parches y remiendos, sigue teniendo aún –al menos teóricamente- una bochornosa vigencia. La más que elocuente ausencia de debate público sobre todas estas decisiones y omisiones, es otra de las características de las erráticas políticas públicas sobre los medios de comunicación que se han seguido en estos años de democracia y que contaron con un sospechoso silencio por parte de distintos actores sociales.

Ahora, también, los gestores y principales beneficiarios de aquellas pretenden llamar a silencio -a manera de verdadero lumpenaje mediático- el tema de la creación de un Observatorio de Medios, distorsionando la información sobre el sentido del mismo, a la vez que enfrentan de nuevo la anunciada sanción de una nueva ley de Radiodifusión. Una ley que, por otra parte, requiere de un debate serio y democrático entre los sectores más representativos de la comunidad. Debate participatorio que vaya más allá de las habituales “mesas chicas” a las que suelen concurrir solo algunos funcionarios y empresarios y que se proyecte con un sentido participativo y federal en otros espacios –organizaciones sociales, académicos, usuarios, etc.- tanto de la Capital como del interior del país.

El problema principal reside en la existencia –o ausencia- de una clara conciencia por parte de los decisores políticos y sociales, sobre la importancia que los medios de comunicación social y el conjunto de las industrias culturales poseen en la actualidad, por cuanto además de su creciente potencial económico y de dinamización del empleo, constituyen los principales vectores de la formación (o de-formación), la información (o des-información), la educación (o des-educación) y el desarrollo (o la involución) cultural de los argentinos.

1 de mayo de 2008

Observatorios de Medios y Cultura (Nota 2)


Por Octavio Getino

En materia de observatorios de cultura y de comunicación, hay miles de ellos en mundo, cada cual con sus particulares abordajes y modos de financiamiento, operatividad y metodología de trabajo. Sin ir más lejos, la propia Organización de Estados Americanos elaboró un proyecto de Observatorio Interamericano de Políticas Culturales y más de una vez los responsables nacionales de cultura de los países iberoamericanos coincidieron en la posibilidad de crear un Observatorio Iberoamericano de Cultura.
A partir de estas inquietudes, y con la aprobación de los gobiernos de la región, los ministros y responsables de la cultura iberoamericana, han puesto en marcha, con mayor o menor empeño y claridad, sistemas nacionales de información cultural.

Esto ocurre desde hace un par de años en Argentina, de igual modo que existe en la Secretaría de Cultura de la Nación un Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA) (www.cultura.gov.ar/sinca) y un Laboratorio de Industrias Culturales. En el Gobierno de la Ciudad –desde hace cuatro años- existe un Observatorio de Industrias Culturales, que nos tocó diseñar y coordinar entre 2004 y 2007 (www.buenosaires.gov.ar/observatorio). Una inquietud parecida manifestaron el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y los de otras provincias, e incluso hay universidades y facultades que tienen sus propios observatorios, como la Universidad de Córdoba o la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires. También los hay en organizaciones sociales, como la UTPBA, que representa a los periodistas de la ciudad de Buenos Aires.

Ellos tienen distintos niveles de desarrollo y evolución. Muchos están vinculados a universidades, como sucede con la Universidad de San Pablo, en Brasil, la Javeriana en Colombia, la de la República en Uruguay o el Proyecto Observatorio de Medios de Comunicación en Ecuador. Otros han surgido de iniciativas de profesionales de la comunicación o de organizaciones sociales como la Agencia de Noticias dos Dereitos da Infancia (ANDI/Brasil), dedicada a tratar el tema de los derechos de los niños y los jóvenes en los medios de comunicación, o la Veeduría Ciudadana de Comunicación Social del Perú, y también de iniciativas internacionales como el Observatorio Global de Medios, de Venezuela, asociado al Observatorio Internacional de Medios (Media Watch Global).

Se estima que a nivel mundial oscila entre 1.000 y 1500, el número de observatorios dedicados a la cultura y los medios de comunicación. Tal como observa Germán Rey, de la Universidad Javeriana y miembro del Sistema Nacional de Ciencia de Colombia: “Los Observatorios tienen focalizaciones temáticas o ejes específicos de su acción. Mientras que unos insisten en los derechos de la infancia y los jóvenes, otros subrayan el papel de los medios en la representación de los conflictos internos; mientras unos se ocupan preliminarmente de la relación entre información y elecciones, otros se preocupan por los derechos humanos, la intimidad o la figuración de la alteridad. Hay observatorios que buscan incidir en la generación de leyes mucho más modernas y democráticas en materia de medios e información, mientras que algunos intentan observar permanentemente la información proporcionada por los medios de comunicación en un período particularmente turbulento de la historia política, social y comunicativa del país. Todos estos temas tienen sin embargo dimensiones comunes: el reconocimiento de la importancia de la comunicación para la democracia, la necesidad de fortalecer el derecho ciudadano a la información, la insistencia en las exigencias que desde la ciudadanía se hacen a los medios para que los ciudadanos puedan ser cada vez más autónomos, la urgencia de participar en la construcción de agendas públicas así como en la democratización de las comunicaciones”.

La importancia de esta labor de alcance mundial, pero de aplicación local –lo que se observa siempre es un recorte de un contexto delimitado como campo de estudio- fue puesta de manifiesto en sucesivos encuentros, algunos de carácter regional, convocados por organismos intergubernamentales y otros de mayor amplitud, como fue el realizado en San Sebastián, España, en noviembre de 2007, en las llamadas Jornadas Internacionales con los Observatorios de la Cultura.

En Francia, Alemania y España hay instancias creadas por el Estado que son independientes de la gestión (siempre contingente) de gobierno, que observan el funcionamiento de los medios (de gestión estatal o privada) con el resguardo de la diversidad y la pluralidad de quienes realizan esa observación. Tal vez el observatorio europeo que más se parezca a los latinoamericanos sea el Observatorio Francés de Medios, también creado a partir del Foro Social Mundial y surgido oficialmente el enero de 2003 en París. Conectado al Media Watch Global trata de “proteger a la sociedad contra los abusos y las manipulaciones”, así como “defender la información como un bien público y reivindicar el derecho de los ciudadanos a ser informados”. Otro observatorio que realiza una labor remarcable es el OETI (Observatorio Europeo de Televisión e Infancia) localizado en Barcelona.

Un relevamiento efectuado por Luis Albornoz, de la Universidad Carlos III de Madrid y Michael Herschmann, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, identificó en 2007 un total aproximado de 55 observatorios de cultura, políticas culturales y medios de comunicación en el espacio iberoamericano (actualmente sería posible identificar alrededor de 150 observatorios en la región). Alrededor de la mitad de los mismos correspondía en aquel año a España, una decena a Brasil, y cuatro en cada uno de los países de Argentina, Colombia y Uruguay. Asimismo se conocían las experiencias de otros sistemas y veedurías de medios en Perú, El Salvador, Venezuela y otros países de la región. Algunos de ellos, financiados por fundaciones internacionales, como la Ford, en Brasil, y otros por poderosos emprendimientos privados, como el Banco Itaú de Brasil (Observatorio Itaú Cultural), un proyecto del cual inicialmente participamos en carácter de consultoría y que tendía a cubrir un vacío enorme en materia de información sobre el espacio cultural brasileño. Otros dependen de organismos gubernamentales, como arriba se ha mencionado, y por tanto están sujetos a las contingencias políticas y a los imprevisibles y repetidos cambios de funcionarios. Los hay también de carácter mixto.

El criterio que rige la habilitación de estos observatorios, es la de relevar y sistematizar información cuantitativa y cualitativa sobre los recursos culturales y los medios de comunicación social existentes en cada país o localidad, ya sea con mapeos, relevamiento de datos y producción de estadísticas, o mediante encuestas acotadas a ciertos temas, de modo de procesarlos y ponerlos en servicio de la comunidad. El punto de partida es la incuestionable afirmación de que no existe política ni proceso de toma de decisiones, de carácter público o privado, que puedan ser confiables y sustentables sin tomar en cuenta una masa de información fidedigna y actualizada.

Un elemento predominante en muchas de estas experiencias, es la concentración en los estudios meramente cuantitativos –estadísticas, incidencia económica, cuentas satélites de cultura, etc.- aunque, a veces también esto se complementa con cierta orientación hacia el análisis de la dimensión cualitativa. Es decir, los contenidos simbólicos que son el soporte motriz y la esencia misma de las industrias culturales y los medios de comunicación, y sobre cómo ellos inciden no ya en la economía, la balanza comercial o el empleo, sino en la formación de ciudadanía.

Este tema fue materia de un seminario internacional a mediados de 2007 en Bogotá, cuando las autoridades culturales de esa ciudad convocaron a especialistas de los países andinos para intercambiar experiencias en el diseño de indicadores culturales que permitieran medir, no sólo la oferta y la demanda de actividades o servicios culturales o mediáticos –espectáculos populares, programas televisivos, shows musicales, eventos turísticos, programas deportivos, etc.- sino, particularmente, el efecto social que dichas políticas, estrategias y acciones tienen en la disminución de la violencia, el combate a la droga, la inclusión social, la formación ciudadana, los valores solidarios, etc. Para quienes fuimos invitados a participar en dicho encuentro, este enfoque tenía una importancia y una complejidad mucho mayor que la simple –aunque necesaria- recopilación de datos cuantitativos (a los cuales la mayor parte de las empresas también se resisten, porque si la información es poder, democratizarla es hacer otro tanto con el poder mismo, objetivo que no coincide con los intereses sectoriales de las grandes empresas de la comunicación y los medios).