PENSAR CON JAURETCHE

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Este pasado viernes, 23 de mayo, se realizó en la Biblioteca “San Martín” de Mendoza la Jornada de Pensamiento Nacional “Pensar con Jauretche”, donde fue presentado el ensayo de Juan Quintar "Pensar con estaño: el pensamiento de Arturo Jauretche".

El libro, de reciente publicación, es una de las más originales y valiosas aproximaciones a la obra del escritor del “Manual de Zonceras Argentinas”; “El Medio Pelo en la sociedad argentina” o “Ejército y política”, entre otros clásicos del pensamiento de la emancipación nacional.

Quintar vitaliza a Jauretche; lo hace actual y operativo en el cuestionamiento de los problemas argentinos. Desde la recuperación de sus orígenes conservadores, el autor presenta al polemista y revolucionario que transitó por FORJA y el peronismo, como la encarnadura perfecta de aquello que Roberto Ferrero denominó “la inversión del signo de la categoría”. Esto es, la mutación de sentido de las ideologías —originadas en el proceso histórico específico europeo, casi todas ellas— al confrontarse con los problemas específicos de nuestro propio devenir histórico.

Pues así como comunistas y socialistas cumplieron un papel francamente contrarrevolucionario, al transpolar acríticamente estas doctrinas revolucionarias desde el Viejo Mundo, el “conservador” Jauretche expresó como nadie el camino de la revolución nacional.

Este método de agrandar el sombrero en lugar de achicar la cabeza (según una metáfora jauretcheana citada por Quintar en la charla) fue el eje de una exposición que abordó no sólo cuestiones de método y literatura sino, fundamentalmente, cuestiones políticas de plena actualidad.

Entre ellas, el asfixiante disciplinamiento y maniqueísmo que domina la escena política argentina actual. En este aspecto, Quintar remarcó que Arturo Jauretche sólo le prestó obediencia a sus ideas, a las que jamás subordinó a una identidad o conveniencia partidaria.

En un panel coordinado por Manolo Giménez, el escritor estuvo acompañado por los cientistas sociales Aritz Recalde y Graciela Cousinet (Vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo), quienes aportaron elementos históricos y críticos a la exposición.

La apertura estuvo a cargo del diputado nacional y titular del Sindicato Petróleo y Gas Privado de Cuyo, Dante González, quien destacó que “el movimiento sindical es el refugio natural del pensamiento nacional. Porque en los sindicatos está el último bastión de la solidaridad popular”.
“Estamos viviendo una etapa histórica fundamental —dijo— para que trabajadores e intelectuales unamos nuestro pensar y sentir, teniendo como perspectiva el recuperar la Patria Grande Latinoamericana”.

Sobre el final habló Ernesto Jauretche —siempre magistral en la narración de nuestra historia política e intelectual— y Jorge Marziali cantó “Así hablaba Jauretche” y “Cuando Perón era Cangallo”, ambas pertenecientes a su último CD “San Lagente”.

¿Estamos luchando contra la oligarquía?

Por Alberto Alberti

N. de la R.: Pululan en Internet presuntas explicaciones “del pensamiento nacional” sobre el actual conflicto que enfrenta a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional con los productores rurales.

Desde algunas respetables plumas del oficialismo, como Norberto Galasso, hasta el eterno veleta Antonio Cafiero incurren en el común error de confundir la tradición intelectual del nacionalismo popular con los mapas del pasado. Los mismos que fueron tan lúcidamente abordados por Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz o Jorge Abelardo Ramos, pero que deben ser actualizados a las nuevas circunstancias.

Hoy el régimen de propiedad de la tierra y de producción agrícola es sustancialmente distinto de los tiempos de la “oligarquía vacuna”. Monopolios biotecnológicos, pooles de siembra y corporaciones exportadoras constituyen en nuestros días el bloque dominante.

La presente nota es parte de una serie tendiente a esclarecer el funcionamiento de los mismos.

Con las cuentas a favor

Según una investigación del periodista Raúl Dellatorre —publicada por el diario Página 12— los exportadores, basándose en el Código Aduanero, liquidan las retenciones sobre un valor menor del que facturan. Pero al productor le descuentan sobre el valor total.

Supongamos, por ejemplo, que la tonelada de soja vale 500 dólares (valor FOB o puesta en embarcación). El exportador le compra por ese valor al productor y le descuenta fletes, una comisión por acopio y un 35% que deberá pagar en la aduana como retención a las exportaciones. Dejando de lado los fletes y la comisión por acopio y descontando sólo las retenciones el productor cobra de manos del exportador:

500 — 35%

es decir:

500 — 175 = 325 dólares por tonelada

Luego el exportador vende su mercancía y liquida en el acto las retenciones obteniendo de este proceso 370,37 dólares. En otras palabras, el 9,46% mas (45,37 dólares) de lo que le pagó al productor.

¿Cómo hizo el exportador para obtener más dinero que el productor si las retenciones en ambas situaciones son del 35%?

La solución a este enigma se encuentra en la interpretación que hace el exportador del Código Aduanero Argentino, precisamente, del art. 737 que dice: “No obstante lo dispuesto en el art. 735, se excluyen del valor imponible los derechos y demás tributos que gravaren la exportación”.

Dice Dellatorre al respecto: “(…) el Código Aduanero lo habilita (al exportador) a considerar que el valor FOB de exportación ‘ya’ incluye el derecho de exportación. Es decir, que el valor FOB es el valor neto (base imponible) ‘más’ el derecho de exportación.” Y continúa: “El cálculo no es ilegal, sino que surge de una interpretación del Código Aduanero que se aplica hace ya muchos años.”

Es decir que el exportador interpreta que las retenciones están contenidas dentro de los 500 dólares por tonelada y para saber cuánto es el impuesto, debe realizar esta cuenta:

500 / 1,35

es decir quitarle el 35% a 500 y así deducir la base imponible:

500 / 1.35 = 370,37

y para saber lo que debe pagar:

370,37 x 35% = 129.63 dólares (370,37 + 129,63 = 500 dólares)

Pero cuando trasladó el descuento al productor, lo hizo sobre el precio final o FOB y no contenido en el mismo.

Es más, cuando el ex ministro Martín Lousteau lanzó la medida, también la aplicó sobre el precio final. Es decir que, con esta maniobra que desatiende la resolución tomada por el Ejecutivo, el exportador paga en concepto de retenciones solo 25.9% (129.63 dólares) por tonelada.

¿Qué lucha? ¿Contra qué oligarquía?

De esta manera las empresas exportadoras, de las cuales sólo 5 controlan el 90% de la exportación (Cargill, Bunge y Born, Dreyfus, Aceitera General Deheza, del senador oficialista Roberto Urquía, y Vicentín) generan en este proceso, en ausencia total de controles del Estado, una ganancia neta del 9,1% que pagan los productores y que debiera engrosar las cuentas del Estado.

Mientras más aumenten las retenciones mayor será la ganancia de estas empresas. Veamos el mismo ejemplo anterior, pero con las retenciones del 44%.

El productor al vender pagará el 44% en concepto de retenciones al exportador:

500 x 44% = 220 dólares

y obtendrá por la venta de una tonelada de soja

500 – 220 = 280 dólares

A su vez, el exportador antes de vender aprovechará la distracción del gobierno y sacará la base imponible:

500 / 1,44 = 347,22 dólares

y sobre esta aplicará el valor de la retención:

347,22 x 44% = 152.77 dólares
(347.22 + 152.77= 500 dólares)

Es decir 67,22 dólares menos que los que aportó el productor. Dicho de otra forma 67,22 dólares por tonelada de ganancia y, por lo tanto, habrá pagado en concepto de retenciones 30,55%

Un 13,45% menos del valor del impuesto. Con lo cual queda demostrado que cada aumento de retenciones significará mayores ganancias para las empresas exportadoras.

Cuando la retención es del 35% estas ganan un 9,1% y si el impuesto fuera del 44% la ganancia sería de 13,45%.

El resultado es una mayor transferencia de divisas desde los productores directos hacia las corporaciones exportadoras (y evasoras).

Apostilla

Esta campaña 2007/08 está estimada por el gobierno en 47 millones de toneladas de soja, con retenciones del 35%, invito al lector a estimar la ganancia por evasión de retenciones que obtendrán las transnacionales instaladas en el país. Escalofriante ¿no?

Cabe aclarar que este sistema de base imponible no sólo se utiliza para las exportaciones de soja sino que es usado en la mayor parte de los productos que se exportan desde Argentina.

Observatorios de Medios y Cultura (Nota 3)

Por Octavio Getino

En lo específico de los grandes medios está claro que su poder e influencia ha crecido de manera simultánea a la pérdida de confianza por parte de la población en la mayor parte de sus dirigencias políticas y sociales lo cual ha erigido a muchos periodistas y comunicólogos en jueces, fiscales y “punteros” de las políticas de las grandes empresas mediáticas, claramente asociadas o dependientes de quienes dominan la economía local y transnacional. Medios y globalización neoliberal están íntimamente
vinculados.

Es por ello, tal como observa el periodista Ignacio Ramonet, que resulta necesario y urgente debatir la manera en que los individuos pueden exigir a los grandes medios “más ética, más verdad, más respeto por una deontología que permita a los propios periodistas actuar según sus propias conciencias y no en función de los intereses de
los grupos, empresas y patrones que los emplean… La existencia de un Observatorio de Medios constituye un contrapeso indispensable frente al exceso de poder de los grandes grupos de comunicación que imponen, en materia de información, una única lógica –la del mercado- y una única ideología –la del pensamiento neoliberal-. La existencia de un observatorio de ese carácter pretende ejercer una responsabilidad colectiva, en nombre de los intereses de la sociedad y del derecho de los ciudadanos a ser bien informados”. (www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos)

En este punto cabe resaltar que la mayor parte de los observatorios de cultura y medios que existen en América Latina, no se ocupan solamente de un monitoreo crítico o restrictivo, sino que, como apunta Susana Herrera, doctora en Comunicación de la Universidad de Navarra (España), ”trabajan principalmente con un carácter propositivo que les lleva a tratar de formular otras prácticas, estilos y contenidos posibles de manera que la crítica no sólo sea destructiva sino también edificante y constructiva. De esta forma, los observatorios latinoamericanos comparten la convicción de que llegados a este punto, la protesta sin propuesta no sirve de nada”. (www.saladeprensa.org/art638.htm)

Frente a las crisis que viven nuestros países, los observatorios de medios son lugares sociales nuevos alentados por una tradición que ha insistido en unir democracia y comunicaciones desde una perspectiva emancipatoria y crítica. Lugares del ver y observar ciudadano, que en su operación de control político del poder permiten, a su vez generar participación social, presencia activa en la vida pública. Apuestan, tal como observa Germán Rey, “por una información pluralista que debata los temas que le interesan a la sociedad, que convoquen diferentes matices de la interpretación, que 'hagan escuchar lo que la gente le quiere decir al poder'. Como otras figuras sociales, los observatorios y las veedurías emprenden un camino que expresa, dentro del rango de sus acciones, las vicisitudes y los desafíos de las propias sociedades”. (www.veeduria.org.pe/articulos/rey.htm)

Los observatorios de medios –o las también llamadas veedurías- procuran contribuir a establecer parámetros que sirvan para verificar el cumplimiento de estos deberes periodísticos que incentivan la mayor calidad en la convivencia ciudadana y el funcionamiento de la sociedad. En una democracia participativa, es decir, aquella que integra un conjunto de organizaciones y comunidades con el fin de incidir en la toma de decisiones y en la definición y el control de las políticas públicas, los observatorios pueden constituir –según Germán Ortiz Leiva, de la Universidad de La Sabana (Colombia)- un auténtico mediador entre medios y sociedad, aumentando un espacio social, hasta ahora prácticamente vacío, pues la ciudadanía ha sido convertida en un conjunto de consumidores representados de modo ficticio por sondeos de opinión que emplean, sobre todo, metodologías cuantitativas, necesariamente reduccionistas, y con matices que no dan cuenta de los valores sociales más importantes de la comunidad. (www.saladeprensa.org/art293.htm)

Por otra parte, no corresponde a los observatorios la facultad de ordenar o sancionar a nadie –como no es propio de ningún sistema de información de carácter científico- sino la de brindar un servicio público informando sobre los resultados de sus estudios, análisis o veedurías, para que sea la propia comunidad, y los distintos sectores que la conforman, quienes hagan el uso que crean más adecuado para el mejoramiento de los intereses del conjunto. Algo que excede lo meramente estadístico o cuantitativo y se proyecta también sobre los valores básicos de una democracia que pretenda fundarse en bases de equidad y participación.

Tal como advierte Germán Rey, el “observar” no busca una visión perfecta sino mas bien, reconociendo las contingencias del ver, afirma que se necesitan diversas miradas para modular y comprender los prismas sociales. Los observatorios son, entonces, “experiencias que reconocen su visión parcial, pero sobre todo que se abren a confrontarse con otras miradas, interactúan con otras observaciones que a su vez, provienen de diferentes “lugares” dentro de la sociedad. Despojados de miradas cerradas, los observatorios existen por el juego de las perspectivas. No se trata de una relativización de la mirada sino de la exigencia de complementariedad. Pero ¿cómo garantizar efectivamente la participación de diferentes sectores sociales y la apropiación por parte de los ciudadanos de sus análisis de la información proporcionada por los medios? ¿Cómo lograr la integración entre el ver/observar, la acción y las transformaciones? ¿Cómo lograr la sostenibilidad, temporal y organizativa, frente a lo simplemente episódico o coyuntural?”

Ante estos y otros interrogantes, ya no son suficientes las respuestas de economistas o expertos en estadística, sino que se hace necesario un trabajo de análisis interdisciplinario del que no deberían estar ausentes profesionales de la información y la comunicación, sociólogos, gestores culturales, además de los agentes y personalidades más representativos de la propia comunidad.
En resumen todo esto hace a un tema fundamental para la democracia y el desarrollo de la cultura y la comunicación en cada país. Pero también alerta sobre la necesidad de un manejo pluralista e interdisciplinario de la observación y los estudios, con el fin de que la misma no quede subordinada a intereses sectorizados, públicos o privados, sino que apunte a posibilitar una creciente participación de la comunidad en su desarrollo.

Cualquier sistema de observación o de información en este campo no se limita a monitorear el desenvolvimiento de los grandes conglomerados o del sector privado, sino también la labor de cada gobierno nacional y/o provincial en materia de políticas y acciones –o la ausencia de ellas- en los campos de la cultura y los medios de comunicación. En ese sentido tampoco la mayor parte de las políticas públicas en dichos campos ha sido paradigma alguno de lo que el Estado, por la representación que le ha otorgado democráticamente la comunidad, debe hacer en áreas estratégicas para el desarrollo nacional, como son las de la información, la comunicación y la cultura. La observación crítica –no la imposición o la censura- de los contenidos que propalan los medios, incumbe así no sólo a lo que propalan las grandes empresas, sino también a la labor de aquellos que manejan los funcionarios de turno.

Precisamente la última gestión del organismo competente en materia de regulación de la radiodifusión del Estado, no ha estimulado políticas orientadas a un análisis real de los contenidos producidos en los sistemas de comunicación y de información, sean públicos o privados. Muchas de las medidas gubernamentales, se dispusieron casi espasmódicamente y no pasaron de algunos amagues mediáticos, sostenidos más en alguna coyuntural disputa política o económica que en una real preocupación de encuadrar a los medios de dichas empresas –y también a los propios- en la función de un verdadero servicio público, que es el lugar que legítimamente les corresponde. También con igual liviandad fue tratado un tema de singular relevancia como fue la prórroga de las licencias del espectro radioeléctrico –que es propiedad de toda la Nación y no de un determinado gobierno o grupo de empresas privadas- sin llamado a licitación y sin evaluar el cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en los pliegos licitatorios al momento de su concesión, a los grupos concentrados que ya venían haciendo uso de ellas.

Ello explica el fracaso de las sucesivas convocatorias a una nueva ley de radiodifusión, los alrededor de 70 proyectos cajoneados en el Congreso Nacional, las más de 200 enmiendas por decretos de “necesidad y urgencia” del Poder Ejecutivo de los ´90 al decreto-ley 22.285 de la última dictadura militar que, obsoleto, y lleno de parches y remiendos, sigue teniendo aún –al menos teóricamente- una bochornosa vigencia. La más que elocuente ausencia de debate público sobre todas estas decisiones y omisiones, es otra de las características de las erráticas políticas públicas sobre los medios de comunicación que se han seguido en estos años de democracia y que contaron con un sospechoso silencio por parte de distintos actores sociales.

Ahora, también, los gestores y principales beneficiarios de aquellas pretenden llamar a silencio -a manera de verdadero lumpenaje mediático- el tema de la creación de un Observatorio de Medios, distorsionando la información sobre el sentido del mismo, a la vez que enfrentan de nuevo la anunciada sanción de una nueva ley de Radiodifusión. Una ley que, por otra parte, requiere de un debate serio y democrático entre los sectores más representativos de la comunidad. Debate participatorio que vaya más allá de las habituales “mesas chicas” a las que suelen concurrir solo algunos funcionarios y empresarios y que se proyecte con un sentido participativo y federal en otros espacios –organizaciones sociales, académicos, usuarios, etc.- tanto de la Capital como del interior del país.

El problema principal reside en la existencia –o ausencia- de una clara conciencia por parte de los decisores políticos y sociales, sobre la importancia que los medios de comunicación social y el conjunto de las industrias culturales poseen en la actualidad, por cuanto además de su creciente potencial económico y de dinamización del empleo, constituyen los principales vectores de la formación (o de-formación), la información (o des-información), la educación (o des-educación) y el desarrollo (o la involución) cultural de los argentinos.

Observatorios de Medios y Cultura (Nota 2)

Por Octavio Getino

En materia de observatorios de cultura y de comunicación, hay miles de ellos en mundo, cada cual con sus particulares abordajes y modos de financiamiento, operatividad y metodología de trabajo. Sin ir más lejos, la propia Organización de Estados Americanos elaboró un proyecto de Observatorio Interamericano de Políticas Culturales y más de una vez los responsables nacionales de cultura de los países iberoamericanos coincidieron en la posibilidad de crear un Observatorio Iberoamericano de Cultura.
A partir de estas inquietudes, y con la aprobación de los gobiernos de la región, los ministros y responsables de la cultura iberoamericana, han puesto en marcha, con mayor o menor empeño y claridad, sistemas nacionales de información cultural.

Esto ocurre desde hace un par de años en Argentina, de igual modo que existe en la Secretaría de Cultura de la Nación un Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA) (www.cultura.gov.ar/sinca) y un Laboratorio de Industrias Culturales. En el Gobierno de la Ciudad –desde hace cuatro años- existe un Observatorio de Industrias Culturales, que nos tocó diseñar y coordinar entre 2004 y 2007 (www.buenosaires.gov.ar/observatorio). Una inquietud parecida manifestaron el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y los de otras provincias, e incluso hay universidades y facultades que tienen sus propios observatorios, como la Universidad de Córdoba o la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires. También los hay en organizaciones sociales, como la UTPBA, que representa a los periodistas de la ciudad de Buenos Aires.

Ellos tienen distintos niveles de desarrollo y evolución. Muchos están vinculados a universidades, como sucede con la Universidad de San Pablo, en Brasil, la Javeriana en Colombia, la de la República en Uruguay o el Proyecto Observatorio de Medios de Comunicación en Ecuador. Otros han surgido de iniciativas de profesionales de la comunicación o de organizaciones sociales como la Agencia de Noticias dos Dereitos da Infancia (ANDI/Brasil), dedicada a tratar el tema de los derechos de los niños y los jóvenes en los medios de comunicación, o la Veeduría Ciudadana de Comunicación Social del Perú, y también de iniciativas internacionales como el Observatorio Global de Medios, de Venezuela, asociado al Observatorio Internacional de Medios (Media Watch Global).

Se estima que a nivel mundial oscila entre 1.000 y 1500, el número de observatorios dedicados a la cultura y los medios de comunicación. Tal como observa Germán Rey, de la Universidad Javeriana y miembro del Sistema Nacional de Ciencia de Colombia: “Los Observatorios tienen focalizaciones temáticas o ejes específicos de su acción. Mientras que unos insisten en los derechos de la infancia y los jóvenes, otros subrayan el papel de los medios en la representación de los conflictos internos; mientras unos se ocupan preliminarmente de la relación entre información y elecciones, otros se preocupan por los derechos humanos, la intimidad o la figuración de la alteridad. Hay observatorios que buscan incidir en la generación de leyes mucho más modernas y democráticas en materia de medios e información, mientras que algunos intentan observar permanentemente la información proporcionada por los medios de comunicación en un período particularmente turbulento de la historia política, social y comunicativa del país. Todos estos temas tienen sin embargo dimensiones comunes: el reconocimiento de la importancia de la comunicación para la democracia, la necesidad de fortalecer el derecho ciudadano a la información, la insistencia en las exigencias que desde la ciudadanía se hacen a los medios para que los ciudadanos puedan ser cada vez más autónomos, la urgencia de participar en la construcción de agendas públicas así como en la democratización de las comunicaciones”.

La importancia de esta labor de alcance mundial, pero de aplicación local –lo que se observa siempre es un recorte de un contexto delimitado como campo de estudio- fue puesta de manifiesto en sucesivos encuentros, algunos de carácter regional, convocados por organismos intergubernamentales y otros de mayor amplitud, como fue el realizado en San Sebastián, España, en noviembre de 2007, en las llamadas Jornadas Internacionales con los Observatorios de la Cultura.

En Francia, Alemania y España hay instancias creadas por el Estado que son independientes de la gestión (siempre contingente) de gobierno, que observan el funcionamiento de los medios (de gestión estatal o privada) con el resguardo de la diversidad y la pluralidad de quienes realizan esa observación. Tal vez el observatorio europeo que más se parezca a los latinoamericanos sea el Observatorio Francés de Medios, también creado a partir del Foro Social Mundial y surgido oficialmente el enero de 2003 en París. Conectado al Media Watch Global trata de “proteger a la sociedad contra los abusos y las manipulaciones”, así como “defender la información como un bien público y reivindicar el derecho de los ciudadanos a ser informados”. Otro observatorio que realiza una labor remarcable es el OETI (Observatorio Europeo de Televisión e Infancia) localizado en Barcelona.

Un relevamiento efectuado por Luis Albornoz, de la Universidad Carlos III de Madrid y Michael Herschmann, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, identificó en 2007 un total aproximado de 55 observatorios de cultura, políticas culturales y medios de comunicación en el espacio iberoamericano (actualmente sería posible identificar alrededor de 150 observatorios en la región). Alrededor de la mitad de los mismos correspondía en aquel año a España, una decena a Brasil, y cuatro en cada uno de los países de Argentina, Colombia y Uruguay. Asimismo se conocían las experiencias de otros sistemas y veedurías de medios en Perú, El Salvador, Venezuela y otros países de la región. Algunos de ellos, financiados por fundaciones internacionales, como la Ford, en Brasil, y otros por poderosos emprendimientos privados, como el Banco Itaú de Brasil (Observatorio Itaú Cultural), un proyecto del cual inicialmente participamos en carácter de consultoría y que tendía a cubrir un vacío enorme en materia de información sobre el espacio cultural brasileño. Otros dependen de organismos gubernamentales, como arriba se ha mencionado, y por tanto están sujetos a las contingencias políticas y a los imprevisibles y repetidos cambios de funcionarios. Los hay también de carácter mixto.

El criterio que rige la habilitación de estos observatorios, es la de relevar y sistematizar información cuantitativa y cualitativa sobre los recursos culturales y los medios de comunicación social existentes en cada país o localidad, ya sea con mapeos, relevamiento de datos y producción de estadísticas, o mediante encuestas acotadas a ciertos temas, de modo de procesarlos y ponerlos en servicio de la comunidad. El punto de partida es la incuestionable afirmación de que no existe política ni proceso de toma de decisiones, de carácter público o privado, que puedan ser confiables y sustentables sin tomar en cuenta una masa de información fidedigna y actualizada.

Un elemento predominante en muchas de estas experiencias, es la concentración en los estudios meramente cuantitativos –estadísticas, incidencia económica, cuentas satélites de cultura, etc.- aunque, a veces también esto se complementa con cierta orientación hacia el análisis de la dimensión cualitativa. Es decir, los contenidos simbólicos que son el soporte motriz y la esencia misma de las industrias culturales y los medios de comunicación, y sobre cómo ellos inciden no ya en la economía, la balanza comercial o el empleo, sino en la formación de ciudadanía.

Este tema fue materia de un seminario internacional a mediados de 2007 en Bogotá, cuando las autoridades culturales de esa ciudad convocaron a especialistas de los países andinos para intercambiar experiencias en el diseño de indicadores culturales que permitieran medir, no sólo la oferta y la demanda de actividades o servicios culturales o mediáticos –espectáculos populares, programas televisivos, shows musicales, eventos turísticos, programas deportivos, etc.- sino, particularmente, el efecto social que dichas políticas, estrategias y acciones tienen en la disminución de la violencia, el combate a la droga, la inclusión social, la formación ciudadana, los valores solidarios, etc. Para quienes fuimos invitados a participar en dicho encuentro, este enfoque tenía una importancia y una complejidad mucho mayor que la simple –aunque necesaria- recopilación de datos cuantitativos (a los cuales la mayor parte de las empresas también se resisten, porque si la información es poder, democratizarla es hacer otro tanto con el poder mismo, objetivo que no coincide con los intereses sectoriales de las grandes empresas de la comunicación y los medios).

Observatorios de Medios y Cultura: ¿fantasmas amenazantes o instrumentos de poder democrático? (Nota 1)

Por Octavio Getino

Un nuevo fantasma pareciera recorrer, si no todo el mundo, al menos los intereses de los poderosos grupos mediáticos de América Latina. De manera simultánea y coordinada las grandes empresas de multimedios de distintos países de la región -precisamente aquellos donde han comenzado a instalarse proyectos políticos de cambio, como Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua- esgrimen a manera de “cacerolazo” más o menos sincronizado el fantasma de los “observatorios” que se insinúan por parte de algunos gobiernos para monitorear lo que hasta ahora son territorios sectorizados –exclusivos y excluyentes- de poderosos grupos económicos y financieros, locales e internacionales.

En este tema, como en muchos otros, no es difícil advertir la manipulación de la información por parte de los grandes medios –donde se incluye un entramado de comunicólogos periodistas de renombre y numerosos punteros mediáticos- para intentar defenestrar cualquier tentativa que provenga del Estado o de la propia sociedad, para observar en términos de interés social la situación de un sector como el de los medios, dueños de sistemas comunicacionales –a la vez culturales y educativos- más poderosos que aquellos que manejan los propios Estados para la información y la formación democrática de la ciudadanía.

Los medios representan porciones de la realidad. Tal como señala Martín Becerra, de la Universidad Nacional de Quilmes, “lo que aparece en ellos y lo que es omitido (por criterios de noticiabilidad siempre falibles) construye a su vez un marco de agenda que instala unos temas y valores determinados, en detrimento de otros. La cobertura mediática del conflicto del campo demostró, una vez más, que el enfoque de la realidad jamás es imparcial, que en la selección de las fuentes y de los testimonios hay tendencia, y que se puede erosionar la posición de algunos actores para favorecer la imagen pública de otros. Es necesario hablar de ello. Es ilógico que en democracia se pueda hablar de todo, menos de los medios”. (La Nación, 12-4-08)

Toda sociedad necesita de sistemas de información confiables, de observatorios que permitan un mejor desenvolvimiento de los individuos, los grupos sociales, y las empresas públicas y privadas, y de todos los actores vinculados a la transformación, es decir al mejoramiento integral de la propia sociedad. Ello explica la existencia de Consejos Nacionales de Investigación, Institutos de Estadística y Censos, Servicios Nacionales de Meteorología, Sistemas Nacionales de Consumos Culturales, Sistemas de Información Cultural y como parte de esos y otros instrumentos destinados a conocer más y mejor el contexto donde se define nuestra existencia, de Observatorios Nacionales, Provinciales, o Locales para reunir y procesar información de muy distinto carácter (políticas culturales, economía, mujer, infancia, industrias culturales, gestión, discriminación, etc.). Precisamente, en el contexto de expansión multimedial global, el Estado no sólo puede, sino que tiene la obligación de analizar, monitorear, y regular la circulación de contenidos –de manera científicamente mensurable- que hacen a la salud de la población, como ocurre con los productos farmacéuticos y los alimenticios. A nadie se le ocurriría dejar estos productos tangibles solamente en manos de los poderosos grupos empresariales que los producen y distribuyen, sin controles de ningún tipo, con el pretexto de garantizarles una supuesta “libertad de empresa”. El más elemental sentido común advierte que a dichos grupos, más que la salud o la sana alimentación de una comunidad, les importa el monto de las ganancias que habrán de presentar anualmente a sus accionistas o a los fondos de inversión de los cuales dependen.

El problema aparece cuando se pretende incursionar en los contenidos intangibles –más difíciles de evaluar que los puramente materiales- pero que inciden en la información, la educación y la cultura de la población, es decir en el basamento de la salud ciudadana, con tanta o mayor fuerza, para bien o para mal, que los referidos a la alimentación o a la salud física. Este campo pareciera estar vedado en términos casi absolutos para toda persona, sector o gobierno y el pretexto es el de la llamada “libertad de prensa”, que como más de una vez se ha dicho, sólo sirve a quienes tienen el poder de ejercerla, es decir a las grandes empresas.
Sin embargo, la libertad de prensa es un bien social; es decir es una garantía constitucional pensada para el conjunto de la sociedad y, es en función de preservar este bien colectivo, que ella resguarda de las distintas formas de censura, directa o indirecta, que se puedan ejercer sobre los periodistas y los medios de comunicación social.

Convengamos en que la censura no es solo la de carácter político o ideológico que puede provenir del Estado, sino que las grandes corporaciones económicas constituyen hoy los grupos de poder fáctico que tienen una capacidad mayor a la de aquél para definir qué informaciones habrán de circular en la sociedad u omitirse, y de qué manera las mismas serán enfocadas, según convenga o no a sus intereses, al menos en los medios que ellos controlan de manera directa –como accionistas- o indirecta, en su carácter de anunciantes.

¿Techint es una empresa argentina? (Nota 2)

Por Cynthia V. Lana

“Todo viene a parar en que el abastecimiento de las Américas está en manos de una docena de casas matrices de Cádiz y otra docena de Londres y Nueva York. Este monopolio es el peor, el más ruin y limitado. La consecuencia es que los americanos se ven precisados a comprar a precios enormes todo lo que se les quiera vender. Y por supuesto compran los pudientes. Y además esto nada fomenta la agricultura ni las manufacturas, que son la riqueza nacional de todo país".

Bernardo de Monteagudo (“El Censor”, 18 de diciembre de 1812).


Según la definición clásica de John Kenneth Galbraith, la ventaja de las empresas transnacionales consiste en dos rasgos fundamentales: en el aprovechamiento de las asimetrías entre el país de origen y los países receptores de la radicación de capital y en la expansión de sus actividades al sector financiero.

Para ello, —decía Galbraith en 1967— las empresas deben imponerse primero en la competencia al nivel nacional, pues del éxito en ese espacio depende su expansionismo.

Actualmente, el esquema de funcionamiento ha cambiado en algunos aspectos. Como lo señala Samir Amin, “antiguamente había transnacionales norteamericanas y un estado norteamericano; transnacionales británicas y un estado británico; transnacionales francesas y un estado francés; transnacionales belgas –las más pequeñas– y un estado belga. Sin embargo, hoy existen simplemente transnacionales, mientras que no existe un estado que las integre”.

La asimilación entre lo político y lo económico, que caracterizó a las potencias dominantes del mercado mundial desde el surgimiento del imperialismo, vive su período de extinción histórica. Hoy ya no se puede hablar del imperialismo como proceso integrado, sino de los imperialismos; es decir, centros capitalistas transnacionales dominantes en estado de conflicto, dentro del cual los estados nacionales —aún de los países centrales— cumplen un rol subalterno.

Diseminación e instrumentos políticos

Sin embargo, no ha desaparecido la necesidad de una gestión económica común del mercado mundial por parte de las transnacionales. La diferencia con el pasado reciente es que no hay un instrumento político centralizador para llevarla a cabo. El G7 y otros intentos por el estilo no han resultado particularmente exitosos.

También en este punto, acudimos a la insuperable definición de Samir Amín: “El capitalismo está hecho de contradicciones y toda empresa capitalista se encuentra al mismo tiempo asociada pero también en conflicto con el vecino, pero esto no les impide tener intereses comunes. Están en conflicto mercantil, yo diría, en competencia permanente, pero también tienen intereses comunes y son estos intereses comunes la nueva base del imperialismo colectivo”.

De Bolívar a la UIA

Las transnacionales dominantes en nuestro subcontinente están intentando convertir al MERCOSUR en un instrumento de las características señaladas; en un integrador político regional de su gestión económica común.

En esa sintonía parece expresarse el comunicado que la Unión Industrial Argentina (UIA) —controlada por Techint— distribuyó hace unos días, en torno a la posible nacionalización de la empresa Sidor por parte del gobierno bolivariano de Venezuela.

Dicho texto “reconoce los esfuerzos que está realizando el gobierno argentino tendiente a defender el proyecto Terniun Sidor, proyecto que materializa en forma exitosa la política de integración entre la Argentina, Brasil y Venezuela”.

Pero más que integración, diríamos que “el proyecto” Terniun Sidor constituye un clásico sistema de transferencia de riquezas: se vende barato el acero a sus propias empresas en el exterior para luego importar, mucho más caro, los caños sin costura (que son fundamentales para la industria petrolera venezolana). Se trata de un “valor agregado” que se genera en el propio proceso productivo y gracias a que la empresa transnacional desarrolla las distintas etapas en distintos países.

Este es el sistema de negocios que alberga la tendencia neodesarrollista, surgida en América Latina como resultado de la crisis neoliberal. Proceso que lideran los mismos monopolios que se cobijaron en la ortodoxia monetarista o la desnacionalización del aparato productivo y que ahora, según Claudio Katz, “manteniendo aceitados vínculos con el capital financiero, promueven cursos más industrialistas para favorecer el desarrollo de las nuevas transnacionales ‘Multilatinas’ (como Slim, Odebrecht, Techint)”.
“Estas compañías —continúa Katz— lucraron con las privatizaciones, pero ahora priorizan los negocios industriales y jerarquizan el mercado regional”.

La hora de las decisiones

Tras el anuncio de la nacionalización de Sidor, Techint amenaza con encabezar un boicot a la industria petrolera estatal de Venezuela, dejando de venderle ese insumo estratégico, al tiempo que advierte a la Argentina sobre las consecuencias que tendría su retiro en el marcado laboral. Lo cual motivó una comprensible preocupación en la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica, al punto que sus dirigentes enviaron una carta al presidente Hugo Chávez abogando por la transnacional.

También la presidenta Cristina parece haber tomado cartas en el asunto, con el objetivo de salvaguardar los bienes de “una empresa argentina”.

Pero como hemos visto en estas notas, Techint no es una empresa argentina. Tener esto en claro significa, nada menos, que darle al MERCOSUR la categoría de proyecto reunificador de la Patria Grande y no de simple ampliación de los mercados laboral y de consumo a las transnacionales integradas y diversificadas; que son centros dominantes del diseminado imperialismo actual.

Por ello, dependerá de los líderes de la región saber implementar las políticas capaces de cimentar la esperanza en nuestros pueblos o mantener el actual status quo que, tarde o temprano, se revelará como una nueva decepción.

¿Techint es una empresa argentina? (Nota 1)

por Cynthia V. Lana

“Para ser protagonistas de la globalización tenemos que dar una dimensión internacional a nuestras empresas y a la cadena de valor que nos acompaña. Usted, señor Presidente, lo sabe muy bien. Y nos ayudó en muchas ocasiones con sus consejos y acciones”.

De Paolo Rocca a Néstor Kirchner.
San Nicolás 5 de setiembre de 2007


Coincidiendo con la publicación en nuestro blog de la nota de Raúl Quiroga, “Justicia para todos”, donde se señala la responsabilidad de Techint/UIA en el desmantelamiento del aparato productivo argentino a partir de 1976, se conoció la decisión del gobierno bolivariano de Venezuela de renacionalizar SIDOR.

SIDOR (Siderúrgica del Orinoco) es propiedad en un 60 por ciento del grupo Ternium, el imperio de los aceros planos controlado por Techint.

Ternium adquirió en EEUU la compañía Hydril, que tiene fuerte presencia en el golfo de México, en Brasil y en el Africa occidental. También compró en el país del norte la empresa Maverick Tube Corp. y en Mexico a Hylsamex.

Partiendo de estos datos, nos sorprende que la mayoría de los medios se refiera a Techint como “una empresa argentina” y hasta hay quien se atreve a hablar de la “burguesía nacional de Kirchner”.

Por ello, nos pareció oportuno aportar algunos datos históricos que ayuden a comprender el carácter transnacional de una empresa que, como se dice en la nota de Quiroga, fue una de las artífices de la reconversión monopolista impuesta por medio del terrorismo de Estado en 1976.

Respecto a esto último, vale la pena indicar que algunas fuentes sostienen que el 17 por ciento de los obreros metalúrgicos asesinados durante la dictadura pertenecían a Siderca, la más antigua empresa del grupo Techint en nuestro país. Asimismo, uno de los centros clandestinos de detención de la zona, el Tiro Federal de Campana, se encuentra lindante a la fábrica y hasta existe una puerta que comunica ambos lugares.

Una aberración que no desmerece, como se verá, los orígenes de la empresa.

Marca de nacimiento

La versión del emigrante italiano que hizo fortuna en la Argentina es una leyenda sobre el origen de Techint que puede encontrarse tanto en Wilkipedia como en ciertos autores y periodistas especializados. (Especializados, al parecer, en la obsecuencia).

Pero la historia es bastante distinta. Los antecedentes de Techint se remontan a la Italia de las primeras décadas del siglo. Específicamente, a la época en que la poderosa Banca Commerciale controlaba, entre otras, a la firma industrial Dalmine, donde se desempeñaba quien años después sería el fundador de Techint: Agostino Rocca.

Posteriormente, como consecuencia de la crisis del ’30, el Estado fascista funda el IRI —Istituto per la Ricostruzine Industriale— empresa estatal que toma a su cargo numerosas firmas industriales, entre ellas a Dalmine, que con el tiempo llegó a ser la productora de tubos sin costura más importante de Europa.

Ya transformado en un hombre de confianza del Duce, Rocca fue designado director del consorcio Cornigliano, clave en la logística de la guerra. Además, estaban a su cargo las empresas Finsider, Terni, Siac y Dalmine, hasta 1939, gracias a lo cual sentó una estrecha relación con empresarios alemanes.

Los buenos negocios con la Alemania nazi de las empresas Dalmine y Ansaldo hicieron que Rocca consagrara a ellas su mayor esfuerzo, al punto de renunciar a la dirección del resto de las firmas. También desde 1939 y hasta 1943, Agostino desempeñó funciones importantes en la Confindustria, la Cámara de Corporaciones Fascistas.

Al finalizar la guerra interimperialista, se organiza en Italia la empresa Compañía Técnica Internazionale (Techint) que se instala en la Argentina en 1946, mediante Techint Cía. Técnica Industrial S.A., bajo la conducción del reciclado Agostino (ahora Agustín) Rocca.

De allí en más Techint registra una acentuada expansión centrada en la producción sidero-metalúrgica y en menor medida en la construcción. En la producción siderúrgica sus empresas más importantes serán Dalmine Siderca S.A., instalada en 1949, y Propulsora Siderúrgica S.A. fundada en 1962.

Expansión posterior a 1976

La evolución de Techint S.A. constituye uno de los ejemplos de expansión más significativos, entre las empresas transnacionales diversificadas y/o integradas que lideraron la actividad industrial a partir del modelo instaurado en 1976.

Al mismo tiempo que mantiene y expande su rubro tradicional, la siderurgia, en el cual es uno de los productores principales, lo integra con la adquisición de una empresa productora de motores eléctricos. Además se asocia con otros grandes capitales extranjeros y nacionales para proveer a la instalación de centrales telefónicas.

Asimismo, da algunos pasos fundamentales para diversificar aún más su espectro productivo al incorporarse a otras áreas productivas de primordial importancia en este período: la extracción de petróleo, con extensión, además, hacia la explotación minera y de gas.

Expande otra de sus tradicionales actividades, las grandes obras de construcción e instalación, tanto privadas como para satisfacer las múltiples demandas estatales, proyectos hidroeléctricos, nucleares, de electrificación de los ferrocarriles, destilerías y de rellenos sanitarios.

En 1978 murió el patriarca de Techint y lo sucedió su hijo Roberto. El grupo ya contaba con dos plantas siderúrgicas en la Argentina (en Campana y Ensenada), actuaba en ingeniería y construcción y estaba presente en gran parte de los países de América latina.

Las nuevas firmas instaladas por Techint entre 1976 y 1983 muestran hasta qué punto esta transnacional se vio favorecida por la política económica de la dictadura cívico militar. Ellas son: las petroleras Tecpetrol SA (1979), Golfo Petrolera SA, Cañadón Piedras SA, Progreso Perforaciones Petroleras (estas tres últimas de 1981); la minera Tecminera SA (1979); Consorcio de Comunicaciones Patsa, fabricante e instaladora de centrales telefónicas (1978); Metalúrgica Metanac SA, destinada a grandes proyectos hidroeléctricos y las empresas constructoras Ingeniería Tauro SA, Mudar SA y Nuclear SA, orientada a la instalación de plantas nucleares.

Compra de SOMISA

En los años noventa, Roberto Rocca llevó adelante el proyecto de producción de aceros planos al ganar la privatización de SOMISA (Sociedad Mixta Siderurgia Argentina), durante el gobierno de Carlos Menem, y transformar a la ex empresa estatal en Siderar.

Con esta incorporación, Techint amplía colosalmente la producción de tubos de Siderca. Tal expansión le permite sumar la matriz italiana Dalmine, la mexicana Tamsa, la NKK de Japón, Algoma de Canadá, Confab de Brasil y Tavsa de Venezuela. Tal proceso condujo a la creación de Tenaris, en 2002, que fabrica hoy uno de cada tres caños petroleros que se venden en el mundo y es una de las empresas más valiosas del orbe, superando en cotización a firmas como Repsol YPF, Kodak o Amazon.

Subordinación y valor

Al morir en 2003, Roberto Rocca era uno de los 300 hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, con una fortuna cercana a los 1.600 millones de dólares.

Lo sucedió su hijo Paolo, actualmente la cara visible del holding, quien no ha dejado de ser un devoto oficialista a pesar de alguno que otro escandalete, como el Skanska-TGN, pareció enturbiar la relación con la pareja presidencial. No es nada raro, pues como veremos en la próxima nota, la subordinación del Estado argentino ha sido, desde siempre, la clave del éxito para el grupo Techint.

Fuentes:
• Muchnik, Daniel. Negocios son Negocios. Los empresarios que financiaron el ascenso de Hitler al poder. Buenos Aires, Editorial Norma, 1999.

• Azpiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo; Khavisse, Miguel. El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80. Siglo XXI Editores Argentina, 2004.

• Di Fino, Miguel; Nuñez, Ariel O. y Sadonio, Soledad. Sobre ausencias y exilios. Un ensayo histórico sobre Campana entre 1976 y 1982. Campana, Buenos Aires: 1999.

• Lozano, Claudio. La privatización de Somisa. ¿Consolidación del oligopolio privado en la producción siderúrgica?, IDEP/ATE, 1995.

• Diarios Clarín, Página 12 y La Nación.
• Revistas Forbes y Fortune