29 de marzo de 2007

La deuda interna de la democracia con la cultura


por León Repetur

Veintitrés años han pasado de aquél ‘83 lleno de esperanzas. El retorno de la democracia presagiaba un cambio profundo en las políticas culturales que habíamos soportado durante la dictadura. Muchas cosas se modificaron, se despertó el gigante dormido: las calles se llenaron de espectáculos, se retomó un camino de movilización, activismo y discursos llenos de alabanzas a la cultura y a sus protagonistas.
Pero al poco tiempo, cuando se agotó el entusiasmo y el voluntarismo, apareció la gran carencia en las políticas culturales.

En estos 23 años y sólo para enumerar:
• No logramos una Ley de Radiodifusión de la Democracia
• No disponemos de ningún sistema de información ni de datos culturales confiables
• No sabemos quiénes somos, cuánto aportamos al PBI, ni qué hacemos
• No disponemos de una institucionalidad cultural, ni en la Nación ni en Mendoza, acorde con los tiempos: democrática, participativa, y menos federal
• Sí seguimos concentrando el 70 por ciento del presupuesto público de cultura en los 50 kms. alrededor de la Casa Rosada.

Este último sí , es el más preocupante. Sumados los presupuestos de Cultura de la Nación, con el presupuesto de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y el de Cultura de la Provincia de Buenos Aires nos encontramos que el 70 por ciento o más del gasto publico en Cultura se concentra en ese espacio. Mayor inequidad, imposible.
Si además le sumamos los fondos del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), del INT (Instituto Nacional del Teatro) y del Fondo Nacional de las Artes, que también se vuelcan en su mayoría en esos influyentes 50 kms., el panorama es por demás desalentador.

Por el lado de las provincias las cosas no están mejor. El ejemplo concentrador en torno a las capitales se repite en cada distrito. Y las áreas culturales municipales, dejadas de lado por el poder central nacional y provincial, han ido achicando sus presupuestos y sus propuestas, sus planteles y su intervención.
Consecuencias: espacios vacíos de infraestructura y de actividades en el 90 por ciento del territorio; ausencia de capacitación de los agentes del sector; uso emblemático de la cultura por parte del poder político y crecimiento de la pobreza como única expresión del cambio social y cultural en estos años de democracia.

Pizza, birra y faso

Este cuadro nos plantea una grave crisis cultural. Nos remite a una tesis que compartimos, del chileno Patricio Rivas, presentada en uno de los Cabildos Abiertos de la Cultura en el 2002 en Viña del Mar: “La crisis civilizatoria actual es una crisis cultural al interior de la cual se mueve la política y la economía con diversos grados de autonomía. Es una crisis cultural porque lo que está en el centro del proceso son las condiciones psicosociales de la existencia, es el sentido mismo de la humanidad como proyecto colectivo y compartido. Recordemos que la UNESCO entiende por cultura a las formas de vivir juntos, las maneras en que se organiza la convivencia entre las personas (PNUD, citado en 2002) y es esencialmente esto lo que se está reconvirtiendo, sin que termine de consolidarse aún una orientación y una mirada compartida”

De más está aclarar que las señales de esta crisis: incremento de la pobreza, inseguridad creciente y violencia, marginalidad, parálisis de la investigación pura y aplicada, desaceleración tecnológica, asimetría creciente en la distribución de los ingresos, y otras realidades que sí se detectan en los informes estadísticos especializados, tanto nacionales como internacionales.

Iluminados por el fuego

Esa crisis cultural se refleja profundamente en las actividades relacionadas con la concepción acotada de cultura que abarca los sectores de la producción artística y comunicacional. A la pérdida de bandera de las editoriales y de la exhibición y distribución cinematográfica; al cierre progresivo de salas de teatro y de usos múltiples en casi todas las ciudades del país; a la desaparición de las librerías barriales; al desmantelamiento progresivo de centros culturales y sociales comunitarios, se deberán sumar las consecuencias del empobrecimiento masivo, que genera pérdida de salud psicofísica de la población y por ende su participación y protagonismo en la creación y circulación simbólica.
A la mayoría de los argentinos les queda la sola opción de ser espectadores en la interminable sucesión de festivales de música popular (folklórica, rockera y bailantera) devenidos en expresión máxima de política cultural de muchos espacios oficiales de la cultura.

Se completa así un ciclo que ha ido desalojando del protagonismo cultural a las mayorías nacionales y los ha convertido en los reservistas derrotados en la batalla que ganaron las majors y los grandes consorcios culturales y comunicacionales que supimos dejar transformar en fuerza monopólica.
Y lo que hace más doloroso este cuadro de situación, es que durante todos estos años, los ciudadanos hemos aportado a los recursos públicos (pocos o muchos, lo mismo da, porque no hay datos claros) que se destinan al gasto cultural en los organismos nacionales (Cultura, Cancillería, INCAA; INT, FNA) provinciales y municipales.
La pregunta que nos hacemos en esta instancia y frente a este cuadro es: ¿qué se hizo con ese dinero; en qué se usó; quiénes y porqué tomaron las decisiones; qué cuentas han rendido a la ciudadanía de los resultados de esas decisiones y qué piensan hacer de aquí en adelante?

Il Gatopardo

Y estas preguntas son pertinentes, porque si algo ha caracterizado a las sucesivas gestiones culturales democráticas, es que, casi ninguna gestión ha propuesto un plan, con metas claras, indicadores, monitoreos, prioridades, etc, que permitan evaluarlos. En definitiva, podemos decir que hasta el momento ha imperado un miserable pragmatismo sintetizado en el viejo “se hace lo que se puede”

“Así, la política cultural, en vez de resultar un proceso informado derivado de las demandas de los ciudadanos a través de sus elecciones en el marco de la democracia representativa, y que trata de racionalizar las relaciones entre fines y medios en entornos de eficacia, eficiencia y equidad (como ocurre en otros ámbitos de la acción pública) se convierte de la mano de los agentes culturales enrolados en la gestión, en otro proceso creativo ocurrencial y que la mayor parte de las veces responde a las querencias, fobias y filias de estos agentes y que considera a los ciudadanos, usuarios o no, en un incordio prescindible.”
Pau Rausell Köster – Por un nuevo contrato cívico en política cultural.

El Padrino

Si algo ha caracterizado a las gestiones es el poco interés por evaluar sus políticas, la fascinación por el espectáculo, la no-participación y la inexistencia del debate ciudadano en la priorización de proyectos. Y también el permanente uso del recurso a personajes providenciales para la orientación y gestión de las políticas. Recordar algunos de los nombres que ocuparon el máximo cargo en la cultura dela Argentina y en Mendoza es parte de otro capítulo a desarrollar.

La recurrencia permanente a personajes considerados salvadores o expresión máxima de la cultura de los argentinos, por lo que hemos heredado, parece no haber sido acertada. ¿Se habrá pensado que con unos títulos académicos abajo del brazo o con la autoría de algunos libros de investigación o de ficción era suficiente para conducir una gestión seria y moderna en el complejo campo de la cultura? ¿ O que amar la programación de un teatro y la buena música es suficiente para llevar adelante la consolidación de los valores simbólicos y morales de una sociedad? ¿ O qué haber sido actor, o escritor, o músico, o intelectual, habilita automáticamente para gestionar la complejidad fascinante de las relaciones de convivencia y de expresión de una comunidad?

La tarea parece estar requiriendo otro tipo de perfil, diferente al elegido en estos años de democracia. Gente comprometida, con conocimientos de gestión en el sector, con suficiente empatía con la gente común y corriente, con respeto por la cotidianiedad de las mayorías, con poder político para definir prioridades y no dejarse llevar por las corporaciones artísticas , comunicacionales o políticas. Con capacidad para relacionarse con las necesidades y propuestas de la sociedad civil, verdadera portadora y generadora de la riqueza cultural de una Nación. No tenemos más remedio que empezar a detectar personas con menos “pedigree” y más capacidad profesional probada en la gestión de esta política pública, clave para el posicionamiento simbólico del territorio que habitamos.

Un lugar en el mundo

Para ir cerrando propongo algunos temas para el debate ciudadano y con el poder político.
En primer lugar es imprescindible un sistema de información cultural serio y continuo que nos aporte indicadores, estadísticas e información confiable. Que sirva tanto a los productores, inversores, hacedores, como a la ciudadanía, para evaluar y controlar el uso de los recursos materiales y humanos afectados.
En segundo lugar aportar desde las políticas culturales a la vertebración de una sociedad más equitativa, pensando en la generación de empleo, democratización del conocimiento y la tecnología, consolidando las industrias culturales y los emprendimiento socioculturales, con fuerte protagonismo de las provincias y los municipios.
En tercer lugar, la dilapidación de recursos y esfuerzos que hemos sufrido en estos años deben terminar. La tarea no pasa, como ingenuamente se propagandiza en la web de cultura de Mendoza por el uso de $ 850.000 en fondos concursables para proyectos culturales con impacto social. Los shows artísticos que se hacen periódicamente de la mano de los “gestores oficiales” cuestan más caros y ahí nadie concursa. Más contrasentido imposible.

Una política cultural en serio pasa por permear cada espacio del Estado y de la sociedad civil, en la totalidad del territorio, con un discurso y un plan, que priorice el debate nacional y convoque a los agentes interesados en la articulación de nuestros valores simbólicos en condiciones de eficiencia, equidad y eficacia.
Sin protagonismo de los municipios y de las Provincias, sin claridad de objetivos y metas, sin compromiso por la transparencia y la información, las políticas culturales oficiales, seguirán naufragando en la banalidad. En ese caso, sería mejor que no existieran y que la sociedad civil siguiera sola, sosteniendo su empecinada tarea de consolidar esa Novia del Porvenir que es la Patria, como decía Leopoldo Marechal.

27 de marzo de 2007

Canciones para restaurar la politica


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En cuanto comenzó a caer la noche, los recién llegados se reconocían con abrazos o carcajadas y la esquina del Tajamar, en la Alameda, no tardó en llenarse con las anécdotas y chismes de la actividad política. La mayoría de los viejos conocidos se asombraba por la gran cantidad de jóvenes que había asistido a la convocatoria del MRP.
No es para menos: hacía un cierto tiempo que Jorge Marziali no tocaba en su provincia. Ya sea por la frivolidad del cobismo, que convirtió a la gestión oficial de la cultura en un auxiliar de la planificación turística, o por el temor de algunos empresarios artísticos de tropezar con alguien o algo que tenga que ver con el arte; lo cierto es que los mendocinos pueden disfrutar de su cantor apenas cada uno o dos años, con suerte.

Pero la presencia de los jóvenes sorprendía a los más veteranos, también, porque los afiches y volantes hablaban de un homenaje a los caídos del movimiento obrero argentino durante la dictadura. Y entender que la enorme mayoría de las víctimas de la represión fueron militantes sindicales de base es algo que no resulta del todo fácil para quienes crecieron bajo la tutela historiográfica demoliberal, que insiste en presentar al golpe del 24 de marzo como una suerte de embestida reaccionaria sobre las lúcidas conciencias del progresismo. Por el contrario, y lejos de estas remanidas fábulas racionalistas, el MRP 4 de Abril invitó a pensar los trágicos sucesos de 1976 desde el escenario que presenta el conflicto de clases en una sociedad periférica con las particularidades propias del proceso histórico latinoamericano (ver nota anterior).

Una noche acogedora, la emoción de la numerosa concurrencia y las canciones de Jorge Marziali completaron este reencuentro de la militancia nacional, donde los renacidos hijos de Fierro convocaron a trabajadores, intelectuales críticos y estudiantes con sensibilidad revolucionaria a restaurar la política.

24 de marzo de 2007

EL GOLPE DE ESTADO DE 1976 Y LOS TRABAJADORES


La camarilla de militares y civiles que llevó a cabo el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, no se proponía recuperar el orden de la República, como se dijo, ni los siempre invocados valores del Occidente cristiano.
Tampoco se propuso detener el avance de las organizaciones político militares —aisladas de las masas y en franco retroceso—; ni frenar la escalada inflacionaria que se había instalado durante los últimos meses del gobierno de Isabel Martínez de Perón.

Precisamente, para detener la inflación hubiese bastado intervenir en las cadenas de distribución comercial y exportación, con la misma operatividad militar utilizada para desalojar al Gobierno. De ese modo, se podrían haber evitado el agio y el almacenamiento clandestino de productos de primera necesidad. Ambos, como se recordará, fueron instrumentos efectivos que los monopolios aportaron a la estrategia golpista; tal como habían sido utilizados, apenas dos años antes, contra las autoridades constitucionales de Chile.

Claro que no se trataba de un simple error de apreciación de los jefes militares; ni la colaboración de los llamados Grupos Económicos era gratuita. La dictadura de Videla y Martínez de Hoz no sólo les ofrecía el arribo de un nuevo modelo económico y social a pedir de boca sino que, fundamentalmente, les allanaba el camino de toda resistencia popular, especialmente en el plano gremial. Pues para cumplir con la reconversión exigida, fue necesario llevar a cabo la más feroz persecución que haya sufrido el Movimiento Obrero Argentino en toda su historia.

El repliegue de los brujos

Los sectores concentrados e internacionalizados sabían que, para remplazar el modelo económico, resultaba fundamental disolver las organizaciones sindicales y reprimir toda forma de práctica reivindicativa o política entre los trabajadores. Las movilizaciones de junio y julio de 1975 —conocidas como el “Rodrigazo”, en referencia al rechazo generado por el plan del entonces ministro de Economía, Celestino Rodrigo— habían puesto un alerta máximo entre las clases dominantes.

En aquellos días, como respuesta a la negativa oficial de homologar los convenios salariales acordados en paritarias, se había iniciado en el interior del país un proceso huelguístico que no tardaría en llegar al cordón industrial del Gran Buenos Aires y a los establecimientos fabriles de la Capital Federal. La presión de las bases desbordó a la CGT de Casildo Herreras, obligándola a ponerse al frente del conflicto y convocar a la huelga general para el 27 de junio, congregando a una imponente movilización en Plaza de Mayo.
Los grandes complejos industriales quedaron paralizados desde ese día, por iniciativa de las coordinadoras gremiales autoconformadas, hasta que el movimiento adquirió un carácter organizativo nacional con la declaración, por parte de la CGT, de un paro total de actividades por 48 horas, para el 7 y 8 de julio. A las 36 horas de iniciada la medida, el gobierno anunció la homologación de los convenios y unos días después presentaron su renuncia el ministro de Bienestar Social, José López Rega, y el titular de la cartera económica.

La hora de la espada

La primer experiencia de economía monetarista y neoliberal en la Argentina —que combinaba la suspensión de las paritarias, la devaluación, el aumento de tarifas y combustibles, la indexación de créditos y la liberación de precios— había sido derrotada por los trabajadores movilizados.
El proyecto de convertir al gobierno peronista en un instrumento oligárquico se desvanecía a poco de iniciarse. Y junto al recetario de la Escuela de Chicago, las movilizaciones desalojaron del escenario político al esotérico jefe de la Triple A —brutal organización terrorista orientada por la Logia P2 y bendecida por la CIA— que, a partir de ese momento, se demostró insuficiente para mantener el establishment semicolonial en el marco de un régimen democrático.

La derrota política de la derecha reaccionaria obligó a las corporaciones y su brazo militar a redoblar la ofensiva. Se inicia entonces la puesta en marcha del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional que —aprovechando las provocaciones suicidas, como en Monte Chingolo, de la conducción guerrillera; la hipocresía partidocrática; la “borrada” de algunos popes sindicales y la parálisis del elenco presidencial frente a la crisis inflacionaria— se pronunciará el 24 de marzo de 1976. Su carta de presentación será una batería de leyes prohibitivas: se suspendió la actividad sindical y se prohibió el derecho de huelga, al tiempo que fueron ilegalizadas la CGT y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas.

Las víctimas son culpables

El mismo día del golpe se intervinieron doce sindicatos, cifra que posteriormente se amplió hasta llegar a varios centenares. Una Ley de Prescindibilidad autorizaba la baja de cualquier agente de la administración pública. Se desató una auténtica cacería contra militantes sindicales. Muchos de ellos fueron detenidos, algunos incluidos en las Actas de Responsabilidad Institucional, otros puestos a disposición del Poder Ejecutivo. Miles de dirigentes medios y activistas de base fueron secuestrados y asesinados en la clandestinidad.
En abril de 1976 se sancionó una profunda re-forma de la Ley de Contrato de Trabajo —su autor, el abogado Norberto Centeno, fue acribillado en la vía pública de Mar del Plata un año más tarde—que anulaba las normas de avanzada que esta ley incluía en materia de derechos laborales.

Poco tiempo después, se sancionó la Ley 22.105 de Asociaciones Profesionales, con la que se disolvía la CGT y se prohibía el funcionamiento de cualquier otra institución similar. Entre otras medidas, este engendro jurídico proscribió las actividades políticas de los sindicatos y separó a las obras sociales de sus legítimos administradores. Esta embestida antiobrera era la llave maestra con la que iba a reinstalarse el esquema económico —esta vez a cargo de un ilustre paladín oligárquico, José Alfredo Martínez de Hoz— que las movilizaciones de 1975 habían frustrado.

Dicho plan —que perseguía, fundamentalmente, potenciar la valorización financiera del capital— se inició con el congelamiento de los salarios, que quedaron bajo el control del Poder Ejecutivo. “El salario real ha llegado a un nivel excesivamente alto con en relación con la productividad de la economía”, afirmó el ministro en 1976. Para comprender el impacto de esta medida, basta con señalar que el ingreso de los trabajadores nunca volvió a recuperarse: de hecho, a fines de 1976 el salario real había descendido un 60 por ciento respecto a los niveles de la primera mitad de la década.
Los más afectados por esta caída fueron los obreros industriales, que sufrieron en sus bolsillos y en sus fuentes de trabajo el derrumbe de la industria nacional. También, como rasgo indicativo, es necesario destacar que aproximadamente dos millones de trabajadores quedaron fuera del aparato productivo entre 1976 y 1982.

Las cuentas pendientes con la historia

Sería muy extenso detallar aquí como se fueron desarrollando las formas de resistencia de las organizaciones gremiales hasta llegar a la masiva movilización del 30 de marzo de 1982. Pero es imprescindible puntualizar que, a pesar de su alicaída capacidad de convocatoria y a su drástica reducción numérica, el Movimiento Obrero Argentino demostró ser —como en la mítica Resistencia Peronista— el refugio de la auténtica democracia de masas. No por obra y deseo de las estructuras dirigenciales, sino por imperio de las propias leyes objetivas del desarrollo histórico.

Desde esta perspectiva, es imprescindible recuperar el concurso de los trabajadores y sus organizaciones —más allá de los agrupamientos circunstanciales— en la nueva oportunidad que se nos presenta hoy de reconstruir el frente nacional y encaminarnos hacia la plena emancipación económica, social y política. En momentos en que los vientos del Nacionalismo Popular Revolucionario soplan nuevamente sobre la Patria Grande, tenemos que evitar, sobre todo, repetir los errores del pasado. “Las causas fundamentales de la caída del gobierno peronista en 1955 —escribió Rodolfo Puiggrós— son dos: la ruptura del frente nacional y la falta de conducción revolucionaria de la clase obrera. Una se conecta con la otra. El frente nacional se disuelve, tarde o temprano, si no está respaldado por la fuerza política propia de la clase obrera. Y la fuerza política propia de la clase obrera necesita del frente nacional para desarrollarse”.
La revolución nacional y democrática es una cuenta pendiente. Para llevarla a cabo no basta la mera declaración de fidelidad al Presidente de la Nación que, especialmente en este año electoral, se ha convertido en el leit motiv de los oportunistas.

Debemos empeñarnos en reincorporar a todas las fuerzas que componen, en las nuevas coordenadas del proceso histórico, el frente nacional con proyección latinoamericana. Creemos que aún es posible.
Sólo es necesario que las clases dinámicas de la sociedad argentina rompan el cerco del estéril electoralismo y se convoquen, como en todas las instancias clave de su historia, para restaurar definitivamente la política.

MOVIMIENTO PARA LA RESTAURACION DE LA POLITICA
MRP 4 DE ABRIL