Por Octavio Getino
Un nuevo fantasma pareciera recorrer, si no todo el mundo, al menos los intereses de los poderosos grupos mediáticos de América Latina. De manera simultánea y coordinada las grandes empresas de multimedios de distintos países de la región -precisamente aquellos donde han comenzado a instalarse proyectos políticos de cambio, como Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua- esgrimen a manera de “cacerolazo” más o menos sincronizado el fantasma de los “observatorios” que se insinúan por parte de algunos gobiernos para monitorear lo que hasta ahora son territorios sectorizados –exclusivos y excluyentes- de poderosos grupos económicos y financieros, locales e internacionales.
En este tema, como en muchos otros, no es difícil advertir la manipulación de la información por parte de los grandes medios –donde se incluye un entramado de comunicólogos periodistas de renombre y numerosos punteros mediáticos- para intentar defenestrar cualquier tentativa que provenga del Estado o de la propia sociedad, para observar en términos de interés social la situación de un sector como el de los medios, dueños de sistemas comunicacionales –a la vez culturales y educativos- más poderosos que aquellos que manejan los propios Estados para la información y la formación democrática de la ciudadanía.
Los medios representan porciones de la realidad. Tal como señala Martín Becerra, de la Universidad Nacional de Quilmes, “lo que aparece en ellos y lo que es omitido (por criterios de noticiabilidad siempre falibles) construye a su vez un marco de agenda que instala unos temas y valores determinados, en detrimento de otros. La cobertura mediática del conflicto del campo demostró, una vez más, que el enfoque de la realidad jamás es imparcial, que en la selección de las fuentes y de los testimonios hay tendencia, y que se puede erosionar la posición de algunos actores para favorecer la imagen pública de otros. Es necesario hablar de ello. Es ilógico que en democracia se pueda hablar de todo, menos de los medios”. (La Nación, 12-4-08)
Toda sociedad necesita de sistemas de información confiables, de observatorios que permitan un mejor desenvolvimiento de los individuos, los grupos sociales, y las empresas públicas y privadas, y de todos los actores vinculados a la transformación, es decir al mejoramiento integral de la propia sociedad. Ello explica la existencia de Consejos Nacionales de Investigación, Institutos de Estadística y Censos, Servicios Nacionales de Meteorología, Sistemas Nacionales de Consumos Culturales, Sistemas de Información Cultural y como parte de esos y otros instrumentos destinados a conocer más y mejor el contexto donde se define nuestra existencia, de Observatorios Nacionales, Provinciales, o Locales para reunir y procesar información de muy distinto carácter (políticas culturales, economía, mujer, infancia, industrias culturales, gestión, discriminación, etc.). Precisamente, en el contexto de expansión multimedial global, el Estado no sólo puede, sino que tiene la obligación de analizar, monitorear, y regular la circulación de contenidos –de manera científicamente mensurable- que hacen a la salud de la población, como ocurre con los productos farmacéuticos y los alimenticios. A nadie se le ocurriría dejar estos productos tangibles solamente en manos de los poderosos grupos empresariales que los producen y distribuyen, sin controles de ningún tipo, con el pretexto de garantizarles una supuesta “libertad de empresa”. El más elemental sentido común advierte que a dichos grupos, más que la salud o la sana alimentación de una comunidad, les importa el monto de las ganancias que habrán de presentar anualmente a sus accionistas o a los fondos de inversión de los cuales dependen.
El problema aparece cuando se pretende incursionar en los contenidos intangibles –más difíciles de evaluar que los puramente materiales- pero que inciden en la información, la educación y la cultura de la población, es decir en el basamento de la salud ciudadana, con tanta o mayor fuerza, para bien o para mal, que los referidos a la alimentación o a la salud física. Este campo pareciera estar vedado en términos casi absolutos para toda persona, sector o gobierno y el pretexto es el de la llamada “libertad de prensa”, que como más de una vez se ha dicho, sólo sirve a quienes tienen el poder de ejercerla, es decir a las grandes empresas.
Sin embargo, la libertad de prensa es un bien social; es decir es una garantía constitucional pensada para el conjunto de la sociedad y, es en función de preservar este bien colectivo, que ella resguarda de las distintas formas de censura, directa o indirecta, que se puedan ejercer sobre los periodistas y los medios de comunicación social.
Convengamos en que la censura no es solo la de carácter político o ideológico que puede provenir del Estado, sino que las grandes corporaciones económicas constituyen hoy los grupos de poder fáctico que tienen una capacidad mayor a la de aquél para definir qué informaciones habrán de circular en la sociedad u omitirse, y de qué manera las mismas serán enfocadas, según convenga o no a sus intereses, al menos en los medios que ellos controlan de manera directa –como accionistas- o indirecta, en su carácter de anunciantes.
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