Sin retenciones a la discusión política

Por Raúl Quiroga

Fueron cien días de la razón de la sin razón.

Una eternidad de desencuentros en el mejor escenario económico.
Un escenario que, paradójicamente, ofrece condiciones inmejorables para el encuentro.
Un encuentro que nos permita encontrar la fórmula del despegue.

Para ello se requiere recuperar el valor de la palabra.

Pues si en su momento se asumió el compromiso de recuperar la calidad institucional de la República, no se puede ahora soslayar el marco que impone la Constitución Nacional.

Y si antes aún se invocó el federalismo, no se puede seguir apostando a la centralización, a manos del Poder Ejecutivo Nacional, y a la concentración, a manos de pooles y corporaciones, de las riquezas del pueblo argentino.

El Poder Legislativo debe hacerse cargo de sus potestades

Más allá del resultado que ofrezca el actual debate en torno al proyecto oficial sobre retenciones móviles, los legisladores nacionales tienen la obligación de derogar el artículo 755 del Código Aduanero, sancionado en 1981 durante la última dictadura militar, que delega en el Poder Ejecutivo la potestad de definir la aplicación concreta de los derechos de exportación, los bienes gravados y la alícuota aplicable.

Porque esta delegación de las potestades del Congreso es inconstitucional.

El artículo 75 inc. 1 de la Constitución Nacional establece, como primera facultad del Congreso, la de “legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación”.

Reforzando esa norma, el artículo 76 de la Constitución establece también claramente que “Se prohibe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.

Está claro que al momento de dictarse la resolución 125, donde se estableció el sistema de retenciones móviles, el país no se encontraba en ninguna emergencia, ateniéndonos estrictamente a las palabras de la Presidenta.

¿Gobierno federal o centralismo confiscatorio?

Según la Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, existen antecedentes judiciales que indican que cuando un impuesto supera el 33 por ciento resulta confiscatorio. Otro tanto afirma su par, Eugenio Zaffaroni, quien también adelantó que la alícuota del 44 por ciento aplicada por el Ejecutivo a las exportaciones podría ser discutida en la Justicia por lesionar el derecho de propiedad.

A ello debería agregársele que las retenciones, al aplicarse sobre los ingresos brutos (valor de venta), no toman en cuenta la situación patrimonial de los productores ni la utilidad de las explotaciones agropecuarias. De esta manera, se omite el principio reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto que los impuestos deben observar la manifestación de riqueza que absorben

Bastaría, por lo tanto, que se aplicaran la ley y la Constitución para empezar a revertir el centralismo económico vigente. Pero es la lógica del disciplinamiento lo que parece decidir lo que está bien y lo que está mal; dónde se aplica la ley y dónde no; lo que hacer y lo que no.

Ya no sos mi Margarita

Nunca dejan de sorprenderme los cambios tan importantes y drásticos de ideas que afectan a los dirigentes cuando alcanzan una dosis de poder.

Lejos quedó el año 2002 cuando el ahora ex presidente Néstor Kirchner explicaba por todo el país que las retenciones eran confiscatorias de las riquezas de las provincias y no hacían otra cosa que financiar las políticas —y a los políticos— desde Buenos Aires.

También explicaba que tales retenciones, si no se aplicaran, podrían producir una mejora de la productividad y, por lo tanto, se podrían tener mas recursos en las provincias productoras. (En un video que circula por Internet habla de Santa Fe, específicamente).

Pero claro, eran otros los escenarios políticos que justificaban aquella puesta en escena. Es como si el cambio de hábitat de Santa Cruz por Buenos Aires hubiera hecho mutar al entonces rebelde gobernador provinciano; adoptando sin modificación alguna el centralismo brutal que practicaron Menem y Cavallo quienes, al mejor estilo de los regímenes coloniales, manejaron discrecionalmente la renta de los argentinos desde el puerto.

Ese mismo centralismo de los tiempos de Rivadavia y de Rosas, que se reforzó como nunca antes con el menemismo, mediante la práctica de los “superpoderes” y los decretos de necesidad y urgencia.

El federalismo en el centro de la escena

En este sentido, debemos de recordar que en el año 2002 la Nación y las Provincias acordaron que el monto de los recursos nacionales a distribuir no serian inferiores al 34 por ciento del total de los recursos. Sin embargo, hoy son del 24 por ciento, con tendencia a bajar aun mas. (De hecho, el aumento de las retenciones —que no son coparticipables— achicaría la recaudación por Ganancias, que es coparticipable).

El tema de fondo de la discusión no debe circunscribirse, entonces, a la soja o a las retenciones. Porque lo que está en juego es la concentración del poder económico y de los recursos nacionales.

Es por ello que los legisladores tienen una inmejorable oportunidad para demostrar que aquello de construir un País Federal no fue sólo retórica. Se trata de una posibilidad histórica de corregir distorsiones con el mero asesoramiento de la sensibilidad patriótica, a fin de recuperar la soberanía popular como base indisoluble de una nación que se precie de tal, con sus poderes independientes e intactos.

Una nación orgullosa de la dinastía federal, legada por José Gervasio de Artigas en los albores de nuestra independencia.