Justicia para todos

por Raúl Quiroga

La noticia dice que la Confederación General Empresaria (CGE) pedirá a la justicia que investigue al ex titular de Economía, durante el último gobierno de facto, José Alfredo Martínez de Hoz, para que explique el cierre de 20 mil establecimientos industriales y la destrucción de miles de puestos de trabajo.

Tal vez se trate de un nuevo capítulo de la disputa entre la representación gremial de la hoy difusa burguesía nacional —forjada durante los años del peronismo al que, dicho sea de paso, no tardó en traicionar— y el economista emblemático de la factoría semicolonial argentina.

El escenario de batalla más expuesto tuvo lugar durante la dictadura nacida en el golpe de Estado de 1966. Por entonces, el jefe de la CGE, José Ber Gelbard, disputaba la orientación oficial de la economía con la alicaída Asociación Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL). Esta última había sido creada en 1958 para evitar, precisamente, la devolución de la personería legal a la CGE.

ACIEL estaba impulsada por la Unión Industrial Argentina (UIA), a quien acompañaban la Sociedad Rural; la Bolsa de Comercio; la Cámara Argentina de Comercio; la Bolsa de Cereales y la Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA), que nucleaba a los bancos extranjeros. Representaba, en suma, a los sectores más concentrados e internacionalizados de la economía argentina.

Desde los últimos años de la “Revolución Argentina”, el gelbardismo empezó a ganar batalla tras batalla. Durante el gobierno de Alejandro Lanusse, Gelbard realizó negocios colosales (e impresentables; vgr. ALUAR), al tiempo que se convertía en una de las piezas estratégicas del General Juan Domingo Perón en el exilio, lo que le llevaría a ser ministro de Economía entre 1973 y 1975.

Para debilitar al “tendero de Once” —como llamaba el cipayaje patricio, despectivamente, al jefe del sector industrial de pequeña y mediana escala— las "empresas líderes" impulsaron el Consejo Empresario Argentino (CEA), orientado por José Alfredo Martínez de Hoz, que formalmente existía ya desde 1967. Este nuevo lobby se constituyó en el catalizador de los distintos factores de poder que confluirían, años después, en la reconversión del modelo industrial sustitutivo. Modelo este último, recordamos, que había evolucionado, en distintas fases y proyectos, desde fines de los '30 hasta alcanzar su más acabada formulación en la década peronista.

A manos de este poderoso instrumento oligárquico, la CGE —y con ella el aparato productivo argentino– sufrió dos estocadas mortales: el “Rodrigazo” y el plan económico, amparado por el terrorismo de Estado, que el propio titular del CEA puso en marcha el 2 de abril de 1976.

A partir de esa fecha, Martínez de Hoz fue el responsable de una plaga que asoló al país. Avaló medidas económicas que permitían la libre importación —favorecida por el esquema cambiario— en detrimento de la fabricación nacional, lo cual produjo una verdadera avalancha de cierres de fábricas y despidos.

Era la época donde el dinero fácil y sin responsabilidad de mantener fuentes genuinas de trabajo o el traspaso de las deudas al Estado alimentaron una fantasía de guita dulce que, ahora y a la distancia, cuesta creer que se mantenga impune. Pues revisando algunos liderazgos industriales de estos días —como el de Juan Carlos Lascurain, titular de UIA y hombre de confianza de Paolo Rocca o el de Luis Betnaza, su vice, quien es director del grupo Rocca/Techint— parece que esta catástrofe ocurrió en Siberia y no en la Republica Argentina.

Dicho de otra manera: a gran parte de los dirigentes empresarios, cuyos operadores son hoy recibidos en los despachos oficiales, les cabe una indiscutible responsabilidad sobre miles de argentinos que padecieron hambre y necesidades extremas; de hombres y mujeres que no tuvieron ninguna oportunidad para poder decidir sobre su futuro, muchos de los cuales figuran hoy en las listas de desaparecidos.

En tal sentido, resulta al menos curioso que la UIA —donde se nucleó la elite de la dictadura— se haya convertido en un respaldo “confiable” de la Presidenta durante el paro rural. Tan curioso como que, al mismo tiempo, se califique de “golpistas” a quienes encabezan la protesta de los chacareros, por el sólo hecho de compartir tales acciones con la Sociedad Rural, antigua socia de la ahora democrática entidad empresaria.

Estos dirigentes, insistimos, participaron y fueron parte de una de las paginas más negras de la historia. Y deberían ser juzgados por el crimen de traición a la Patria. Sería bueno que, a partir de este pedido de la CGE, la Justicia investigue y castigue a José Alfredo Martínez de Hoz. Pero también sería bueno que se investigue a quienes, alentados por el plan de los financistas internacionales, se beneficiaron con la reprimarización económica y la timba financiera, a costa del destino histórico de los argentinos.