El Club de París y el BCRA (Nota 2)

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Por Mario Cafiero, Ricardo Monner Sans y Francisco Javier Llorens

Estado resumido actual del BCRA

El cuadro que figura arriba —resumido de Activos y Pasivos del BCRA al 31 de agosto de 2008, en lo referido a su capacidad de ejercer el control y la regulación monetaria, a los fines de preservar el valor de la moneda— pone en evidencia la muy delicada situación en que se encuentra, aun antes de haberse efectuado el pago al Club de París.

En un marco agravado de incertidumbres externas e internas, y en el contexto de la idiosincrasia argentina acentuada por la vigencia de la convertibilidad, de buscar refugio en el dólar u otras monedas extranjeras, como modo de atesoramiento.
Las técnicas de contabilidad no son una ciencia oscura. Sus conceptos y criterios son simples. Toda operación debe contabilizarse por partida doble, para conocer los Activos y los Pasivos de una empresa, institución o persona. Y el análisis de la naturaleza de estos Activos y Pasivo nos brindan un detalle de suma importancia: conocer que parte de esos activos y pasivos son circulantes y cuales son fijos.

La diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante es lo que se conoce como Fondo de Maniobra (FM), que si es inexistente o insuficiente coincide lamentablemente con las siglas del FMI, de triste memoria para nuestro país. No hay que ser especialista contable para darse cuenta que cuanto mayor Margen de Maniobra cuente una empresa o institución, estará tanto mejor preparada para sortear dificultades. Incluso una “tormenta perfecta” como las que suelen brindar las complejidades de las finanzas modernas. Si se tiene alguna duda sobre estos conceptos, no se necesita consultar al ex directivo del FMI y del BCRA Mario Blejer, sino que puede hacerlo por Internet en http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_maniobra

Básicamente el FM es lo que quedaría del Activo circulante si en un momento determinado se tuviesen que devolver todas las deudas a corto plazo (Pasivo Circulante) que ha acumulado la empresa o institución, Por lo tanto, cuanto mayor sea el FM de una empresa menos riesgo habrá de que caiga en insolvencia. Si el FM es negativo, el Pasivo circulante es mayor que el Activo Circulante: en este caso es urgente aumentar el Activo Circulante para poder devolver las deudas a corto plazo. En la generalidad de los casos un FM negativo es un indicador de problemas financieros futuros o en ciernes.

El cuadro, lamentablemente, nos informa que el FM del BCRA sería negativo en nada menos que en $ 90.000 millones, o u$s 30.000 millones. También nos muestra la enorme ex-posición que tiene el BCRA como prestamista del Tesoro, situación que en cualquier provincia argentina hubiese derivado hace mucho tiempo en la quiebra del banco provincial.

Otra forma de exposición del problema bajo el canon de la ley de convertibilidad, sin que esto signifique compartir para nada sus preceptos, es que para hacer frente a la base monetaria de $ 99.090 millones, con reservas netas reales de libre disponibilidad de u$s 7.136 millones, el tipo de cambio debería elevarse a casi $ 14 por dólar.

Lógicamente esta previsión se torna aun más desfavorable, si en vez de la Base Monetaria, se toma la Base Monetaria amplia, que incluye a los depósitos en otra monedas ($ 110.000 millones), o el M2 ($ 161.000 millones); o el M3 ($ 296.000). Esto nos indicaría que el BCRA actualmente estaría realmente imposibilitado de enfrentar una corrida cambiaria y/o bancaria en serio, habiendo caído la convertibilidad con indicadores mucho mejores que estos.

¿Como se derivó en esta situación?

Para responder este interrogante debemos remontarnos a que luego de la caída del régimen de convertibilidad de la moneda a fines del 2001, no se realizó en absoluto un replanteo profundo de los instrumentos de política monetaria.

El cambio de la política monetaria de la caja de conversión a la intervención del BCRA en el mercado de cambios para comprar divisas (a los efectos de sostener un tipo de cambio alto y favorecer exportaciones) y la política de “esterilización” de esas divisas con la emisión de deuda por parte del BCRA, se fue realizando mediante parches en la legislación, introducidos al compás de la emergencia, de leyes votadas de apuro a tontas y locas, sin ningún estudio y reflexión, y de Decretos de Necesidad y Urgencia (o mejor dicho Decretos de Necedad y Urgencia).

Retazos de la vieja ley de convertibilidad Nº 23.928 y de la Carta Orgánica (CO) del Banco Central nº 24.144, coexisten con legislación de emergencia y DNUs, generando graves intersticios, lagunas, y contradicciones en la legislación que regula el funcionamiento del BCRA.

Paralelamente a ello se llevó a cabo un pésimo arreglo de la deuda en default, sin intervención alguna por parte del Congreso. La original propuesta de Dubai, que podría haber sido una razonable solución al problema, fue sucesivamente flexibilizada y desnaturalizada, al punto tal que ni siquiera conservó su nombre hasta el final.
De esta manera se llegó a una solución híbrida, ni de Estado, ni amistosa con el mercado, pese a que el plan de sustentabilidad de la propuesta elaborada por el ministro Lavagna, se basaba estúpidamente en la vuelta al mercado de la deuda para refinanciar los vencimientos. Por esta razón quedó pendiente de solución una cuarta parte de la deuda, y a la par que se multiplicaban en el exterior los reclamos para su regularización, se hizo evidente que Argentina se encontraba bloqueada financieramente, como consecuencia de los errores propios cometidos durante la renegociación.

El siguiente peldaño en la lista de errores, fue el pago cash al FMI y los pagos efectuados al Banco Mundial, en vez de haber reconvenido a estos organismos por el desastroso resultado de sus políticas, que Argentina se vio obligada a cumplir bajo la presión de una deuda fraudulenta heredada de la dictadura, que convirtieron a nuestra nación en el único país en desarrollo en el mundo, hasta llevarlo a la catástrofe del 2001.

Esa reconvención habría permitido al menos plantear un larguísimo repago de las deudas contraída con esos organismos; y aplicar paralelamente las divisas despilfarradas con esos pagos, a una genuina reconstrucción de la sociedad argentina desde sus mismas bases, con especial énfasis en la niñez y la juventud.

Esta postura habría permitido también negar rotundamente la supervisión del FMI, a los efectos de plantear el pago en largísimas cuotas al Club de Paris. Se habría evitado de tal manera la trampa en la que se autoencerró Argentina consecuencia del pago cash al FMI, de el pague cash, o si quiere cuotas, pase antes por el FMI.

A su vez el pago cash tanto al FMI como al Club de Paris, resulta frontalmente contradictorio con el estado de emergencia y necesidad con el que Argentina justificó su declaración de default, ante los tribunales de distintos países en quienes prorrogó su jurisdicción. Incluido el CIADI, dependiente del Banco Mundial, al cual pese a ello no recusó, sino que por contrario durante el actual gobierno se sometió expresamente a su jurisdicción.

Sin embargo el estado de emergencia y necesidad, si bien no es fácil verlo desde Puerto Madero, subsiste a lo largo y ancho de nuestro país. Se puede apreciar en cada mendigo, niño de la calle, cartonero o carrero que se cruza en nuestro camino, y en la juventud de nuestra clase baja, que sin estudios y con un 40 % de desempleo, se hunde en las drogas, la delincuencia, y la marginalidad, lo que repercute en la seguridad de toda la población. De esta manera el estado de emergencia y necesidad se refleja también en cada delito que soportan como víctimas nuestros ciudadanos, en esta especie de larvada guerra civil de baja intensidad, que hemos heredado como consecuencia de la intervención en nuestra economía del FMI y el Banco Mundial.

De la misma forma que la satisfacción de un acreedor por parte del actual gobierno acrecienta las demandas del siguiente, la incursión en un error, una mentira, o una omisión por parte del actual gobierno, lo lleva también al siguiente, siendo esta la situación en la que estamos actualmente.

El Club de París y el BCRA (Nota 1)

Con fecha 23 de septiembre de 2008, los autores de la presente nota enviaron a la presidenta de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso Nacional, Diana Conti, una carta solicitando el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1472/08, por el cual el Poder Ejecutivo dispone el pago cash al Club de París, empleando para ello las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Por Mario Cafiero, Ricardo Monner Sans y Francisco Javier Llorens

Las Reservas Internacionales (RRII) del BCRA de acuerdo al Estado Resumido de Activos y Pasivos al 7 de setiembre de 2008, son de $ 142.625 millones, o sea u$s 47.090 millones. A primer golpe de vista, pareciera que solo se estaría usando una fracción reducida de las reservas para atender un compromiso de deuda externa del Estado Nacional.

Esta impresión simplista o ingenua es avalada y reforzada por opiniones de especialistas entendidos o “gurúes” de la “city”. Y también por los grandes medios de comunicación, tanto especializados como masivos. Repiten así la conducta desplegada en el 2001, durante el cual engañaron a la comunidad y a la opinión pública en relación a la solvencia del Banco Central, del sistema financiero, y del Tesoro, hasta que estalló la peor crisis de nuestra historia. Ibamos alegremente hacia el llamado primer mundo, y de repente nos encontramos en el peor de los mundos.

Al comenzar aquel año catastrófico, se encomiaba al famoso “blindaje” y las enormes reservas del Banco Central y del Sistema Financiero, que trepaban líquidas a casi u$s 40 mil millones. Y al finalizar el año, no había una sola divisa disponible ni en el Banco Central, ni en los restantes bancos, cuyas reservas habían sido empapeladas con títulos de la deuda y el Tesoro, razón por la que se instauró el corralito que hizo desaparecer el circulante de la calle.

Hoy nuevamente de manera desaprensiva y cómplice se está instalado en la comunidad y en opinión pública la idea que tenemos un SOBRANTE en las reservas de divisas del BCRA. Y que por lo tanto es oportuno, necesario y conveniente usarlo para normalizar nuestra relación con los mercados financieros internacionales.

Pero si se hace un análisis con sentido común de los balances del BCRA, despojado de tecnicismos inútiles y engañosos, se pone en evidencia que las Reservas Internacionales (RRII) con las que cuenta actualmente son insuficientes para afrontar los compromisos YA contraídos, y aquellos que hoy es razonable e indispensable previsionar, en un contexto de crecientes dificultades económico financieras y desconfianza interna y externa.

Por lo tanto el BCRA se verá imposibilitado de cumplir su función primordial que de acuerdo a la legislación vigente, es la de preservar el valor de la moneda. La imposibilidad de cumplir su cometido es producto del delicado estado patrimonial y financiero del BCRA actual, que tras la crisis del 2001 se vio agravado por el pago cash efectuado al FMI, y ahora se verá sumamente agravado por la sangría de divisas destinada al pago cash al Club de París.

Nos quedará el consuelo de que no será la primera vez que a los argentinos nos habrán engañado. Todavía resuena en nuestra memoria aquello de los `80, “el que apuesta al dólar pierde”, o le “le hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. O el “uno a uno” de los ‘90 y la enorme “fortaleza del sistema bancario con normas prudenciales Basilea Plus”, que sin embargo no impidieron que las reservas bancarias y de la convertibilidad se evaporaran en el año 2001, como si hubiesen sido de humo.

Pese al tiempo transcurrido, en nuestra morosa Justicia Federal todavía existen causas abiertas en relación a esto último, conocidas como la del “megacanje”, el “corralito”, etc. Ojala existiera valentía judicial para llevarlas adelante. Los argentinos podemos decir que quizás fuimos los precursores de una larga lista de estafas y engaños que no han acabado, y que por contrario hoy se han extendido globalmente sacudiendo también a los ciudadanos del primer mundo, que ven peligrar sus ahorros.

Por eso no es extraño que el experto en ingeniería del riesgo Nassim Nicholas Taleb -autor de uno de los best seller del momento- recomiende: “La base de mi pensamiento es que nunca hay que confiar en las predicciones de los economistas y los banqueros: siempre divagan, mienten, te encandilan con piedritas de colores. Y los economistas académicos son los peores”. También asevera: “Simplemente se trata de que, si uno sabe cuanto no sabe, va a tomar decisiones mucho mejores. Además, no hacer nada es muy superior a hacer algo estúpido.”

Y esta parece ser la situación en relación al DNU 1472 bajo tratamiento en esa comisión bicameral.

Las entrelíneas en los balances del BCRA

De acuerdo a la información que exponemos, que estamos en condiciones de ampliar pormenorizadamente, resultado de una investigación conjunta con Javier Llorens, podemos afirmar que al Parlamento se le están efectivamente vendiendo piedritas de colores.

En tal sentido resumidamente podemos decir que:

• Se muestra el brillo de las reservas brutas, pero nada se dice de la deuda externa, e interna en letras y pases pasivos, contraída para poder acumular ellas.

• Menos aún se habla de la dificultosa situación que tiene el BCRA para poder renovar la deuda en letras, que se estaría haciendo actualmente con operaciones calzadas a futuro en dólares, otorgando así nuevamente el BCRA seguros de cambio, de triste memoria para Argentina, al haber dado origen a la deuda fraudulenta que la agobia.

• Se esconde deuda del BCRA como operaciones de pases, librándose así en la práctica letras con plazo a uno y siete días, con una ausencia de horizonte peor que en los peores momentos del año 2002.

• Y peor aún, se estaría abultando indebidamente el Activo del BCRA, al computarse en él las letras propias del BCRA, a recuperar como contrapartida de las operaciones de pases (1), con lo cual se estaría falseando el Patrimonio Neto del BCRA. La normativa para esta singular forma de operación y contabilización de letras propias comenzó con la Comunicación A 4.143 dictada en mayo de 2004, cuando el presidente del BCRA era el ex ejecutivo del JP Morgan, Alfonso Prat Gay. Es de apuntar que este ex presidente de esa institución es el responsable de la no aprobación de los balances del BCRA de los años 2002 y 2003 por parte de los auditores externos, con los que se tapó el vaciamiento del BCRA y el sistema financiero en el año 2001.

• Pese lo expuesto, el Patrimonio Neto del BCRA muestra una sustancial caída, del orden del 40 % en los seis últimos meses. Pasó de $ 33.960 millones al 31 de Marzo pasado, a $20.310 millones al 31 de Agosto. Paralelamente la deuda del Tesoro para con el Banco aumentó en $12.600 millones, pasando de $96.087 a $ 108.692, trepando a 5,4 veces el Patrimonio Neto del BCRA, el ratio mas alto en los últimos cuatro años.

• Además durante los años 2006 y parte del 2007 el Tesoro habría colocado deuda por lo menos por cinco mil millones de dólares, tomando trianguladamente divisas de las reservas del BCRA, a través de los bancos Deutsche Bank, JP Morgan, Citibank y otros, que a su vez habrían recibido en depósito reservas del BCRA. No es casual que ahora los mismos bancos aparezcan encabezando la operación para reabrir el canje de deuda, otorgando un préstamo puente, que seguramente provendrá solapadamente de las reservas del BCRA.

Se nos muestran maquillados los números del BCRA, pero con inconsistencias aún más burdas que las mentiras de los indicadores del INDEC. Con el agravante que aquí no está en un juego unos puntos más o menos de inflación, sino la disponibilidad real y efectiva de divisas que son el respaldo de la masa monetaria que circula en el país, y da vida a nuestra economía.

Debemos advertir que si el Parlamento avalara la decisión del PEN, estaría poniendo en las manos de un reducido núcleo de bancos “la vida y la fortuna de los argentinos”, con las responsabilidades jurídicas y políticas que ello supone. No se trata de predicar la norma constitucional en torno a que un tema como este colocaría a quienes lo protagonicen en la categoría de infames traidores a la Patria, sino que nuestra convicción —más allá de la endeblez del Poder Judicial de la Nación— deberá, si corresponde, someter el tema a la pertinente decisión judicial. No creemos que el pueblo argentino este en condiciones de soportar nuevos fraudes impunemente.

Si se paga al Club de París, un puñado de grandes bancos extranjeros y de especuladores podrán —bajando o subiendo el pulgar a la renovación de sus acreencias en pases pasivos, LEBACS y NOBACS— controlar la política monetaria y la sustentabilidad del BCRA. Habremos así perdido en este terreno los pocos grados de soberanía de la que disponemos hasta este momento.

Cabe al respecto recordar los conceptos vertidos por PIO XI el siglo pasado en su encíclica “Quadragesimo año”, referida a la restauración del orden social en conformidad con la ley evangélica: “106. Poder omnímodo y despótica dominación es ejercido por aquellos que teniendo en sus manos el dinero, controlan las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran la sangre de la economía teniendo en sus manos diríase, el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aun respirar contra su voluntad.”


(1) Si una empresa emite una letra o pagaré propio de 1.000 pesos y lo entrega en garantía para obtener un préstamo de dinero en efectivo, de ninguna manera podría contabilizar esa letra o pagaré en su activo , argumentando que lo va a recuperar al momento de su vencimiento. Sin embargo el BCRA sin ninguna explicación razonable contabiliza en su activo las letras (LEBACs) propias entregadas en operaciones de pases pasivos.

Honrar la deuda

Por Manolo Giménez

El anuncio de la presidenta Cristina Fernández sobre la cancelación de la deuda con el Club de París, instala un indicio demasiado notorio de la sumisión del gobierno argentino a los requerimientos del capital financiero trasnacional y sus corporaciones.

Es oportuno recordar que un día antes de manifestarse la protesta agropecuaria, en marzo pasado, el embajador francés Frédéric Baleine du Laurens había advertido severamente que, de no llegarse a un acuerdo por esta deuda, podría haber trabas para los créditos blandos destinados a nuestro país. Por ejemplo —especificó— el que se requiere para el primer tramo del imprescindible tren bala.

Con algo de ternura y menor dureza que el galo, Tom Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, le garantizó en persona a la propia Cristina que su gobierno respaldaría a la Argentina ante los miembros del Club.

Se trata de unos 6.700 millones de dólares, que se pagarán utilizando parte de las reservas de libre disponibilidad (concepto este discutible, por cierto) del Banco Central. "El anuncio trasunta y reafirma una vez más la voluntad de pago de Argentina de sus compromisos internacionales", fundamentó la presidenta.

No hacía falta tal demostración, pues desde 2003 se han pagado mas de 165 mil millones pesos en tal concepto. En otras palabras: el kirchnerismo es el mejor “honrador” de la deuda que ha tenido, en la Argentina, la rapiña financiera internacional.

Una deuda odiosa

Parece una calificación enojosa, pero no lo es. Se denomina “deuda odiosa” a la que se contrae desde el Estado sin ningún tipo de beneficio para su pueblo y, por lo tanto, éste último puede repudiarla legalmente. Tal figura del Derecho Internacional es la que permite que, actualmente, el protectorado norteamericano en Irak desconozca la deuda que reclaman algunos países de la Comunidad Europea.

La deuda argentina anterior a 1983 es odiosa como pocas. Hasta se presume, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial, que parte de la misma se destinó a los “gastos militares” del régimen criminal instaurado en 1976.

Una deuda ilícita

El 4 de abril de 1982 Alejandro Olmos hizo la presentación inicial ante la Justicia argentina. Dieciocho años más tarde, el 13 de julio de 2000, el juez Jorge Ballestero, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil y Correccional Nro. 2 de la Capital Federal, dictó sentencia en la causa 14.467, dando la razón a las denuncias presentadas por Olmos; ratificando así el carácter ilegítimo y fraudulento de la deuda externa, en el período denunciado (de 1976 a 1983).

En el mismo fallo —sin precedentes en el mundo—, se establece la responsabilidad de los funcionarios que la contrajeron y la corresponsabilidad de los organismos internacionales, que aprobaron tales prestamos ilícitos y fraudulentos.

El magistrado lo remitió al Congreso, basado en el artículo 75 de la Constitución Nacional que le confiere al Poder Legislativo las decisiones en materia de empréstitos externos.

El empleo de dicho fallo de la justicia argentina por parte de los legisladores sería un ejercicio legítimo de soberanía, que le permitiría a nuestro país prescindir de tribunales internacionales, como el temido CIADI; que no es otra cosa que una dependencia del Banco Mundial.

Sin embargo, y pese a los argumentos que ameritan al menos una investigación de lo que se está pagando, no se escucha hasta el momento ninguna voz parlamentaria o de otro tipo en esta dirección.

París era una fiesta

Sí, en cambio, se escucharon reiteradas voces aprobatorias de la genuflexión presidencial.

El presidente de Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi, dijo que "la Argentina vuelve a insertarse en el mundo". Clarín —que, al parecer, hace algunas semanas ha recuperado la credibilidad del “campo nacional y popular”— dijo algo parecido en la columna de Julio Blank. Mientras, la Coalición Cívica, el radicalismo y el PRO hicieron sólo objeciones de “tiempo y forma” a la declaración.
Francisco de Narváez, en cambio, apoyó enfáticamente. Y el vicepresidente Julio Cobos confirmó los límites de su acotadísima rebelión.

No hace falta aclarar, supongo, cuál es la opinión de los cortesanos y adulones al estilo de Luis D’Elía, Carlos Kunkel o Juan Cabandié.

Lo que viene

Es de suponer que una medida de este tipo no se adopta, solamente, para tener un tren de alta velocidad.

En los cuatro años que le restan a la gestión de Cristina Fernández, el Estado argentino debe pagar, en concepto de deuda, más de cincuenta mil millones de dólares.
Simultáneamente, la balanza comercial ha comenzado a mostrar signos de deterioro; lo cual hace imperiosa la gestión de nuevos prestamos con el BID, el Banco Mundial y el mismísimo Club de Paris, para afrontar un difícil escenario con agenda electoral inminente.

Pero junto con las arcas públicas, hay otras gargantas con sed. Con esta medida, es posible que se reinagure el festival de la valorización financiera en la economía argentina, a partir de la reapertura del crédito externo y el levantamiento del default. Ya que, como lo celebró Cobos, “la cancelación efectiva de la deuda permitirá el reingreso de la Argentina a los mercados de financiamiento internacionales".

Los protocolos con Marsans por la deuda de Aerolíneas y el episodio que nos ocupa, entre algunos otros, parecen indicar que el kirchnerismo ha comenzado a desprenderse de la "gestualidad populista" (pergeñada en el recetario de Ernesto Laclau), de sus primeros años, para asumir un neto giro hacia la llamada ortodoxia económica.

¿No será la hora de poner en marcha la construcción de un auténtico proyecto nacional?

¿Cayó la ficha?

Por Manolo Giménez

Este domingo 20 de julio, a través de una nota de Horacio Verbitsky en Página 12 —luego resumida en un despacho de la agencia oficial Télam—, se informó que el Gobierno Nacional por fin reconoció la formidable estafa que los grandes exportadores de granos intentaron llevar a cabo contra el pueblo argentino. Y hasta estaría dispuesto a investigarla por recomendación de la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

Por supuesto que, en ningún momento, se desliza alusión alguna a la responsabilidad del Poder Ejecutivo y del oficialismo parlamentario en la cuestión. O la indiscutible funcionalidad que a tal maniobra prestaba la derogada resolución 125.

Todos los oligarcas son iguales

No ocurre lo mismo con un tal René Horacio Ducret, a quien se le dedican varias líneas incriminatorias en la nota de Página 12 y Télam por ser el vicepresidente de Luis Ducret & Cía SA, empresa que registra 3 mil toneladas, entre maíz y girasol.

Cifra que contrasta, por ejemplo, con las presentadas por Cargill que figura declarando, sin tenerlas ni haberlas adquirido, 4 millones de toneladas de soja y 22.500 de girasol; 25 mil toneladas de maíz, 120 mil de aceite de girasol y 436 mil de aceite de soja.

O por la Aceitera General Deheza, la empresa del senador Roberto Urquía, que declara en las mismas condiciones, 54.500 toneladas de girasol, 11.000 de aceite de girasol, 381.000 de aceite de soja y 1.325.000 de harina de soja

El protagonismo que se le otorga a Ducret en la denuncia responde a su condición de presidente de la Sociedad Rural de Baradero (sí, de Baradero) y de haber participado de la protesta rural.

Un perro guardián

Aunque sin adjetivar demasiado, Horacio Verbitsky alude al régimen legal que le permitió a las corporaciones congelar el precio y la alícuota al día del registro y a la resolución de la Secretaría de Agricultura, que les otorgó un plazo de 365 días para concretar la operación con los valores congelados.

También a que en los primeros días de noviembre de 2007 se registraron 26,5 millones de toneladas, congelando así la alícuota vigente del 27,5 por ciento. Apenas días antes del aumento de dicha alícuota al 35 por ciento.

Frente a todas estas pruebas de connivencia entre las corporaciones y el Gobierno, Verbitsky ensaya una disimulada defensa, por momentos infantil. Como cuando dice que las corporaciones ejecutaron la maniobra ya no de acuerdo con las autoridades del área o por infidencia delictiva de algún funcionario, sino porque “desde el 1º de noviembre de 2007 versiones de prensa dejaron saber que las retenciones se aumentarían del 27 al 35 por ciento” (SIC).

O desde el puro sofisma, afirmando que, en el primer mes del conflicto, el Gobierno intentó reformar la ley de Granos —que exceptúa a los granos y sus subproductos de pagar al nivel y al precio del día de la exportación— pero la reforma “quedó postergada por la dinámica de los acontecimientos”.

Yo diría que si algo justificaba enviar esta reforma al Congreso era, precisamente, “la dinámica de los acontecimientos”. Por otro lado, que durante los últimos cuatro años hubo más de una oportunidad para modificar desde la ley y aún el inconstitucional Código Aduanero.

También alude a la reglamentación de la ley 26.351 —o ley Martínez Raymonda que aplica retenciones retroactivas a aquellos operadores que no puedan demostrar ventas calzadas con compras de granos y subproductos— y la asignación del control de las declaraciones juradas a la ONCAA.

En este sentido, Verbitsky destaca que Ricardo Echegaray al asumir como presidente de ONCCA redujo el plazo para concretar las exportaciones de 365 a 45 días y comenzó una investigación.

Preguntas ausentes

Si se conocía desde principios de noviembre, por los medios de difusión, el inminente aumento de las alícuotas ¿por qué la Secretaría mantuvo abiertos los registros de las DJVE y permitió que se inscribiera en esos mismos días nada menos que 26,5 millones de toneladas?

Si en abril de este año se relevó a la Secretaría del control de las DJVE y se había iniciado una investigación por parte de la ONCAA, ¿por qué la insistencia en mantener la 125 que le permitía a los “sospechosos” comprar con los descuentos de las retenciones móviles?

¿Por qué el bloque oficialista de Senadores aprobó el 12 de marzo de este año, a horas del lanzamiento de la 125, la ley 26.359, más conocida como “Ley Urquía”?

Aclaremos que esta ley autorizó la creación de una aduana con asiento en la ciudad de General Deheza, departamento de Juárez Celman, en Córdoba, donde el senador Roberto Urquía tiene su empresa exportadora de granos (AGD), con puerto propio. Desde la cual, dicho sea de paso, se podían tramitar las declaraciones juradas.

¿Por qué se mantuvo en su puesto al secretario Javier De Urquiza? Vale la pena señalar que dicho funcionario sostuvo al predecesor de Echegaray en la ONCAA, Javier Portillo, responsable de los pagos irregulares por subsidios a empresa aceiteras. Imagine el lector cuál fue la más favorecida.

¿Por qué se rechazó, por parte del oficialismo, la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso tal como lo reclamó la oposición?

¿Por qué se tardó cuatro meses en reglamentar la correctiva ley 26.351, cuando ya se sospechaba de las DJVE y se conocían los colosales aumentos de los precios internacionales de granos?

Criterios y preferencias

También en su nota, Verbitsky menciona que dos senadores oficialistas “prepararon un informe sobre varios de sus colegas a los que vinculan con el cultivo e industrialización de la soja, lo que afectaría su independencia de criterio”.

¿Se olvidó el autor de “Robo para la corona” de mencionar la marcada preferencia que tenía la presidenta Cristina Fernández por Urquía, a quien calificaba como “un ejemplo de la burguesía nacional”?

Es oportuno señalar que dicho empresario resultó electo diputado nacional de Córdoba en 2007 por el Fente para la Victoria. En aquel momento la presidenta le pidió que renuncie a su banca y se quede en la Cámara Alta al frente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, a pesar de ser el titular de una de las corporaciones más concentradas de la Argentina.

Lo que permitía sostener una cierta sospecha sobre su —digámoslo en tono kirchnerista— “independencia de criterio”.

¿QUIÉNES PERDIERON EN EL SENADO?

Por Manolo Giménez

Con el rechazo a la resolución 125 en el Senado no fueron derrotadas la democracia o la institucionalidad. Muchísimo menos, el proyecto de liberación nacional y social que, según sus acólitos, estaría llevando a cabo el gobierno de Cristina Fernández.

Tampoco fue el fracaso de un plan redistributivo. Pues con esta medida no se pretendía gravar ni a la riqueza ni a las ganancias —como hubiera sido el caso de las actividades extractivas (mineras o petroleras, por ejemplo) que son esencialmente rentistas—, sino a la producción.

El conflicto con las entidades rurales fue la consecuencia de extender más allá de sus limites materiales una política tributaria y fiscal conservadora, que se sostiene desde hace décadas sobre el consumo popular y la producción de las provincias.

Lock Out sin Goliat

La protesta fue motorizada por los productores. Especialmente los de menor escala; la mayoría de ellos sin afiliación gremial alguna.

Ni los oligopolios exportadores; ni las empresas procesadoras de alimentos ni las que producen fertilizantes (casi todas ellas extranjeras); ni los intermediarios y operadores de los pools de siembra, participaron de la protesta. Precisamente, porque dicha política fiscal —y el régimen aduanero que la complementa— juega a su favor.

Especialmente de los exportadores. Nunca está de más repetirlo: en la Argentina de hoy, son los exportadores quienes cobran los tributos o retenciones a los productores en nombre del Estado.

Y al tiempo que estas mismas empresas obtienen una suculenta diferencia entre el precio real (FOB) y el precio (FAS) sobre el que rinden sus propios compromisos fiscales —lo que constituye una “legalizada” defraudación al Estado—, no hay controles aduaneros mínimos en los puertos privados y buena parte del negocio está “en negro”.

Tal como lo expresa Jorge Rulli: “No existen políticas agrarias, pero sí existen Políticas de Estado para favorecer la exportación, subsidiar la producción de aceites y agrocombustibles y mantener la hidrovía para servir las políticas de corporaciones como Cargill”.

Piñazo 1

Los auténticos derrotados en el Senado fueron, precisamente, estas corporaciones que dominan nuestro mercado externo, puesto que intentaron una colosal estafa contra el pueblo argentino de más de U$S 1.500.000.

Como se explicitó oportunamente en este mismo blog, gracias al perverso sistema de declaraciones juradas anticipadas (DJVE) previsto en el Código Aduanero, los oligopolios exportadores intentaron congelar en el 27.5 por ciento (para ellos 24 por ciento, por la mencionada diferencia FOB/FAS) la alícuota de las retenciones que debían pagar. Esto es, formalizando las DJVE de casi toda la campaña 2007/2008 antes del 11 de noviembre de 2007.

El aumento internacional en la cotización obligó a retrotraer los precios internos a esa fecha. Para ello se intentó imponer el sistema de retenciones móviles.

Desde esta perspectiva se comprende por qué la Resolución 125 no tenía sustento técnico con la producción agrícola, ni político entre los pueblos del interior profundo. Era una nueva colaboración del Estado argentino con estas empresas (a las que no les interesa el país).

Piñazo 2

También perdió esta partida la propaganda estatal, que intentó disfrazar la maniobra en el Congreso y en los medios de difusión.

Digamoslo claramente. El proyecto que salió de Diputados no pretendía evitar la sojización —puesto que las compensaciones estaban destinadas, fundamentalmente, a los productores de soja—, ni equilibrar las cargas entre productores grandes, medianos y pequeños.

Tampoco tenía otro objetivo que permitir la compra de granos a precios retrotraídos a octubre de 2007. “El presente régimen será aplicable a las operaciones de venta de granos de la campaña 2007 / 2008”, reza el artículo 13 del proyecto rechazado.

Evidentemente, no se trataba de ninguna línea estratégica ni siquiera al mediano plazo.

Lo de las compensaciones también era un bluff. Como señaló el diputado Claudio Lozano, nunca se le dio de baja a la resolución 21/2008 del Ejecutivo, que establece que si bien al productor le van a cobrar la retención al precio FOB, luego al compensarlo lo harán a un precio inferior (FAS).

Por ende, los pequeños y medianos productores en lugar de pagar retenciones efectivas de entre el 30 y el 35 por ciento —como decía el texto aprobado—, hubieran pagado entre el 38 y el 41 por ciento.

La impostura discursiva

En los actos públicos del justicialismo se llegó a identificar a los dirigentes rurales con los terroristas paraestatales de 1976 o con los comandos civiles de 1955. Hasta hubo una senadora oficialista que, en el colmo del delirio, llegó a comparar a los referentes del Frente para la Victoria que sufrieron algún escrache con las víctimas judías del nazismo.

Es que la estrategia propagandística del oficialismo pretendió engalanar la resolución 125 de fines progresistas, nacionalistas y hasta revolucionarios.

Algo difícil de aceptar, porque no hay indicios de que se haya intentado poner en práctica algo por el estilo en ésta o en la anterior gestión presidencial.

Por el contrario. En lo que concierne a la producción agrícola, durante los últimos dos gobiernos se ha reforzado el modelo de monocultivos transgénicos y la consecuente inserción internacional de la Argentina como productor de forrajes. Tal “especialización” responde a las necesidades de la Comunidad Europea y de los grandes compradores como China y la India, fundamentalmente en lo que respecta a piensos, aceites y agrocombustibles.

Asimismo, en el mismo período no ha dejado de concentrarse la riqueza. Hasta se podría decir que la concepción misma de la práctica y construcción del poder que esgrime, particularmente, Néstor Kirchner, requiere de la concentración económica: pocos interlocutores —lo que permite negociar en forma directa—; sistemas de subsidios como forma de control político y un reducido grupo de privados para compartir las “argentinizaciones”.

Fantasmas del pasado

Respecto de la oligarquía, a la que tantas veces se aludió desde las usinas propagandísticas oficiales como recurso retórico para descalificar la protesta rural, hay que decir que, en términos históricos, no existe en su caracterización tradicional.

Ni siquiera la reaccionaria Sociedad Rural tiene esta identidad. Está claro que representa a productores de mayor formato; pero tales productores están absolutamente diferenciados de los poderosos latifundistas que, hasta hace cuarenta o cincuenta años, constituyeron la llamada “oligarquía vacuna”.

Nos referimos a aquellos estancieros dedicados mayormente a la ganadería y propietarios de enormes extensiones arrendadas en ínfimas proporciones, que eran el reaseguro en provisión de alimentos y control de precios del Imperio Británico.
Actualmente, los contados herederos que se mantienen en el rubro, producen de manera directa y dependen —al igual que el resto— de las compras de los oligopolios y de las políticas oficiales.

Sus fastuosas estancias familiares se han convertido en emprendimientos turísticos y ya no están interesados en promover hijos ilustrados —como Victoria Ocampo o Jorge Luis Borges— que busquen en valores universales los argumentos para redimir a su iletrado linaje de explotadores.

El campo trasnacionalizado

Es que el modelo del agronegocio actual tiene una lógica muy distinta del modelo agrario y agroindustrial que predominó hasta mediados de los años ’70. Hablamos no sólo de personas o familias tradicionales del sector que han sido reemplazadas por sociedades anónimas trasnacionales; sino de que este cambio ha generado, también, una matriz económica y financiera completamente diferenciada.

En 1976 se desmontó el banco de semillas del INTA y se transfirió ese conocimiento a las corporaciones que comenzaban a desembarcar en la Argentina. Se abrió el banco genético de la biodiversidad y se empezó a compartir con las multinacionales.

Norma Giarraca, coordinadora del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani (UBA) señala que “los proveedores de insumos extranjeros, entonces, empezaron a traer a los híbridos, una semilla que el productor no puede reproducir y que al mismo tiempo es más rendidora. Comenzó un proceso de agriculturación con cinco granos que utilizaban la semilla híbrida y agroquímicos, que subieron muchísimo la producción: el girasol, el sorgo, trigo, maíz y soja. Estos cultivos se expandieron progresivamente al interior. Hubo un aumento de la productividad con apertura del tipo de cambio y comenzó la trasnacionalización de la agricultura”.

Dicha trasnacionalización se consolidó cuando, a fines de los '80, las empresas alimentarias comenzaron a pasar a manos extranjeras y en 1991 se instrumentó la desregulación de granos, carnes y azúcar.

Más tarde aparecieron los hipermercados extranjeros (verdaderos imperios como Carrefour o Wal Mart), que se constituyeron, por el control de los precios en el mercado interno, en los núcleos centrales de poder en la cadena industrial agraria. Es decir, son quienes deciden qué producir, cómo producir, cuándo producir y a qué precios para la “mesa de los argentinos”.

Sociología de hojalata y cacerolas de teflón

En otras palabras: calificar a los productores y chacareros como “el enemigo principal” es entender bastante poco sobre los lazos de dependencia que soporta hoy la Argentina.

Arturo Jauretche, víctima de tantos infogramas y power points en los últimos días, dijo alguna vez: “Es fácil ver que el problema previo a la distribución de los bienes es que seamos dueños de ellos, de modo que la primera pelea no tiene que ser entre nosotros sino con quien se los lleva…”

Dicho sea de paso: tampoco los caceroleros elegantes de las ciudades, que demonizaron el jinglero Ignacio Copani y el pelotón de sociólogos banales, componen ninguna forma de oligarquía. Aún los más reaccionarios y tilingos.

Hasta se puede afirmar que ninguno de ellos alcanza a sumar ni la mitad del patrimonio de algunos “compañeros del campo nacional y popular” como Hugo Moyano, Miguel Ángel Pichetto o el propio Néstor Kirchner.

De todos modos, era previsible la inutilidad de tales maniqueísmos entre “pobres y ricos” para abordar cuestiones de este tipo; bagatelas verbales, más propias de las órdenes monásticas del medioevo o de la retórica del punk vernáculo a lo D’Elía que de un encuadre conceptual correcto para la dilucidación de los problemas argentinos.

¿Quiénes votaron contra el proyecto oficial?

Con sólo el voto en contrario de la oposición política (incluyendo al justicialismo disidente de Duhalde, Menem o Rodríguez Saá), el proyecto hubiese sido aprobado; como casi todo lo que, hasta ese momento, había enviado el Poder Ejecutivo.

Pero, para sorpresa de la aporteñada política profesional, aparecieron las provincias. Ya que la resolución 125 no sólo afectaba a un sector, sino a todo el interior del país. Pues el aumento de la alícuota a la exportación generaba una disminución del ingreso de los productores y, como consecuencia, un descenso de la recaudación por el Impuesto a la Ganacias.

Muchos dirigentes, gobernadores, intendentes, legisladores y hasta el propio vicepresidente de la Nación, que venían acompañando al Gobierno Nacional, se vieron obligados a enfrentarlo. No se los tardó en calificar de “traidores”.

La Patria es mía, mía, mía

Ocurre que Néstor Kirchner está convencido que fue exclusivamente obra de su administración el que la economía argentina se recuperara de la crisis de 2001. En consecuencia, nada le está vedado y puede disponer cuando quiera y cómo quiera de las ganancias de un “milagro económico” que le pertenece sólo a él. Una especie de revitalizado síndrome de la “Testa Rossa”.

De esta encerrona emocional de Kirchner y sus adulones es imperioso rescatar al gobierno que encabeza Cristina Fernández.

Para ello será fundamental, entre otras cosas, diseñar una auténtica política agraria de carácter nacionalista y modernizador, que contenga a las economías provinciales tanto como a los productores y chacareros, al tiempo que formalice la reinversión de la renta con fines productivos e industrializadores y respete la preservación de los recursos naturales. Con organismos públicos que orienten la producción y sostengan los precios; que formule un nuevo concepto de los arrendamientos y la propiedad rural; que ponga límites al oligopolio trasnacional nacionalizando el comercio exterior.

Hay una oportunidad inmejorable. Ojalá no la desaprovechemos.

El camino del General Mosconi

Por Raúl Quiroga

Especialmente en estos días, en que el enfrentamiento entre el oficialismo y las entidades rurales parece monopolizar la información, toda discusión sobre el petróleo y los recursos energéticos parece ser ajena al interés público. Algo así como un cuestión que, de tan técnica, concierne sólo a los especialistas.

Sin embargo, tanto el petróleo como el gas, la electricidad, el uranio o las denominadas “energías alternativas”, constituyen una agenda impostergable de la política. Y no hablamos sólo de proyectos; sino de políticas que cuenten con una activa participación popular.

Porque la generación de energía debe estar orientada al uso y disfrute de la sociedad en su conjunto. Es que toda la actividad desplegada a diario por nuestro pueblo está relacionada con la producción energética. Desde los plásticos o el material sintético hasta la medicina o las comunicaciones: una multiplicidad incontable de elementos de uso cotidiano dependen de la la generación de energía.

Una brújula nacional

En los países mas avanzados del mundo la matriz energética respaldada en el gas y el petroleo es del 70 por ciento. En cambio, en la Argentina es del 90 por ciento; lo que permite suponer que quienes manejen la energía en los próximos años no sólo tendrán en sus manos un excelente negocio sino, también, las llaves de toda estrategia económica y poder político.

En nuestro país, desde 1907 hasta 1993, este vital recurso fue controlado por el Estado Nacional. Por ello —merced a la renta obtenida por la administración centralizada— se pudo crear la estructura energética que disfrutamos actualmente. Es decir, gracias al control del Estado Nacional se pudieron construir, en ese periodo, la casi totalidad de los diques y represas con que cuenta el país; así como la inmensa mayoría de sus gasoductos y oleoductos.

Además, con la renta energética se construyeron escuelas y hasta nuevos pueblos, en lugares en los que parecía imposible.

En otras palabras: se adoptó un horizonte petrolero de carácter autocentrado y con la mira puesta siempre por sobre una capacidad de reserva no menor a los 20 años. Aún durante los gobiernos ajenos a la voluntad popular y en las dictaduras, este horizonte permaneció inalterado.

Actualmente, las reservas de nuestro país apenas si llegan a los 7.4 años; ya que las grandes empresas trasnacionales del sector que operan en nuestros yacimientos —al tiempo que perfeccionaron y agilizaron la extracción del crudo— no realizaron inversiones en materia de exploración y perforación.

Esta irracional extracción está empezando a revelarse en las estaciones de servicio; al tiempo que en ámbitos oficiales se habla, cada vez con mayor insistencia, sobre la posibilidad de importar gas oil.

Recuperar el timón

Estamos en un punto límite. Es necesario recuperar el manejo de nuestros recursos. Especialmente en este momento de incertidumbre en cuanto a los valores internacionales, ya que la tendencia indica que no mas allá del finales de este año el barril de crudo va a superar los U$S 200.

El General Enrique Mosconi sostenía que para defender los yacimientos argentinos de las compañías extranjeras, era necesaria "una magnífica insensibilidad a todas las solicitaciones de los intereses privados —concordantes o no con los intereses colectivos—; pero, sobre todo, hace falta un poder político capaz de contener todas las fuerzas opuestas".

“Resulta inexplicable —decía— la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero, para favorecer a éste con las crecidas ganancias que de tal actividad se obtiene, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino. Porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera”.

Es hora de retomar su camino.

Sin retenciones a la discusión política

Por Raúl Quiroga

Fueron cien días de la razón de la sin razón.

Una eternidad de desencuentros en el mejor escenario económico.
Un escenario que, paradójicamente, ofrece condiciones inmejorables para el encuentro.
Un encuentro que nos permita encontrar la fórmula del despegue.

Para ello se requiere recuperar el valor de la palabra.

Pues si en su momento se asumió el compromiso de recuperar la calidad institucional de la República, no se puede ahora soslayar el marco que impone la Constitución Nacional.

Y si antes aún se invocó el federalismo, no se puede seguir apostando a la centralización, a manos del Poder Ejecutivo Nacional, y a la concentración, a manos de pooles y corporaciones, de las riquezas del pueblo argentino.

El Poder Legislativo debe hacerse cargo de sus potestades

Más allá del resultado que ofrezca el actual debate en torno al proyecto oficial sobre retenciones móviles, los legisladores nacionales tienen la obligación de derogar el artículo 755 del Código Aduanero, sancionado en 1981 durante la última dictadura militar, que delega en el Poder Ejecutivo la potestad de definir la aplicación concreta de los derechos de exportación, los bienes gravados y la alícuota aplicable.

Porque esta delegación de las potestades del Congreso es inconstitucional.

El artículo 75 inc. 1 de la Constitución Nacional establece, como primera facultad del Congreso, la de “legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación”.

Reforzando esa norma, el artículo 76 de la Constitución establece también claramente que “Se prohibe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.

Está claro que al momento de dictarse la resolución 125, donde se estableció el sistema de retenciones móviles, el país no se encontraba en ninguna emergencia, ateniéndonos estrictamente a las palabras de la Presidenta.

¿Gobierno federal o centralismo confiscatorio?

Según la Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, existen antecedentes judiciales que indican que cuando un impuesto supera el 33 por ciento resulta confiscatorio. Otro tanto afirma su par, Eugenio Zaffaroni, quien también adelantó que la alícuota del 44 por ciento aplicada por el Ejecutivo a las exportaciones podría ser discutida en la Justicia por lesionar el derecho de propiedad.

A ello debería agregársele que las retenciones, al aplicarse sobre los ingresos brutos (valor de venta), no toman en cuenta la situación patrimonial de los productores ni la utilidad de las explotaciones agropecuarias. De esta manera, se omite el principio reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto que los impuestos deben observar la manifestación de riqueza que absorben

Bastaría, por lo tanto, que se aplicaran la ley y la Constitución para empezar a revertir el centralismo económico vigente. Pero es la lógica del disciplinamiento lo que parece decidir lo que está bien y lo que está mal; dónde se aplica la ley y dónde no; lo que hacer y lo que no.

Ya no sos mi Margarita

Nunca dejan de sorprenderme los cambios tan importantes y drásticos de ideas que afectan a los dirigentes cuando alcanzan una dosis de poder.

Lejos quedó el año 2002 cuando el ahora ex presidente Néstor Kirchner explicaba por todo el país que las retenciones eran confiscatorias de las riquezas de las provincias y no hacían otra cosa que financiar las políticas —y a los políticos— desde Buenos Aires.

También explicaba que tales retenciones, si no se aplicaran, podrían producir una mejora de la productividad y, por lo tanto, se podrían tener mas recursos en las provincias productoras. (En un video que circula por Internet habla de Santa Fe, específicamente).

Pero claro, eran otros los escenarios políticos que justificaban aquella puesta en escena. Es como si el cambio de hábitat de Santa Cruz por Buenos Aires hubiera hecho mutar al entonces rebelde gobernador provinciano; adoptando sin modificación alguna el centralismo brutal que practicaron Menem y Cavallo quienes, al mejor estilo de los regímenes coloniales, manejaron discrecionalmente la renta de los argentinos desde el puerto.

Ese mismo centralismo de los tiempos de Rivadavia y de Rosas, que se reforzó como nunca antes con el menemismo, mediante la práctica de los “superpoderes” y los decretos de necesidad y urgencia.

El federalismo en el centro de la escena

En este sentido, debemos de recordar que en el año 2002 la Nación y las Provincias acordaron que el monto de los recursos nacionales a distribuir no serian inferiores al 34 por ciento del total de los recursos. Sin embargo, hoy son del 24 por ciento, con tendencia a bajar aun mas. (De hecho, el aumento de las retenciones —que no son coparticipables— achicaría la recaudación por Ganancias, que es coparticipable).

El tema de fondo de la discusión no debe circunscribirse, entonces, a la soja o a las retenciones. Porque lo que está en juego es la concentración del poder económico y de los recursos nacionales.

Es por ello que los legisladores tienen una inmejorable oportunidad para demostrar que aquello de construir un País Federal no fue sólo retórica. Se trata de una posibilidad histórica de corregir distorsiones con el mero asesoramiento de la sensibilidad patriótica, a fin de recuperar la soberanía popular como base indisoluble de una nación que se precie de tal, con sus poderes independientes e intactos.

Una nación orgullosa de la dinastía federal, legada por José Gervasio de Artigas en los albores de nuestra independencia.