20 de julio de 2008

¿Cayó la ficha?


Por Manolo Giménez

Este domingo 20 de julio, a través de una nota de Horacio Verbitsky en Página 12 —luego resumida en un despacho de la agencia oficial Télam—, se informó que el Gobierno Nacional por fin reconoció la formidable estafa que los grandes exportadores de granos intentaron llevar a cabo contra el pueblo argentino. Y hasta estaría dispuesto a investigarla por recomendación de la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

Por supuesto que, en ningún momento, se desliza alusión alguna a la responsabilidad del Poder Ejecutivo y del oficialismo parlamentario en la cuestión. O la indiscutible funcionalidad que a tal maniobra prestaba la derogada resolución 125.

Todos los oligarcas son iguales

No ocurre lo mismo con un tal René Horacio Ducret, a quien se le dedican varias líneas incriminatorias en la nota de Página 12 y Télam por ser el vicepresidente de Luis Ducret & Cía SA, empresa que registra 3 mil toneladas, entre maíz y girasol.

Cifra que contrasta, por ejemplo, con las presentadas por Cargill que figura declarando, sin tenerlas ni haberlas adquirido, 4 millones de toneladas de soja y 22.500 de girasol; 25 mil toneladas de maíz, 120 mil de aceite de girasol y 436 mil de aceite de soja.

O por la Aceitera General Deheza, la empresa del senador Roberto Urquía, que declara en las mismas condiciones, 54.500 toneladas de girasol, 11.000 de aceite de girasol, 381.000 de aceite de soja y 1.325.000 de harina de soja

El protagonismo que se le otorga a Ducret en la denuncia responde a su condición de presidente de la Sociedad Rural de Baradero (sí, de Baradero) y de haber participado de la protesta rural.

Un perro guardián

Aunque sin adjetivar demasiado, Horacio Verbitsky alude al régimen legal que le permitió a las corporaciones congelar el precio y la alícuota al día del registro y a la resolución de la Secretaría de Agricultura, que les otorgó un plazo de 365 días para concretar la operación con los valores congelados.

También a que en los primeros días de noviembre de 2007 se registraron 26,5 millones de toneladas, congelando así la alícuota vigente del 27,5 por ciento. Apenas días antes del aumento de dicha alícuota al 35 por ciento.

Frente a todas estas pruebas de connivencia entre las corporaciones y el Gobierno, Verbitsky ensaya una disimulada defensa, por momentos infantil. Como cuando dice que las corporaciones ejecutaron la maniobra ya no de acuerdo con las autoridades del área o por infidencia delictiva de algún funcionario, sino porque “desde el 1º de noviembre de 2007 versiones de prensa dejaron saber que las retenciones se aumentarían del 27 al 35 por ciento” (SIC).

O desde el puro sofisma, afirmando que, en el primer mes del conflicto, el Gobierno intentó reformar la ley de Granos —que exceptúa a los granos y sus subproductos de pagar al nivel y al precio del día de la exportación— pero la reforma “quedó postergada por la dinámica de los acontecimientos”.

Yo diría que si algo justificaba enviar esta reforma al Congreso era, precisamente, “la dinámica de los acontecimientos”. Por otro lado, que durante los últimos cuatro años hubo más de una oportunidad para modificar desde la ley y aún el inconstitucional Código Aduanero.

También alude a la reglamentación de la ley 26.351 —o ley Martínez Raymonda que aplica retenciones retroactivas a aquellos operadores que no puedan demostrar ventas calzadas con compras de granos y subproductos— y la asignación del control de las declaraciones juradas a la ONCAA.

En este sentido, Verbitsky destaca que Ricardo Echegaray al asumir como presidente de ONCCA redujo el plazo para concretar las exportaciones de 365 a 45 días y comenzó una investigación.

Preguntas ausentes

Si se conocía desde principios de noviembre, por los medios de difusión, el inminente aumento de las alícuotas ¿por qué la Secretaría mantuvo abiertos los registros de las DJVE y permitió que se inscribiera en esos mismos días nada menos que 26,5 millones de toneladas?

Si en abril de este año se relevó a la Secretaría del control de las DJVE y se había iniciado una investigación por parte de la ONCAA, ¿por qué la insistencia en mantener la 125 que le permitía a los “sospechosos” comprar con los descuentos de las retenciones móviles?

¿Por qué el bloque oficialista de Senadores aprobó el 12 de marzo de este año, a horas del lanzamiento de la 125, la ley 26.359, más conocida como “Ley Urquía”?

Aclaremos que esta ley autorizó la creación de una aduana con asiento en la ciudad de General Deheza, departamento de Juárez Celman, en Córdoba, donde el senador Roberto Urquía tiene su empresa exportadora de granos (AGD), con puerto propio. Desde la cual, dicho sea de paso, se podían tramitar las declaraciones juradas.

¿Por qué se mantuvo en su puesto al secretario Javier De Urquiza? Vale la pena señalar que dicho funcionario sostuvo al predecesor de Echegaray en la ONCAA, Javier Portillo, responsable de los pagos irregulares por subsidios a empresa aceiteras. Imagine el lector cuál fue la más favorecida.

¿Por qué se rechazó, por parte del oficialismo, la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso tal como lo reclamó la oposición?

¿Por qué se tardó cuatro meses en reglamentar la correctiva ley 26.351, cuando ya se sospechaba de las DJVE y se conocían los colosales aumentos de los precios internacionales de granos?

Criterios y preferencias

También en su nota, Verbitsky menciona que dos senadores oficialistas “prepararon un informe sobre varios de sus colegas a los que vinculan con el cultivo e industrialización de la soja, lo que afectaría su independencia de criterio”.

¿Se olvidó el autor de “Robo para la corona” de mencionar la marcada preferencia que tenía la presidenta Cristina Fernández por Urquía, a quien calificaba como “un ejemplo de la burguesía nacional”?

Es oportuno señalar que dicho empresario resultó electo diputado nacional de Córdoba en 2007 por el Fente para la Victoria. En aquel momento la presidenta le pidió que renuncie a su banca y se quede en la Cámara Alta al frente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, a pesar de ser el titular de una de las corporaciones más concentradas de la Argentina.

Lo que permitía sostener una cierta sospecha sobre su —digámoslo en tono kirchnerista— “independencia de criterio”.

18 de julio de 2008

¿QUIÉNES PERDIERON EN EL SENADO?


Por Manolo Giménez

Con el rechazo a la resolución 125 en el Senado no fueron derrotadas la democracia o la institucionalidad. Muchísimo menos, el proyecto de liberación nacional y social que, según sus acólitos, estaría llevando a cabo el gobierno de Cristina Fernández.

Tampoco fue el fracaso de un plan redistributivo. Pues con esta medida no se pretendía gravar ni a la riqueza ni a las ganancias —como hubiera sido el caso de las actividades extractivas (mineras o petroleras, por ejemplo) que son esencialmente rentistas—, sino a la producción.

El conflicto con las entidades rurales fue la consecuencia de extender más allá de sus limites materiales una política tributaria y fiscal conservadora, que se sostiene desde hace décadas sobre el consumo popular y la producción de las provincias.

Lock Out sin Goliat

La protesta fue motorizada por los productores. Especialmente los de menor escala; la mayoría de ellos sin afiliación gremial alguna.

Ni los oligopolios exportadores; ni las empresas procesadoras de alimentos ni las que producen fertilizantes (casi todas ellas extranjeras); ni los intermediarios y operadores de los pools de siembra, participaron de la protesta. Precisamente, porque dicha política fiscal —y el régimen aduanero que la complementa— juega a su favor.

Especialmente de los exportadores. Nunca está de más repetirlo: en la Argentina de hoy, son los exportadores quienes cobran los tributos o retenciones a los productores en nombre del Estado.

Y al tiempo que estas mismas empresas obtienen una suculenta diferencia entre el precio real (FOB) y el precio (FAS) sobre el que rinden sus propios compromisos fiscales —lo que constituye una “legalizada” defraudación al Estado—, no hay controles aduaneros mínimos en los puertos privados y buena parte del negocio está “en negro”.

Tal como lo expresa Jorge Rulli: “No existen políticas agrarias, pero sí existen Políticas de Estado para favorecer la exportación, subsidiar la producción de aceites y agrocombustibles y mantener la hidrovía para servir las políticas de corporaciones como Cargill”.

Piñazo 1

Los auténticos derrotados en el Senado fueron, precisamente, estas corporaciones que dominan nuestro mercado externo, puesto que intentaron una colosal estafa contra el pueblo argentino de más de U$S 1.500.000.

Como se explicitó oportunamente en este mismo blog, gracias al perverso sistema de declaraciones juradas anticipadas (DJVE) previsto en el Código Aduanero, los oligopolios exportadores intentaron congelar en el 27.5 por ciento (para ellos 24 por ciento, por la mencionada diferencia FOB/FAS) la alícuota de las retenciones que debían pagar. Esto es, formalizando las DJVE de casi toda la campaña 2007/2008 antes del 11 de noviembre de 2007.

El aumento internacional en la cotización obligó a retrotraer los precios internos a esa fecha. Para ello se intentó imponer el sistema de retenciones móviles.

Desde esta perspectiva se comprende por qué la Resolución 125 no tenía sustento técnico con la producción agrícola, ni político entre los pueblos del interior profundo. Era una nueva colaboración del Estado argentino con estas empresas (a las que no les interesa el país).

Piñazo 2

También perdió esta partida la propaganda estatal, que intentó disfrazar la maniobra en el Congreso y en los medios de difusión.

Digamoslo claramente. El proyecto que salió de Diputados no pretendía evitar la sojización —puesto que las compensaciones estaban destinadas, fundamentalmente, a los productores de soja—, ni equilibrar las cargas entre productores grandes, medianos y pequeños.

Tampoco tenía otro objetivo que permitir la compra de granos a precios retrotraídos a octubre de 2007. “El presente régimen será aplicable a las operaciones de venta de granos de la campaña 2007 / 2008”, reza el artículo 13 del proyecto rechazado.

Evidentemente, no se trataba de ninguna línea estratégica ni siquiera al mediano plazo.

Lo de las compensaciones también era un bluff. Como señaló el diputado Claudio Lozano, nunca se le dio de baja a la resolución 21/2008 del Ejecutivo, que establece que si bien al productor le van a cobrar la retención al precio FOB, luego al compensarlo lo harán a un precio inferior (FAS).

Por ende, los pequeños y medianos productores en lugar de pagar retenciones efectivas de entre el 30 y el 35 por ciento —como decía el texto aprobado—, hubieran pagado entre el 38 y el 41 por ciento.

La impostura discursiva

En los actos públicos del justicialismo se llegó a identificar a los dirigentes rurales con los terroristas paraestatales de 1976 o con los comandos civiles de 1955. Hasta hubo una senadora oficialista que, en el colmo del delirio, llegó a comparar a los referentes del Frente para la Victoria que sufrieron algún escrache con las víctimas judías del nazismo.

Es que la estrategia propagandística del oficialismo pretendió engalanar la resolución 125 de fines progresistas, nacionalistas y hasta revolucionarios.

Algo difícil de aceptar, porque no hay indicios de que se haya intentado poner en práctica algo por el estilo en ésta o en la anterior gestión presidencial.

Por el contrario. En lo que concierne a la producción agrícola, durante los últimos dos gobiernos se ha reforzado el modelo de monocultivos transgénicos y la consecuente inserción internacional de la Argentina como productor de forrajes. Tal “especialización” responde a las necesidades de la Comunidad Europea y de los grandes compradores como China y la India, fundamentalmente en lo que respecta a piensos, aceites y agrocombustibles.

Asimismo, en el mismo período no ha dejado de concentrarse la riqueza. Hasta se podría decir que la concepción misma de la práctica y construcción del poder que esgrime, particularmente, Néstor Kirchner, requiere de la concentración económica: pocos interlocutores —lo que permite negociar en forma directa—; sistemas de subsidios como forma de control político y un reducido grupo de privados para compartir las “argentinizaciones”.

Fantasmas del pasado

Respecto de la oligarquía, a la que tantas veces se aludió desde las usinas propagandísticas oficiales como recurso retórico para descalificar la protesta rural, hay que decir que, en términos históricos, no existe en su caracterización tradicional.

Ni siquiera la reaccionaria Sociedad Rural tiene esta identidad. Está claro que representa a productores de mayor formato; pero tales productores están absolutamente diferenciados de los poderosos latifundistas que, hasta hace cuarenta o cincuenta años, constituyeron la llamada “oligarquía vacuna”.

Nos referimos a aquellos estancieros dedicados mayormente a la ganadería y propietarios de enormes extensiones arrendadas en ínfimas proporciones, que eran el reaseguro en provisión de alimentos y control de precios del Imperio Británico.
Actualmente, los contados herederos que se mantienen en el rubro, producen de manera directa y dependen —al igual que el resto— de las compras de los oligopolios y de las políticas oficiales.

Sus fastuosas estancias familiares se han convertido en emprendimientos turísticos y ya no están interesados en promover hijos ilustrados —como Victoria Ocampo o Jorge Luis Borges— que busquen en valores universales los argumentos para redimir a su iletrado linaje de explotadores.

El campo trasnacionalizado


Es que el modelo del agronegocio actual tiene una lógica muy distinta del modelo agrario y agroindustrial que predominó hasta mediados de los años ’70. Hablamos no sólo de personas o familias tradicionales del sector que han sido reemplazadas por sociedades anónimas trasnacionales; sino de que este cambio ha generado, también, una matriz económica y financiera completamente diferenciada.

En 1976 se desmontó el banco de semillas del INTA y se transfirió ese conocimiento a las corporaciones que comenzaban a desembarcar en la Argentina. Se abrió el banco genético de la biodiversidad y se empezó a compartir con las multinacionales.

Norma Giarraca, coordinadora del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani (UBA) señala que “los proveedores de insumos extranjeros, entonces, empezaron a traer a los híbridos, una semilla que el productor no puede reproducir y que al mismo tiempo es más rendidora. Comenzó un proceso de agriculturación con cinco granos que utilizaban la semilla híbrida y agroquímicos, que subieron muchísimo la producción: el girasol, el sorgo, trigo, maíz y soja. Estos cultivos se expandieron progresivamente al interior. Hubo un aumento de la productividad con apertura del tipo de cambio y comenzó la trasnacionalización de la agricultura”.

Dicha trasnacionalización se consolidó cuando, a fines de los '80, las empresas alimentarias comenzaron a pasar a manos extranjeras y en 1991 se instrumentó la desregulación de granos, carnes y azúcar.

Más tarde aparecieron los hipermercados extranjeros (verdaderos imperios como Carrefour o Wal Mart), que se constituyeron, por el control de los precios en el mercado interno, en los núcleos centrales de poder en la cadena industrial agraria. Es decir, son quienes deciden qué producir, cómo producir, cuándo producir y a qué precios para la “mesa de los argentinos”.

Sociología de hojalata y cacerolas de teflón

En otras palabras: calificar a los productores y chacareros como “el enemigo principal” es entender bastante poco sobre los lazos de dependencia que soporta hoy la Argentina.

Arturo Jauretche, víctima de tantos infogramas y power points en los últimos días, dijo alguna vez: “Es fácil ver que el problema previo a la distribución de los bienes es que seamos dueños de ellos, de modo que la primera pelea no tiene que ser entre nosotros sino con quien se los lleva…”

Dicho sea de paso: tampoco los caceroleros elegantes de las ciudades, que demonizaron el jinglero Ignacio Copani y el pelotón de sociólogos banales, componen ninguna forma de oligarquía. Aún los más reaccionarios y tilingos.

Hasta se puede afirmar que ninguno de ellos alcanza a sumar ni la mitad del patrimonio de algunos “compañeros del campo nacional y popular” como Hugo Moyano, Miguel Ángel Pichetto o el propio Néstor Kirchner.

De todos modos, era previsible la inutilidad de tales maniqueísmos entre “pobres y ricos” para abordar cuestiones de este tipo; bagatelas verbales, más propias de las órdenes monásticas del medioevo o de la retórica del punk vernáculo a lo D’Elía que de un encuadre conceptual correcto para la dilucidación de los problemas argentinos.

¿Quiénes votaron contra el proyecto oficial?

Con sólo el voto en contrario de la oposición política (incluyendo al justicialismo disidente de Duhalde, Menem o Rodríguez Saá), el proyecto hubiese sido aprobado; como casi todo lo que, hasta ese momento, había enviado el Poder Ejecutivo.

Pero, para sorpresa de la aporteñada política profesional, aparecieron las provincias. Ya que la resolución 125 no sólo afectaba a un sector, sino a todo el interior del país. Pues el aumento de la alícuota a la exportación generaba una disminución del ingreso de los productores y, como consecuencia, un descenso de la recaudación por el Impuesto a la Ganacias.

Muchos dirigentes, gobernadores, intendentes, legisladores y hasta el propio vicepresidente de la Nación, que venían acompañando al Gobierno Nacional, se vieron obligados a enfrentarlo. No se los tardó en calificar de “traidores”.

La Patria es mía, mía, mía

Ocurre que Néstor Kirchner está convencido que fue exclusivamente obra de su administración el que la economía argentina se recuperara de la crisis de 2001. En consecuencia, nada le está vedado y puede disponer cuando quiera y cómo quiera de las ganancias de un “milagro económico” que le pertenece sólo a él. Una especie de revitalizado síndrome de la “Testa Rossa”.

De esta encerrona emocional de Kirchner y sus adulones es imperioso rescatar al gobierno que encabeza Cristina Fernández.

Para ello será fundamental, entre otras cosas, diseñar una auténtica política agraria de carácter nacionalista y modernizador, que contenga a las economías provinciales tanto como a los productores y chacareros, al tiempo que formalice la reinversión de la renta con fines productivos e industrializadores y respete la preservación de los recursos naturales. Con organismos públicos que orienten la producción y sostengan los precios; que formule un nuevo concepto de los arrendamientos y la propiedad rural; que ponga límites al oligopolio trasnacional nacionalizando el comercio exterior.

Hay una oportunidad inmejorable. Ojalá no la desaprovechemos.

16 de julio de 2008

El camino del General Mosconi


Por Raúl Quiroga

Especialmente en estos días, en que el enfrentamiento entre el oficialismo y las entidades rurales parece monopolizar la información, toda discusión sobre el petróleo y los recursos energéticos parece ser ajena al interés público. Algo así como un cuestión que, de tan técnica, concierne sólo a los especialistas.

Sin embargo, tanto el petróleo como el gas, la electricidad, el uranio o las denominadas “energías alternativas”, constituyen una agenda impostergable de la política. Y no hablamos sólo de proyectos; sino de políticas que cuenten con una activa participación popular.

Porque la generación de energía debe estar orientada al uso y disfrute de la sociedad en su conjunto. Es que toda la actividad desplegada a diario por nuestro pueblo está relacionada con la producción energética. Desde los plásticos o el material sintético hasta la medicina o las comunicaciones: una multiplicidad incontable de elementos de uso cotidiano dependen de la la generación de energía.

Una brújula nacional

En los países mas avanzados del mundo la matriz energética respaldada en el gas y el petroleo es del 70 por ciento. En cambio, en la Argentina es del 90 por ciento; lo que permite suponer que quienes manejen la energía en los próximos años no sólo tendrán en sus manos un excelente negocio sino, también, las llaves de toda estrategia económica y poder político.

En nuestro país, desde 1907 hasta 1993, este vital recurso fue controlado por el Estado Nacional. Por ello —merced a la renta obtenida por la administración centralizada— se pudo crear la estructura energética que disfrutamos actualmente. Es decir, gracias al control del Estado Nacional se pudieron construir, en ese periodo, la casi totalidad de los diques y represas con que cuenta el país; así como la inmensa mayoría de sus gasoductos y oleoductos.

Además, con la renta energética se construyeron escuelas y hasta nuevos pueblos, en lugares en los que parecía imposible.

En otras palabras: se adoptó un horizonte petrolero de carácter autocentrado y con la mira puesta siempre por sobre una capacidad de reserva no menor a los 20 años. Aún durante los gobiernos ajenos a la voluntad popular y en las dictaduras, este horizonte permaneció inalterado.

Actualmente, las reservas de nuestro país apenas si llegan a los 7.4 años; ya que las grandes empresas trasnacionales del sector que operan en nuestros yacimientos —al tiempo que perfeccionaron y agilizaron la extracción del crudo— no realizaron inversiones en materia de exploración y perforación.

Esta irracional extracción está empezando a revelarse en las estaciones de servicio; al tiempo que en ámbitos oficiales se habla, cada vez con mayor insistencia, sobre la posibilidad de importar gas oil.

Recuperar el timón

Estamos en un punto límite. Es necesario recuperar el manejo de nuestros recursos. Especialmente en este momento de incertidumbre en cuanto a los valores internacionales, ya que la tendencia indica que no mas allá del finales de este año el barril de crudo va a superar los U$S 200.

El General Enrique Mosconi sostenía que para defender los yacimientos argentinos de las compañías extranjeras, era necesaria "una magnífica insensibilidad a todas las solicitaciones de los intereses privados —concordantes o no con los intereses colectivos—; pero, sobre todo, hace falta un poder político capaz de contener todas las fuerzas opuestas".

“Resulta inexplicable —decía— la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero, para favorecer a éste con las crecidas ganancias que de tal actividad se obtiene, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino. Porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera”.

Es hora de retomar su camino.