¿Cayó la ficha?

Por Manolo Giménez

Este domingo 20 de julio, a través de una nota de Horacio Verbitsky en Página 12 —luego resumida en un despacho de la agencia oficial Télam—, se informó que el Gobierno Nacional por fin reconoció la formidable estafa que los grandes exportadores de granos intentaron llevar a cabo contra el pueblo argentino. Y hasta estaría dispuesto a investigarla por recomendación de la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

Por supuesto que, en ningún momento, se desliza alusión alguna a la responsabilidad del Poder Ejecutivo y del oficialismo parlamentario en la cuestión. O la indiscutible funcionalidad que a tal maniobra prestaba la derogada resolución 125.

Todos los oligarcas son iguales

No ocurre lo mismo con un tal René Horacio Ducret, a quien se le dedican varias líneas incriminatorias en la nota de Página 12 y Télam por ser el vicepresidente de Luis Ducret & Cía SA, empresa que registra 3 mil toneladas, entre maíz y girasol.

Cifra que contrasta, por ejemplo, con las presentadas por Cargill que figura declarando, sin tenerlas ni haberlas adquirido, 4 millones de toneladas de soja y 22.500 de girasol; 25 mil toneladas de maíz, 120 mil de aceite de girasol y 436 mil de aceite de soja.

O por la Aceitera General Deheza, la empresa del senador Roberto Urquía, que declara en las mismas condiciones, 54.500 toneladas de girasol, 11.000 de aceite de girasol, 381.000 de aceite de soja y 1.325.000 de harina de soja

El protagonismo que se le otorga a Ducret en la denuncia responde a su condición de presidente de la Sociedad Rural de Baradero (sí, de Baradero) y de haber participado de la protesta rural.

Un perro guardián

Aunque sin adjetivar demasiado, Horacio Verbitsky alude al régimen legal que le permitió a las corporaciones congelar el precio y la alícuota al día del registro y a la resolución de la Secretaría de Agricultura, que les otorgó un plazo de 365 días para concretar la operación con los valores congelados.

También a que en los primeros días de noviembre de 2007 se registraron 26,5 millones de toneladas, congelando así la alícuota vigente del 27,5 por ciento. Apenas días antes del aumento de dicha alícuota al 35 por ciento.

Frente a todas estas pruebas de connivencia entre las corporaciones y el Gobierno, Verbitsky ensaya una disimulada defensa, por momentos infantil. Como cuando dice que las corporaciones ejecutaron la maniobra ya no de acuerdo con las autoridades del área o por infidencia delictiva de algún funcionario, sino porque “desde el 1º de noviembre de 2007 versiones de prensa dejaron saber que las retenciones se aumentarían del 27 al 35 por ciento” (SIC).

O desde el puro sofisma, afirmando que, en el primer mes del conflicto, el Gobierno intentó reformar la ley de Granos —que exceptúa a los granos y sus subproductos de pagar al nivel y al precio del día de la exportación— pero la reforma “quedó postergada por la dinámica de los acontecimientos”.

Yo diría que si algo justificaba enviar esta reforma al Congreso era, precisamente, “la dinámica de los acontecimientos”. Por otro lado, que durante los últimos cuatro años hubo más de una oportunidad para modificar desde la ley y aún el inconstitucional Código Aduanero.

También alude a la reglamentación de la ley 26.351 —o ley Martínez Raymonda que aplica retenciones retroactivas a aquellos operadores que no puedan demostrar ventas calzadas con compras de granos y subproductos— y la asignación del control de las declaraciones juradas a la ONCAA.

En este sentido, Verbitsky destaca que Ricardo Echegaray al asumir como presidente de ONCCA redujo el plazo para concretar las exportaciones de 365 a 45 días y comenzó una investigación.

Preguntas ausentes

Si se conocía desde principios de noviembre, por los medios de difusión, el inminente aumento de las alícuotas ¿por qué la Secretaría mantuvo abiertos los registros de las DJVE y permitió que se inscribiera en esos mismos días nada menos que 26,5 millones de toneladas?

Si en abril de este año se relevó a la Secretaría del control de las DJVE y se había iniciado una investigación por parte de la ONCAA, ¿por qué la insistencia en mantener la 125 que le permitía a los “sospechosos” comprar con los descuentos de las retenciones móviles?

¿Por qué el bloque oficialista de Senadores aprobó el 12 de marzo de este año, a horas del lanzamiento de la 125, la ley 26.359, más conocida como “Ley Urquía”?

Aclaremos que esta ley autorizó la creación de una aduana con asiento en la ciudad de General Deheza, departamento de Juárez Celman, en Córdoba, donde el senador Roberto Urquía tiene su empresa exportadora de granos (AGD), con puerto propio. Desde la cual, dicho sea de paso, se podían tramitar las declaraciones juradas.

¿Por qué se mantuvo en su puesto al secretario Javier De Urquiza? Vale la pena señalar que dicho funcionario sostuvo al predecesor de Echegaray en la ONCAA, Javier Portillo, responsable de los pagos irregulares por subsidios a empresa aceiteras. Imagine el lector cuál fue la más favorecida.

¿Por qué se rechazó, por parte del oficialismo, la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso tal como lo reclamó la oposición?

¿Por qué se tardó cuatro meses en reglamentar la correctiva ley 26.351, cuando ya se sospechaba de las DJVE y se conocían los colosales aumentos de los precios internacionales de granos?

Criterios y preferencias

También en su nota, Verbitsky menciona que dos senadores oficialistas “prepararon un informe sobre varios de sus colegas a los que vinculan con el cultivo e industrialización de la soja, lo que afectaría su independencia de criterio”.

¿Se olvidó el autor de “Robo para la corona” de mencionar la marcada preferencia que tenía la presidenta Cristina Fernández por Urquía, a quien calificaba como “un ejemplo de la burguesía nacional”?

Es oportuno señalar que dicho empresario resultó electo diputado nacional de Córdoba en 2007 por el Fente para la Victoria. En aquel momento la presidenta le pidió que renuncie a su banca y se quede en la Cámara Alta al frente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, a pesar de ser el titular de una de las corporaciones más concentradas de la Argentina.

Lo que permitía sostener una cierta sospecha sobre su —digámoslo en tono kirchnerista— “independencia de criterio”.